Mella PVEM imagen internacional de México
Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).– Las violaciones a la ley y las multas que le impuso la autoridad electoral al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), entre ellas la tercera más alta de la historia del país, hicieron poco para mermar el poder de este instituto político. Al menos en la elección para renovar las 300 diputaciones de mayoría relativa, el Verde, gracias a su alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ganó en 158 demarcaciones; es decir, en un 52 por ciento de los territorios en disputa el pasado domingo.
El mensaje enviado a la sociedad mexicana con este resultado, consideró la investigadora en materia de elecciones y Estado de Derecho, Sandra Ley Gutiérrez, no es sólo que violar la ley en México no tiene castigo sino que, peor aún, se le premia.
“Si yo como ciudadano veo que mi autoridad no respeta la ley, y que no hay ninguna autoridad capaz de aplicar la ley o que las sanciones realmente duelan y no sean sólo simbólicas; si puedo seguir sacando préstamos para pagar las multas, si puedo seguir participando en las contiendas y termino ganando con el partido en el poder, el mensaje es que está bien violar la ley, que no pasa nada, que no hay consecuencias”, dijo Ley, profesora visitante en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y, hasta este año, colaboradora sobre temas de México en el Woodrow Wilson Center.
La analista, que acaba también de publicar un análisis sobre el impacto de la violencia en la participación ciudadana, fue consultada luego de que, el pasado domingo, el Partido Verde cerrara la trayectoria de presuntas violaciones a la ley que cometió durante todo el proceso electoral con una campaña de tuits en su favor y difundidos desde las cuentas de varios empleados de la farándula mexicana.
La campaña en esta red social en plena veda de difusión de mensajes políticos, y para la cual un periodista deportivo dijo que le habían ofrecido dinero, ha sido considerada por diferentes analistas como abiertamente ilegal. Los partidos de oposición, incluso, han solicitado que se investigue a los involucrados por probables delitos de lavado de dinero. El experto anticorrupción y académico de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, planteó por separado que, aun cuando no se configurara este último ilícito, la urgencia de iniciar una investigación por violaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es evidente (LGIPE).
La vergüenza verde
Antes, el Verde ya había violado en repetidas ocasiones las disposiciones del Tribunal Electoral que le impedían sostener su campaña de difusión en televisión y en cines.
Ley Gutiérrez, por su parte, consideró que mientras el Verde no reciba castigo sino que, por el contrario, gane poder, sólo contribuirá a debilitar aún más el Estado de Derecho y a perpetuar el círculo vicioso de crimen e impunidad que ha impedido que México consolide una cultura de respeto a las reglas.
El Verde y sus violaciones a la Ley, en el ojo del huracán
Las constantes violaciones a la Ley electoral y las multas que le impuso la autoridad, entre ellas la tercera más alta de la historia del país, además de los reclamos postelectorales, convirtieron al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el gran protagonista de los comicios 2015.
Desde septiembre de 2014, y de cara al proceso electoral del pasado 7 de junio, este instituto político emprendió una campaña millonaria en radio y televisión. Con spots como vales de medicinas, de uniformes y eliminación de cuotas, el Verde promovió el supuesto trabajo de sus legisladores, trastocando así las reglas del juego democrático y obteniendo ventajas ilegales en la competencia electoral.
El Partido Verde Ecologista de México alegó que el origen del dinero para pagar sus millonarias campañas publicitarias fueron los recursos entregados por el Poder Legislativo para que sus diputados y senadores difundan su labor legislativa.
Pero el tamaño de las campañas y su costo aproximado en televisión, radio, medios impresos, Internet y mensajes SMS ha hecho que partidos políticos y especialistas duden que fueron financiados sólo con el presupuesto legislativo o con los ahorros del Verde, incluso han pedido abrir una investigación por lavado de dinero.
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