Despropósito
MEXICO, D.F., 3 de febrero (AP/SINEMBARGO/REUTERS/AFP/APRO/UNIVERSAL).- El presidente Enrique Peña Nieto solicitó el martes al órgano anticorrupción de su propio gobierno que investigue si él, la primera dama o el secretario de Hacienda incurrieron en conflicto de intereses por adquirir inmuebles a empresas que luego obtuvieron contratos públicos millonarios.
El mandatario informó que la Secretaría de la Función Pública, considerado el órgano anticorrupción del gobierno, hará la investigación y dijo que le pidió que sus resultados le sean presentados a un “panel de expertos’’ para que revisen y evalúen sus conclusiones.
“En meses pasados se hicieron diversos señalamientos sobre posibles conflictos de interés en mi gobierno’’, dijo desde la residencia presidencial.
“El presidente no otorga contratos, no adjudica compras ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones’’, señaló. “Y sin embargo soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que en realidad no ocurrió’’, añadió el presidente.
Para Gerardo Palomar, un abogado y catedrático del privado Tecnológico de Monterrey, el que sea un miembro del propio gobierno puede generar “una condicionante moral, ética’’ a esa persona, al menos por “cierta lealtad’’ hacia el presidente.
“Si yo mismo pongo al fiscal que me va a revisar, desde ahí nace el sinsentido’’, dijo Palomar a The Associated Press.
En un anuncio a la prensa en la que no permitió preguntas y nombró al nuevo secretario de la Función Pública que encabezará la indagatoria, el mandatario también anunció algunas acciones ejecutivas para combatir la corrupción y evitar cualquier posible conflicto de intereses, por ejemplo la creación de una unidad de ética y el establecimiento de nuevos protocolos que regulen el contacto entre funcionarios y particulares.
Peña Nieto dijo que entre las acciones también ha decidido hacer obligatorio que los servidores públicos, a partir de mayo, entreguen una declaración de posible conflicto de intereses, junto con el reporte de su patrimonio que ya deben dar a conocer anualmente.
“En sí mismo es un conflicto de interés en el que está involucrado el propio secretario de la Función Pública desde el momento en el que le están pidieron investigar a su jefe’’, dijo a la AP Gerardo Equivel, economista e investigador del Colegio de México.
“Eso en sí mismo involucra posiblemente una situación en la que está comprometidos el interés público con el interés privado’’.
Consideró que parece una estrategia para intentar decir que ahora sí van a hacer algo, luego de semanas de críticas porque simplemente su gobierno repetía que no había ningún conflicto y que todo había sido legal.
“Lo que el presidente quiere... es cerrar esta situación y en la medida que no hacía nada pues estaban sujetos a la crítica y en la medida que se plantea esto pienso que ellos van a decir que esta es la respuesta a esta situación’’, añadió.
El mandatario, la primera dama Angélica Rivera y el secretario de Hacienda Luis Videgaray, han sido blanco de críticas luego de que investigaciones periodísticas revelaran en los últimos meses que compraron inmuebles a empresarios que luego obtuvieron contratos para obras públicas, lo cual ha sido visto por algunos como un caso de conflicto de interés.
Peña Nieto ha sostenido que no hubo ninguna irregularidad en las adquisiciones y que él no ha incurrido en conflicto de intereses, porque no otorga contratos ni adjudica obras.
“Siempre me he conducido con imparcialidad y apego a derecho’’, aseguró el mandatario desde la residencia presidencial.
Una investigación del equipo de investigación de la periodista mexicana Carmen Aristegui divulgó hace unos meses que la primera dama adquirió una mansión en la ciudad de México al dueño de la empresa Grupo Higa, que a través de una filial ganó una licitación para construir el primer tren rápido en México.
Luego, el diario estadounidense Wall Street Journal divulgó que el secretario de Hacienda había comprado una casa al mismo dueño de Higa y algunas semanas después que el mandatario adquirió años antes una casa a otro empresario que luego también recibió contratos públicos. Ambos inmuebles se localizan en el Estado de México, vecino a la capital y el cual Peña Nieto gobernó antes de ganar la presidencia.
Virgilio Andrade Martínez, nuevo secretario de la Función Pública
El mandatario nombró a Virgilio Andrade Martínez como nuevo Secretario de la Función Pública. Andrade Martínez es hijo de Virgilio Andrade Palacios, miembro del equipo de abogados defensores del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, uno de los artífices del escándalo Pemexgate. Entre 1989 y 1990, Andrade Martínez fue asesor de Ana Paula Gerard, secretaria técnica del gabinete económico de Carlos Salinas de Gortari (ahora su segunda esposa).
Andrade ha sido titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano administrativo desconcentrado sectorizado a la Secretaría de Economía; consejero ante el Instituto Federal Electoral (IFE); director general de adjunto de Promoción de la Financiera Rural. También fue director general adjuntó de Análisis de Legislación FInanciera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; coordinador de asesores del Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Se ha desempeñado como asesor del gobierno de Puebla, el Senado y la Cámara de Diputados.
Corrupción, problema “estructural”
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