Ha desatado fuerzas q' no podrá controlar

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La tremenda Corte ataca de nuevo

Humberto Musacchio

Como era de esperarse, la Suprema Corte “de Justicia” falló en contra de los profesores y sus derechos. Lo hizo por supuesto en nombre del derecho mismo, pues ya se sabe que en el berenjenal que es la legislación mexicana, nunca falta un roto para un descosido, y los señores ministros pudieron emitir un fallo exactamente contrario si ése hubiera sido su interés.

Cabe hablar de interés en el caso de los once ministros porque no en balde son los funcionarios mejor pagados del país. Ganan cada uno el doble que el Presidente de la República y saben que sus lealtades deben ser hacia el personaje que ocupe tan alto cargo, pues si se portan mal, éste tiene las facultades y el poder para quitarles sus sueldazos, autos, choferes, secretarias, ayudantes, guaruras, gastos de representación, gastos sociales, comidas, vinos, viajes, vestimenta y todo lo que acompaña en México a los altos cargos.

Se dirá que son poderes independientes, pero no puede olvidarse la lealtad perruna que la Corte ha mostrado en el último siglo hacia el Ejecutivo. Los ministros saben que le deben el cargo al Presidente de la República, que es quien los propuso para percibir el dineral y los privilegios de que disfrutan. ¡Ah!, pero si se portan mal, si olvidan a quién le deben el hueso, el ocupante de la Silla puede suprimir sus cargos de un plumazo. Así ocurrió cuando Ernesto Zedillo dejó al país sin Poder Judicial por semanas, cosa que por cierto nadie echó de menos.

De este modo, si el gobierno se inclina ante los poderes fácticos representados por el ministro sin toga Claudio X. González, la “justicia” tiene que caminar por el mismo pasillo que el secretario de Educación Pública y aplastar los derechos laborales de los profesores, por cierto anteriores en tiempo a las reformas en que se basó el dictamen del ministro Fernando Franco González Salas, ponente que no puso lo que un juzgador debe poner ante las presiones políticas o económicas.

Estamos ante una nueva aberración jurídica. Para justificarse, el “argumento” central de la Corte fue que “debe prevalecer el principio del interés superior del menor y el respeto a su derecho fundamental a una educación de calidad”. En la misma lógica podríamos exigir el despido fulminante del secretario de Educación, de la gerente y los consejeros del INEE y del jefe de todos ellos para que prive el interés superior de los ciudadanos a contar con un gobierno de calidad, lo que, suponemos, es también un derecho fundamental.

O bien, en nombre del interés superior de toda persona y el respeto a su derecho fundamental a una justicia de calidad, podríamos demandar la supresión de la Corte y, ya encarrerados, de todo el sistema de impartición de justicia, que sirve para atentados como éste que priva a los profesores de derechos y que lo hace con impunidad, o casi, porque ya probó el señor secretario de Educación lo que le puede pasar a su reforma.

En su reciente comparecencia ante los legisladores, los mismos levantadedos que aprobaron irresponsablemente las modificaciones jurídicas, Emilio Chayffet ya tuvo una probadita de lo que se le viene a este gobierno por hacerla de aprendiz de brujo. Ha desatado fuerzas que no podrá controlar, como no pudo controlar ni convencer a los diputados que le reclamaron por la burda maniobra electoral de suspender la evaluación por motivos electoreros, por su intención de someter a los maestros “llueva o truene” y, otros como los panistas, por no aplastar la disidencia magisterial. En fin, que quedó mal con todos.

Ante la manifiesta hostilidad de la oposición, hubo un momento en que Chuayffet, a falta de argumentos, optó de plano por la mentira, como cuando dijo que “No se quiere someter a los maestros, sino llegar con ellos a un acuerdo para que sean mejores” (je, je). Ante los reclamos de los panistas que con el mastín Javier Lozano a la cabeza piden la sangre de los mentores, Chuayffet reprochó a los azules que no hubieran sido ellos los gendarmes que debían aplastar al profesorado contestatario. “No pusieron orden y la disidencia siguió”, dijo en una involuntaria confesión de sus convicciones autocráticas. Y por ahí se deslizó el debate, reclamándose panistas y priístas por no usar el garrote.

En fin, que no sobra repetir lo sabido: en México es urgente una reforma educativa amplia, profunda, total, pero no podrá ser eficaz si no se parte de consultar e involucrar a los profesores. ¿Es mucho pedir?