Macabra realidad Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
A los cadáveres se agregan los billones
Por crimen se pierde el 27.7% del PIB
Corrupción e impunidad registran alza
EPN, “decepcionante”, indica WOLA
“Cocoa” es relacionada con “La Tuta”
PRD abandona el “Pacto por México”
“Me decían que eran necesarios unos muertos para llegara un mundo donde no se mataría”: Albert Camus
MEXICO, D.F., 28 de noviembre.- Tal y como lo hemos señalado en diferentes ocasiones a través de estas líneas, organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW), la Oficina de Washington en América Latina (WOLA) y el Institute for Economics and Peace (IEP), destacaron esta semana que a pesar de las promesas del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, de que se apartaría de la estrategia de seguridad aplicada por Felipe Calderón, su gobierno ha mantenido en gran medida las mismas tácticas y ha producido los mismos resultados: más de 17 mil muertos en los primeros once meses de su gestión. Los costos en vidas humanas son incalculables pero los económicos superan los 4.4 billones en los últimos años, lo que representa el 27.7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, sin que exista hasta el momento ni un solo responsable de esta masacre en las esferas oficiales en donde predomina la corrupción y, con ella, el imperio de la impunidad, misma que ya se extiende en su liga con las organizaciones criminales hasta el Senado de la República al señalar uno de los principales capos michoacanos a Luisa María Calderón como beneficiaria de entregas económicas.
De acuerdo con un informe del Institute for Economics and Peace (IEP) difundido este jueves, el costo indirecto de la violencia en México ha sido conservadoramente de 333 mil millones de dólares por año, cantidad que representa casi una tercera parte del PIB nacional, por los efectos indirectos y directos de las víctimas - cifra que supera la que dio hace unas semanas la secretaria de Salud, Mercedes San Juan, que la situó entre 8 y 15% del PIB, y quien luego tuvo que recular al ser corregida por su propia oficina de prensa que redujo dichos costos a sólo 1.3% del PIB -. Las evaluaciones de IEP llevaron a México a caer al lugar número 133 entre 168 países, en los indicadores de paz en el país, lo que se refleja en los niveles de corrupción, que ubica a nuestra nación en los últimos sitios a nivel mundial, la impunidad de quienes cometen un crimen y la debilidad del sistema judicial. Y, en este renglón, habrá que citar que no hace ni 48 horas que el Ejecutivo Federal aseguró al presidente de Israel que este era un territorio de paz y armonía cuando en la opinión internacional estamos por los suelos y con señales de alarma que ya también provocaron la caída en el renglón turístico.
El estudio de este grupo alerta que la Policía mexicana registra los niveles más altos de corrupción, con más del 90 por ciento, y que otras instancias que enfrentan el crimen, las Fuerzas Armadas, han mejorado al reducir esta percepción en más de un 50 por ciento. Durante la última década, según el Indice de Paz México, que mide el grado de paz a nivel nacional y estatal, en el país se redujo 27 por ciento dicho nivel, a causa de la ola de violencia y los homicidios derivados de la estrategia de seguridad contra el Crimen Organizado que se sigue aplicando. Los Estados más violentos son Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Morelos, mientras que la entidad más pacífica es Campeche. En 2011 y 2012 se apreció una leve mejoría de la paz en México, que sin embargo se vio mermado por el 90 por ciento de impunidad que hay en la persecución de los homicidios, además de una percepción de corrupción en el sistema judicial. Una medición en estos días arrojaría muchos más elementos para asegurar que en nuestro país se tienden mantos protectores a las actividades de la mafia que han logrado penetrar hasta a las posiciones políticas y en las denuncias se tienden mantos de impunidad que en cualquier otro lugar del mundo son inconcebibles.
Durante los últimos doce años, es decir, en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón y en lo que va del de Enrique Peña Nieto, se ha deteriorado el control de la corrupción, el Estado de Derecho, la estabilidad política y la rendición de cuentas. Destaca también el hecho de la desconfianza de la población hacia sus autoridades, lo que se refleja en el elevado índice de cifra negra en la denuncia de delitos, en tanto que el tráfico ilegal de armas se triplicó durante la última década, además del detrimento de los niveles de pobreza y acceso a la educación.
El Indice de Paz México, elaborado por IEP, fue construido tomando en cuenta las tasas de homicidios, violencia, delitos con armas de fuego, financiamiento de los cuerpos policíacos y encarcelamiento, todos por cada cien mil habitantes, además de tasas de delincuencia organizada y eficiencia del sistema judicial. Los resultados corroboran las apreciaciones de otras organizaciones como la Oficina de Washington en América Latina (WOLA) y de Human Rights Watch (HRW), que destacan que en el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se han registrado muy pocos avances en materia de seguridad y derechos humanos, toda vez que se siguen cometiendo una enorme cantidad de violaciones a esas garantías, en medio de total impunidad.
A tan sólo unas horas de que HRW denunciara en una carta dirigida a Peña Nieto que el supuesto cambio de la nueva administración en estos temas ha sido únicamente “retórico”, WOLA sumó señalamientos a la gestión del priísta en los mismos términos. A través de un documento firmado por Maureen Meyer y Clay Boggs, el colectivo destacó que a pesar de las promesas del candidato presidencial Enrique Peña Nieto, los resultados de su administración en estos meses “han sido decepcionantes”, y subraya que tras una leve caída en septiembre de este año, los homicidios relacionados con la delincuencia organizada repuntaron en octubre. Apunta que “la violencia sigue siendo desenfrenada en muchas partes del país, y el secuestro y la extorsión se encuentran en niveles récord, lo cual ha provocado el surgimiento cada vez mayor de grupos de autodefensa”.
WOLA critica que el gobierno de Peña Nieto “ha mantenido en gran medida la estrategia de seguridad de su predecesor y ha producido resultados igualmente pobres”, con el Ejército desempeñando tareas de seguridad pública en medio de acusaciones de abusos y corrupción. Lamenta también que la nueva administración federal no ha depurado la lista de 26 mil víctimas de desaparecidos revelada a inicios de este año por la Secretaría de Gobernación, y su Unidad de Búsqueda de Desaparecidos no ha dado resultados tangibles y no ha concretado la reforma para acotar el Código de Justicia Militar. Asegura que se siguen cometiendo violaciones graves a derechos humanos de forma generalizada - muchas de ellas cometidas por el Ejército y la Policía Federal - y los comunicadores y los activistas de organizaciones sociales aún son víctimas de intimidaciones y ataques. Puntualiza que “las declaraciones del gobierno y las buenas intenciones aún no han resultado en acciones concretas”. El discurso del gobierno sobre los derechos humanos en el país seguirá siendo poco más que buenas palabras, hasta que haya más avances para combatir la impunidad que prevalece en México, concluyó.
Y el problema preocupa al gobierno de Peña Nieto sólo en términos de imagen pública más que en resolver las cuestiones de fondo. Ayer, en Mazatlán, Sinaloa, durante los trabajos de la XXX Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, afirmó que “no pueden seguir existiendo casos que se litiguen en instancias internacionales por falta de resultados en nuestro país ni casos de violaciones al debido proceso o de personas que son revictimizadas al momento de denunciar un delito”. Entonces ¿hacia dónde o con quién hay que buscar que se apliquen las Leyes? Porque ahora resulta que se corre el riesgo de que al inconformarse por la inseguridad y las masacres reinantes se termine siendo señalado como delincuente.
No se toma en cuenta que, solamente para muestra, en las últimas horas una Senadora fue señalada directamente por “La Tuta” de ser beneficiaria de las actividades de Los Templarios. El dirigente nacional panista, Gustavo Madero, salió en su defensa argumentando que no puede darse credibilidad a un delincuente y ¿si a quién buscó con medios nada legales, ni ortodoxos, la gubernatura de Michoacán? Porque resulta ya hasta sospechoso que doña María Luisa se aventurara a señalar que los michoacanos que se apersonaron en el inmueble senatorial eran de ese grupo y pidió la intervención inmediata de Gobernación. ¿Tan bien los conoce que pudo afirmar que los quejosos eran mafiosos? Iris Vianey Mendoza, también senadora pero perredista, está dispuesta a ir a declarar a la PGR que a ella la buscaron porque desde hace años que los conoce y siguió el procedimiento normal que se lleva para recepcionar a visitantes en el Senado.
En dicha conferencia celebrada en una de las Entidades señalada por los registros a la alza en violencia, la atención de los funcionarios federales se centró en la instrumentación del nuevo sistema penal que, subrayaron, permitirá mejorar la procuración e impartición de justicia, ya que dotará con instrumentos ágiles y eficaces la investigación de los delitos y evitará que haya casos que se litiguen en instancias internacionales, que es lo que ocupa la preocupación de la actual administración federal.
Si la ropa sucia debe lavarse en casa, antes hay que crear el ambiente de confianza que permita que sólo se registren casos aislados y liquidar la impunidad reinante. El que pudieran surgir acusaciones en contra de Peña Nieto similares a las que han enfrentado Zedillo y Calderón y que son del conocimiento mundial es su prioridad, no los ciudadanos mexicanos y la conservación de la paz, de sus vidas, de sus patrimonios.
Destacaron también el hecho de que el plazo para implementar totalmente el nuevo sistema de justicia penal concluirá en junio de 2016 y hasta la fecha sólo tres entidades lo han establecido; 17 más registran avances, por lo que “se avanza lento” en la construcción de los mecanismos. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, resaltó que “si alguna tarea es crucial para el país y verdaderamente importante para que el desarrollo pueda darse asociado a la justicia” es que las Procuradurías de justicia generen confianza en los ciudadanos, ya que “la legitimación de la confianza es una tarea central de quienes encabezan las instituciones”. En este tenor olvidaron que los esfuerzos de esas Entidades se han ido al caño al establecerse un Código Unico y que hasta ahora, nos reportan, nada se ha hecho por la formación de cuadros de policías investigadores preparados, quedando también pendiente el que puedan contar con laboratorios criminalísticos que por lo menos reciban el señalamiento de “básicos”.
PRD FUERA DEL PACTO POR MÉXICO
Las reuniones en privado entre dirigentes y legisladores del PRI y PAN para pulir el dictamen de la reforma energética que habrá de entregar a trasnacionales el control de las reservas petroleras y la explotación y comercialización de los hidrocarburos, y el hecho de que panistas y priístas sacaron el tema de la “consulta ciudadana” de la reforma política, obligó a la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que encabeza Jesús Zambrano, a anunciar su salida del “Pacto por México”. Según declaraciones del dirigente, a raíz de las negociaciones entre tricolores y blanquiazules en las que quedaron excluidos, es claro que ya no participan en ese Pacto en el que, advierten, el propio Peña Nieto aceptó y firmó que los hidrocarburos son propiedad de la Nación, por lo que hoy no se explican el cambio que lo lleva a pretender reformar la Constitución y entregar este patrimonio.
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