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Verdadero descaro
MEXICO, D.F., 5 de febrero (SINEMBARGO/EFE/APRO).- Virgilio Andrade Martínez, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), reconoció en declaraciones a los medios de comunicación que sí tiene una amistad con el titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y que su padre, Virgilio Andrade Palacios, fue parte del equipo de abogados que defendió a Carlos Romero Deschamps en el Pemexgate, escándalo político revelado en el sexenio de Vicente Fox Quesada, que consistió en el uso de recursos públicos para la campaña presidencial del priista Francisco Labastida.
El pasado 3 de febrero, el Presidente Enrique Peña Nieto nombró a Andrade Martínez al frente de la Función Pública y lo instruyó a investigar si hubo conflicto de interés entre empresas que fueron beneficiadas con contratos de sus gobiernos y la compra de propiedades de él y de su esposa, Angélica Rivera. “He solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de Hacienda y con un servidor”, dijo el Jefe del Ejecutivo federal en su mensaje a medios.
Sin embargo, el anunció fue cuestionado sobre todo por la relación del nuevo “zar anticorrupción” con Luis Videgaray Caso de la que dio cuenta a SinEmbargo Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien ha atestiguado esa relación añeja.“En términos políticos, Videgaray es el padrino de Andrade. Él lo propuso para la consejería en el Instituto Federal Electoral (IFE) y ya en la administración peñista, también para la titularidad de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer)”, dijo el académico.
Este vínculo con el Secretario de Hacienda así como la relación de su padre con el Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Romero Deschamps, fueron reconocidas por el propio Andrade Martínez en entrevistas que concedió a la prensa.
“Al Secretario Luis Videgaray lo conocí en febrero de 1987 en el ITAM. Es más, ni siquiera lo conocí en el ITAM, lo conocí antes, lo conocí en un programa de televisión del Canal 13 en donde asistíamos estudiantes. El Secretario Videgaray era estudiante de preparatoria y yo era estudiante del ITAM. Somos amigos. Y después tuvimos vínculos permanentes que mantenemos hasta el día de hoy”, dijo Andrade Martínez la noche de ayer a la cadena internacional CNN.
El titular de la Función Pública habló sobre su paso como profesor del Instituto Tecnológico Autonómo de México (ITAM) y el que su padre es abogado del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), gremio liderado por el senador del PRI, Carlos Romero Deschamps. Con respecto al vínculo con el líder petrolero dijo: ”Si se llega a presentar una situación específica en relación a Pemex, aclarando que Pemex ya es empresa productiva del Estado y tiene su propia contraloría, desde luego que habría el excusamiento correspondiente, de ser el caso, además depende del caso, obviamente”.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), dirigido por Carlos Romero Deschamps, aportó al PRI dinero que obtuvo de Petróleos Mexicanos, mil 500 millones de pesos. Miembros del PRI los trasladaron en efectivo contenido en bolsas al edificio del partido. Este episodio fue el primer asunto de corrupción electoral que llevó a un dirigente sindical a quedar sujeto a proceso penal. Pero su equipo de abogados, al que perteneció Virgilio Andrade logró desbaratar la denuncia que interpuso el Partido Acción Nacional en 2000. En 2011, el Juzgado 13 de distrito de procesos penales federales notificó a la Procuraduría General de la República que el delito cumplió el periodo de prescripción del delito de peculado electoral.
Cuestionado por el diario Reforma sobre este episodio, Andrade refirió: “Él es abogado, y lo ha sido desde hace mucho tiempo. Fue abogado del STUNAM durante 20 años. Fue abogado del CEU (Consejo Estudiantil Universitario), sobre todo cuando hubo situaciones complicadas en el 88″. Y agregó: ”Es abogado del sindicato de Pemex, sí”.
Sobre la cuestionada amistad con el Secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, el titular de la Función Pública dijo que ha cho tiempo, ¿eh? No solamente en la campaña. He tenido una relación cercana de hace mucho tiempo”, comentó al diario capitalino. Al ser cuestionado sobre si esto impedirá llevar a cabo la encomienda que le dio el Presidente Enrique Peña Nieto dijo que “no, porque el hecho de que tenga un cargo público con responsabilidades específicas que va a investigar una situación material específica me obliga a cumplir con la ley, con independencia de la relación personal que pueda llegar a tener”.
Aumentan críticas a Peña Nieto
“Legalmente (Peña Nieto) no es responsable (de un conflicto de intereses) y la investigación, desde ahora lo adelanto, va a decir que no hay responsabilidad”, dijo el abogado y catedrático del Tecnológico de Monterrey, Gerardo Palomar.
El mandatario anunció el martes un paquete de medidas para combatir la corrupción y garantizar la transparencia, que incluye una investigación para determinar si él, su esposa y el secretario de Hacienda incurrieron en conflicto de interés al comparar inmuebles a contratistas del Gobierno.
Peña Nieto afrontó a finales del año pasado un escándalo por la revelación de que su esposa, Angélica Rivera, había encargado a un contratista del Gobierno la construcción de una lujosa mansión en la capital mexicana. La polémica creció al conocerse que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también había adquirido una vivienda al mismo contratista, el Grupo Higa, que tuvo participación en la primera licitación para la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro.
En enero un medio estadounidense publicó que Peña Nieto compró en 2005, semanas después de haber asumido como gobernador del estado de México, una casa por 372,000 dólares al empresario Roberto San Román, quien después obtuvo millonarios contratos para realizar obras públicas. Así, el presidente encomendó a Andrade, político del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y vinculado a Peña Nieto y a Videgaray desde hace décadas, investigar y resolver si hubo conflicto de interés en los tres casos.
Según Palomar, legalmente nunca se podrá demostrar porque “no hay relación contractual ilegal o que presuponga beneficios por otorgar concesiones por parte del presidente y tampoco por parte del secretario Videgaray y mucho menos de parte de la esposa”, a quien “no hay manera de investigarla” porque no es funcionaria.
Aunque es cierto que el presidente no otorga “directamente” las concesiones, sí existe la posibilidad de influenciar a “secretarios de Estado o al personal” a su cargo “a efectos de dar una recomendación para que ciertas empresas sean preferidas sobre otras”, apuntó.
Así, aunque no se pueda demostrar legalmente el conflicto de intereses, la percepción de muchos mexicanos es que “éticamente hay varios cabos muy sueltos que dan a entender que hubo algo ilegal”.
En opinión de Irving Rosales, doctor en Economía por la Universidad Iberoamericana, fue “netamente un anuncio político para decir por parte del Gobierno: “miren, estamos haciendo algo para ser más claros y averiguar qué es lo que pasa”. Pero este nombramiento ha perdido “sentido” porque un ministro de la Función Pública “tendría que ser alguien independiente del Gobierno o que al menos no haya tenido participación ni con el equipo de Gobierno ni con el partido”, indicó. Por ello, agregó, esta decisión hace honor a una “expresión” mexicana: “hacer nuevas leyes” y nombramientos “sencillamente para que sea lo mismo”. “En la práctica dudo que realmente vaya a funcionar y que las investigaciones vayan a ir al fondo. El anuncio es por las presiones de la prensa, sobre todo la prensa internacional”, apuntó.
Para el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gerson Hernández, esta operación de maquillaje no ha funcionado. Es “un error político”, “un error estratégico”, “uno de los muchos que ha tenido esta Administración”, sentenció. La solución, dijo, es crear una Comisión Nacional Anticorrupción con miembros independientes y “dientes” para poder morder y sancionar a los funcionarios corruptos.
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