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Condenan a las autoridades mexicanas
MEXICO, D.F., 1 de febrero (SINEMBARGO).- El Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, fundado en 1968 en la memoria del ex Fiscal General de Estados Unidos, condenó “la decisión de las autoridades mexicanas de cerrar su investigación sobre la desaparición forzada de los estudiantes”, e instó a la Procuraduría General de la República (PGR) a “reabrir la investigación y enjuiciar y castigar a los responsables de estos actos atroces”.
El Centro Robert F. Kennedy es una de las más activas e influyentes organizaciones de defensa de las libertades civiles y los derechos del hombre en el mundo.
En tanto, Kerry Kennedy, presidenta del Centro, en un comunicado, declaró: “El gobierno ha fallado en investigar exhaustivamente estos crímenes horrendos, y está fallando en proteger a quienes acompañan a las víctimas”.
“Es un insulto a las familias de los desaparecidos cerrar la investigación con tantas preguntas sin respuesta, tales como el posible papel de los militares en las desapariciones o el homicidio relacionado del compañero de estudios Julio César Mondragón, además de no aclarar las inconsistencias probatorias. Mientras tanto, los que trabajan a nombre de las familias de los estudiantes lo hacen en un entorno cada vez más peligroso”.
La organización dijo que la PGR ha afirmado que todas las líneas de investigación se han seguido y agotado. “La teoría operativa de la PGR es que el ex Alcalde de Iguala y su esposa ordenaron a la policía municipal entregar los estudiantes a una banda criminal, que a su vez incineró los cuerpos de los estudiantes en un depósito de basura cerca de Cocula”.
“Sin embargo, esta teoría se basa en pruebas forenses limitadas y una dependencia excesiva en unos cuantos testimonios, que en algunos casos se contradicen. Aún no se ha esclarecido el papel de varios sospechosos claves, por ejemplo los agentes de la policía Felipe Florez Velázquez y Francisco Salgado Valladres, así como el líder de la banda criminal, Ángel Casarrubias Salgado y 11 de las 15 personas que al parecer estaban en Cocula en el momento de los hechos”.
El Centro Robert F. Kennedy agregó:
“El Gobierno no ha aclarado el estatus de la investigación sobre el rol que desempeñó la base del 27 Batallón de Infantería en Iguala con respecto a los hechos de este caso, a pesar de su proximidad al lugar del crimen y registros de teléfonos celulares que indican que un estudiante había estado en la base en el momento en cuestión. También queda sin responderse si el ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, desempeñó algún papel, a pesar de los llamamientos reiterados de las familias de los estudiantes. Estas y otras deficiencias en la investigación son particularmente preocupantes dado que la PGR ha decidido cerrar el caso”.
“De acuerdo con la PGR –continuó la organización–, se han interrogado a 380 personas, incluyendo 36 militares, y se han detenido a 99 personas. Sin embargo, a pesar de la fuerte evidencia de la participación del Estado en la comisión de los delitos, ningún funcionario estatal, ni el Alcalde y su esposa, ni las autoridades policiales u otros detenidos, han sido acusados del delito de desaparición forzada; en su lugar, sólo han sido acusados de secuestro y crimen organizado”.
“Omitir el cargo de desaparición forzada contribuye a desconocer el crimen como parte de un contexto más amplio de uso sistemático de la desaparición forzada en el país – contexto en el que se estima que más de 23 mil personas han sido desaparecidas durante los últimos ocho años – y aísla el crimen a una tragedia local”.
“El gobierno mexicano tiene la obligación jurídica de investigar todas las pistas posibles, incluyendo si la policía federal o las fuerzas militares participaron o no en estos crímenes”, expresó Santiago A. Canton, Director Ejecutivo de Robert F. Kennedy Partners for Human Rights. “México está obligado por el derecho internacional de derechos humanos a tomar todas las medidas necesarias para investigar y sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas, además de realizar una investigación efectiva para ubicar el paradero de las víctimas desaparecidas forzadamente y establecer la verdad sobre lo sucedido”.
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