360 días, ¿y…? Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
Violaciones y despojos permanentes
Saqueo amarrado con letra chiquita
En auge el latrocinio de las mineras
Calderón, EEUU y “narcoguerra”
Senadores criminalizan a deudores
“Curiosamente los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han votado”. Alberto Moravia
Faltan escasos cinco días para que se cumpla un año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto y a los fracasos de su gobierno habrá que sumar la persistente violación a los derechos humanos, denunciada permanentemente por organizaciones no gubernamentales, además de su intención de llevar hasta sus últimas consecuencias el “atraco del siglo” con la aprobación de la reforma energética, que pondrá en manos de trasnacionales la riqueza petrolera del país, con las denominadas “licencias petroleras”, que tendrán la característica de no poder ser nacionalizadas en caso de que el Congreso de la Unión las apruebe, con lo que el robo del siglo no tendría marcha atrás.
De ahí la importancia de la disposición del ex candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, para aliarse con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), a pesar de que éste sigue dominado por “los chuchos”, aliados a Peña Nieto, para evitar la imposición de una reforma energética que contempla la apertura de sectores estratégicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la iniciativa privada, nacional y extranjera. El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) insistió en que se pretende aprobar dicha iniciativa el próximo 12 de diciembre, el mismo día en que hace 14 años PAN y PRI avalaron la creación del Fobaproa, “deuda eterna” que benefició a banqueros multimillonarios -los cuales fueron nuevamente favorecidos con la recién aprobada reforma financiera- y que se desconoce a ciencia cierta hasta cuándo se terminará de pagar.
Las adversas consecuencias que traería para el pueblo de México la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto se vienen agravando conforme se van conociendo los detalles del dictamen de referencia. El diputado federal del Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, advirtió –como lo publicó oportunamente POR ESTO!- que “por más sinónimos y eufemismos que le han buscado, tratan de negar lo evidente: la privatización de Pemex, y por fin han creído encontrar un término para camuflajear esta privatización soterrada de la riqueza petrolera: “licencias petroleras”, donde las empresas tendrán el dominio sobre el petróleo que extraigan para lo cual se impondrán las reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales. El legislador zacatecano señaló que “este atraco es la más grande traición que ha ocurrido en México después de que Santa Anna entregó más de la mitad del territorio nacional”.
También destacó que las “licencias petroleras” fueron impuestas por las trasnacionales porque no quieren que más adelante, con un cambio de gobierno, se les expropien sus instalaciones con artículos nacionalistas como los actuales.
Y mientras la reforma de marras se discute y negocia entre las tres principales fuerzas políticas del país, sigue el oscuro manejo de la empresa paraestatal que beneficia a intereses económicos no muy claros, pero sin duda relacionados con funcionarios de primer nivel de la gestión peñanietista. En este contexto, resulta que la PMI, filial de Pemex, firmó un contrato de inversión para la compra de un 51 por ciento de las acciones del astillero español Hijos de J. Barreras (HJB), otrora mayor fabricante de barcos del sector privado español, que no ha hecho ninguna embarcación en dos años. HJB enfrenta una deuda con sus proveedores de cerca de 15 millones de euros y una drástica reducción de su plantilla que en los últimos meses ha generado protestas laborales. ¿Por qué no mejor se invierte para reactivar astilleros mexicanos?
Muchos especialistas y dirigentes de oposición han advertido de los riesgos para el país de aprobarse la reforma energética de Peña Nieto. Algunos han insistido en que con las modificaciones constitucionales con los hidrocarburos pasará lo mismo que con los recursos mineros del país. Sobre el particular, el investigador Gian Carlo Salgado, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió que mineras extranjeras, particularmente canadienses, se han apropiado de cientos de concesiones en México para especular en las bolsas internacionales, y ganan millones de dólares sin explotar un yacimiento sólo rentabilizando las miles de hectáreas que tienen concesionadas por los próximos cien años en el territorio mexicano.
Al contemplar la indeclinable determinación del gobierno de Peña Nieto para regalar el patrimonio nacional petrolero a las trasnacionales, especialmente estadounidense, no queda más que esperar que la organización social y popular que encabezan Andrés Manuel López Obrador con el Movimiento de Regeneración Nacional y Cuauhtémoc Cárdenas al frente del PRD, junto con otras organizaciones políticas como el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano, logren frenar la aprobación de esas modificaciones que constituyen sin duda alguna una traición a México. Por eso, habremos de sumar nuestro grano de arena a ese esfuerzo de importancia fundamental para el país.
Desatadas violaciones a derechos humanos: HRW
Al iniciar estas líneas mencionábamos que otra de las grandes asignaturas pendientes de esta administración que cada día defrauda más a los ciudadanos que tuvieron la ingenuidad de votar por el candidato presidencial del PRI-PVEM como una opción de cambio político real y viable, se refiere a la violación a los derechos humanos que fue un signo característico del gobierno panista de Felipe Calderón. A casi un año de que iniciara la presente gestión federal no ha habido resultados para frenar las violaciones de derechos humanos en el país, acusó la organización Human Rights Wartch (HRW).
Por medio de una carta enviada al propio Peña Nieto, José Miguel Vivanco, director de HRW, destacó el hecho de que al asumir la Presidencia de la República de México, el mexiquense encontró a un país “sumido en una crisis de derechos humanos”, con una impunidad casi absoluta ante los “abusos generalizados”, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. A pesar de que se han tomado algunas medidas, como la promulgación de La Ley General de Víctimas, “a casi un año de gobierno, el cambio en su estrategia de derechos humanos continúa siendo, en gran medida, exclusivamente retórico”. La administración del priísta no ha mostrado avances significativos en la investigación de abusos del pasado, y se continúan produciendo nuevas violaciones graves de derechos humanos con impunidad”. Las fuerzas oficiales de seguridad siguen cometiendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas.
El gobierno de Peña Nieto ha sido incapaz de definir un plan concreto para lograr el objetivo de reducir la violencia. Por el contrario, lamenta HRW, cuando la situación de la violencia ha requerido de la intervención federal, su estrategia pareciera haber sido prácticamente indistinguible de la de su predecesor”, es decir, de la del “hijo desobediente”. Además, esta gestión “ha continuado una práctica del gobierno de Calderón que consiste en referirse despectivamente a víctimas de violencia acusándolas de delincuentes, sin ninguna evidencia que lo demuestre”.
El colectivo de derechos humanos también resaltó que a pesar de que el actual gobierno federal reconoció la existencia de una lista –elaborada por la gestión calderonista- de más de 26 mil víctimas de desaparecidos y prometió depurar esa relación, la administración actual no ha publicado una metodología para revisar la lista de personas desaparecidas, ni ha creado un registro nacional de restos humanos no identificados”, a lo que habrá que agregar que inconscientes funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) han llevado su grado de incompetencia a proponer un “borrón y cuenta nueva” e iniciar un nuevo listado de desaparecidos, lo que ocasionó la indignación de familiares de éstos que integran organizaciones como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia.
La ineptitud e incompetencia del gobierno peñanietista ha llegado al extremo de no demostrar avances significativos en la investigación de casos pasados de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en décadas anteriores. Además, no ha acotado el fuero de la justicia militar, ni ha hecho lo suficiente para evitar que periodistas y defensores de derechos humanos dejen de ser atacados. Aún no hay evidencias en el gobierno del mexiquense de que esté dispuesto a avanzar más allá de compromisos retóricos. También ha sido incapaz de adoptar medidas concretas para poner freno a los abusos generalizados que distinguieron a la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón. Dichos abusos aún persisten y continúan impunes.
Para la organización HRW, Peña Nieto tiene el tiempo suficiente aún para “revertir el curso, fomentar la justicia por los abusos del pasado y demostrar un compromiso verdadero con la prevención de nuevos hechos. Cuando más tiempo espere para abordar estos abusos, más arraigadas estarán esas prácticas y más difícil será erradicarlas”, advirtió.
Subordinación de FCH a EU
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