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Involucrados e intocables
WASHINGTON, 25 de junio (APRO/UNIVERSAL/SINEMBARGO/ EFE).- El Ejército y las Fuerzas de Seguridad de México están involucradas en la desaparición y asesinato extrajudicial de personas, concluye el informe anual del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que destaca los casos de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa (Guerrero) y los 22 civiles ejecutados en Tlatlaya (Estado de México), en 2014.
El documento elaborado por el gobierno del Presidente Barack Obama y presentado este jueves por el secretario de Estado, John Kerry, menciona la existencia de “numerosos informes en los que el gobierno o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o ilegales, a menudo con impunidad”.
“Problemas significativos relacionados con los derechos humanos incluyen a la policía y a los militares por su involucramiento en serios abusos como los asesinatos extrajudiciales, tortura, desaparición forzada de personas y abusos físicos”, enfatiza de manera contundente el reporte emitido por el gobierno del presidente Obama.
En su balance sobre la situación de los derechos humanos en México, el año pasado, el Departamento de Estado explica en 40 páginas que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto los violadores de las garantías individuales, especialmente si pertenecen a las fuerzas del Estado, prácticamente son intocables.
“La impunidad y corrupción continúa siendo un problema serio, particularmente a nivel estatal y local, en las fuerzas de seguridad y el sector judicial”, destaca.
Las conclusiones del Departamento de Estado se utilizan para que el Congreso federal estadunidense, con base en las conclusiones del reporte, determine los montos de ayuda económica que otorga anualmente a las naciones sometidas al examen sobre esta materia.
“Los grupos del crimen organizado persistieron en llevar a cabo altos niveles de secuestros y de violencia en contra de periodistas y otros, lo que limitó la libertad de expresión”, se lee en el documento.
La descalificación por parte del gobierno de Obama a la situación de los derechos humanos en México en 2014 matiza el hecho de que con Peña Nieto se ha perpetuado la falta de justicia en contra de las personas y entidades que cometen estos crímenes.
“La impunidad por los abusos de los derechos humanos continuó siendo un problema en todo el país, con tasas extremadamente bajas de procesos judiciales para todos los tipos de crímenes cometidos”, subraya el reporte. En este mismo sentido, el gobierno estadunidense indica que el público en general tiene muchas dificultadas para obtener acceso a las investigaciones sobre abusos a los derechos humanos que presuntamente realiza el gobierno mexicano.
En la misma denuncia, el Departamento de Estado anota que hasta el crimen organizado se sale con la suya por la falta de la aplicación de la ley por parte del gobierno mexicano.
“Los grupos del crimen organizado también son responsables de numerosos asesinatos, con frecuencia actuando con impunidad y en una liga con funcionarios estatales, locales y de las fuerzas de seguridad corruptos”, concluye.
Sobre el caso de Tlatlaya, el gobierno de Obama hace el recuento de lo ocurrido el 30 de junio de 2014, durante el enfrentamiento entre civiles y elementos del Ejército.
“Subsecuentemente, grupos de la sociedad civil hicieron un llamado al gobierno (federal) para que investigara el enfrentamiento en el que 22 personas sospechosas fueron asesinadas, algunas después de haberse rendido”, explica.
De esta investigación, el reporte del Departamento de Estado apunta que la Procuraduría General de la Republica (PGR) solamente acusó a tres elementos del Ejército: Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónidez.
De lo ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala con los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, sostiene que se registraron tres incidentes por separado, en los cuales la policía local y elementos del grupo criminal Guerreros Unidos atacaron a los jóvenes. El capítulo de México para el caso Ayotzinapa establece las conclusiones a las que llegó la PGR con Jesús Murillo Karam al frente de la dependencia, entre ellas la acusación contra el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, a quienes responsabilizó directamente de la desaparición de los estudiantes.
“A finales del año (2014), funcionarios del gobierno habían identificado los restos de un estudiante, los otros 42 seguían desaparecidos. El gobierno continuó con sus investigaciones”, explica el informe del Departamento de Estado.
A los elementos del Ejército, el gobierno de Obama los señala, junto a los grupos del crimen organizado, como los responsables de cientos de desapariciones de personas por todo el país, pero sin que se le dé seguimiento a estas denuncias por la persistencia de la impunidad.
El informe también comparte las conclusiones a las que llegó Juan Méndez, Relator Especial sobre la Tortura de las Naciones Unidas, quien denunció que estos delitos son consecuencia de las irregularidades que hay dentro del sistema judicial mexicano.
“Méndez destacó que la tortura de las personas usualmente ocurre horas después de que son detenidas y con frecuencia se llevan a cabo fuera de las sedes policiales y de las cárceles”, apunta el Departamento de Estado.
Aunado a la voz de denuncia de las Naciones Unidas, de organizaciones de la sociedad civil y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el gobierno de Obama enlista como serios problemas de derechos humanos en México las condiciones lamentables de las prisiones, las detenciones y arrestos arbitrarios.
Asimismo, amenazas y violencia contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas, abuso contra los migrantes, violencia doméstica, tráfico de personas, abuso contra personas discapacitadas, discriminación social y económica contra la población indígena, explotación laboral infantil, y agresiones y amenazas a la comunidad gay.
“Unilateral”, el reporte de EU sobre derechos humanos en México: SRE
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) intentó atenuar el informe sobre la situación de los derechos humanos en México que presentó hoy la cancillería estadunidense, al calificarlo como “un ejercicio unilateral”.
En respuesta, la dependencia federal llamó a “revisar las mecánicas unilaterales de revisión”.
A través de un breve comunicado, sentenció:
“No obstante que en dicho informe se reconocen esfuerzos y avances realizados por nuestro país, el gobierno de México considera que deben revisarse las mecánicas unilaterales de revisión”.
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