Deuda de injusticia
MEXICO, D.F., 31 de enero (EL UNIVERSAL).- El Estado mexicano tiene una deuda con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los familiares y las víctimas de desaparición forzada.
Desde hace cuatro años el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas recomendó a México que aprobara una Ley General sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y no lo ha hecho.
Ante su incumplimiento, representantes del Estado mexicano deberán responder mañana al ser evaluados por primera vez por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, en Ginebra, Suiza.
Familiares de víctimas y organizaciones civiles de derechos humanos consideran que de haber tenido dicha ley y el reconocimiento del referido Comité, sería otra la historia de los padres de familia en busca de sus 43 hijos normalistas de Ayotzinapa y de los otros 23 mil mexicanos que también esperan a sus seres queridos.
La Ley General incluiría, entre otros preceptos, los mecanismos de búsqueda en cada uno de los estados del país, el establecimiento de un registro nacional de personas desaparecidas, la declaración de ausencia de una persona para que los familiares puedan hacer trámites sin tener que reconocer —como sucede ahora— la muerte presunta de su pariente, asegurar la plena protección y apoyo de los familiares, garantizar la reparación integral del daño y establecer las penas para funcionarios y particulares que cometan este delito.
Agustín Lara Monroy, director del Programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), considera que es impostergable la aprobación de dicha normativa, pues las deficiencias legislativas impiden que se pueda afrontar el problema de la manera más adecuada.
Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional en México, agrega que también se requiere una reforma al Código Penal Federal pues se debe reconocer como autores a los particulares que cometen una desaparición con aquiescencia de las autoridades.
Leticia Hidalgo, representante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, señaló que las acciones realizadas por el gobierno mexicano en la materia son muy pobres comparadas con el tamaño de la tragedia humanitaria, y considera que los legisladores y el Ejecutivo federal prefieren retrasar el proceso legislativo y el reconocimiento de la competencia de dicho comité para ocultar la realidad: que el Estado es responsable por omisión de todas y cada una de las desapariciones.
En busca de los desaparecidos
La senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, confía en que esta deuda quede saldada en el periodo ordinario de sesiones que inicia este domingo.
“Lo primero que se debe hacer es buscar a los desaparecidos, saber dónde están y en ese sentido, la ley debe tener como objetivo encontrar a esas personas”.
Destacó que una ley general obligaría a los estados a cooperar en esta tarea, pues los familiares de las víctimas que tienen que recurrir a las autoridades de varias entidades para tratar de seguir la ruta de los desaparecidos se enfrentan al desinterés y la incompetencia de las mismas.
Lucía Baca tiene experiencia al respecto. Ésta mamá busca a su hijo Alejandro Alonso Moreno Baca desde el 27 de enero de 2011, un ingeniero en sistemas que salió en automóvil desde su casa en el Distrito Federal con rumbo a Laredo, Texas, donde pasaría unos días de descanso.
Debido a que ninguna de las autoridades mostró real interés en buscar a Alejandro, ella y su esposo tuvieron que hacer sus propias investigaciones hasta conseguir el dato que los llevó hasta el punto donde desapareció en Nuevo León, en el tramo de la carretera Sabinas Hidalgo-Nueva Ciudad Guerrero. Ni la procuraduría del estado ni la Procuraduría General de la República (PGR) han aportado mayor información que permita saber su paradero.
“El Estado hace protocolos, firma acuerdos, pero en la realidad las familias lo vivimos, no hay un protocolo que funcione para encontrar a nuestros seres queridos y curiosamente lo que les dijeron a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa es lo mismo que nos dicen a muchos, que ni los busquemos porque están calcinados y no vamos a encontrar nada, pero lo que no saben es que el amor nos impulsa y que por ellos no nos detendremos”, dice.
Por ello, agrega, “es muy importante esa ley porque hemos tenido que aprender a ser investigadores, abogados y hasta forenses porque le apuestan a nuestra ignorancia y al desgaste de las familias”.
De acuerdo con el senador panista Roberto Gil Zuarth —quien presentó una iniciativa de reforma constitucional el 19 de noviembre de 2014 para que el Congreso tenga la facultad de legislar en la materia— sólo 22 entidades del país han tipificado el delito de desaparición forzada y en diez el tema sigue pendiente: Baja California Sur, Estado de México, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
“Las legislaciones sobre este tema presentan normas jurídicas disímbolas que no contribuyen al combate de este delito, pues tienen punibilidades distintas y conformaciones típicas heterogéneas que provocan que esta conducta sea considerada delito en un estado y en otro no”, subraya el legislador.
La iniciativa
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