¡¡Exijamos lo Imposible!!Por Esto!
Un plan refriteado
Ricardo Monreal Avila
Veamos punto por punto:
El crimen organizado no sólo infiltra a las autoridades municipales, sino a todo el Estado en sus tres órdenes de gobierno y en sus tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es lo que se conoce como el Estado-Mafia. La iniciativa de ley debe ser para castigar y prevenir la colusión de alcaldes, gobernadores, secretarios de Estado, eventualmente Presidentes de la República, legisladores, jueces y ministros de justicia, con el crimen organizado. No sólo las autoridades municipales.
2) Iniciativa para redefinir el sistema de competencias en materia penal para que los diferentes órganos de gobierno asuman sus responsabilidades.
Se supone que las reformas al Código Penal Federal promovidas al inicio del actual gobierno, a fin de homologar los diversos códigos locales, ya habían redefinido el sistema de competencias en este ámbito. Hoy nos anuncian que se va redefinir lo ya redefinido. Una de dos: o no se hizo bien la primera reforma, o simplemente se quedó corta para el tamaño del problema de inseguridad y de impunidad que vive el país.
3) Iniciativa de Reforma constitucional para Establecer de manera obligatoria las Policías Estatales únicas.
Es la iniciativa que se cansaron de promover en el sexenio anterior Felipe Calderón y Genaro García Luna, pero que el PRI les rechazó una y otra vez. Además, ya existen 26 mandos estatales únicos, donde la inseguridad no ha mejorado sustancialmente y la corrupción policiaca sigue sin grandes cambios.
4) Establecer un número telefónico de emergencias a nivel nacional, el 911.
Se trata de pasar del 066 actual, que casi nadie ubica, al peliculesco 911 que vemos en la televisión y el cine. Si el cambio va a significar que todos los servicios de emergencia se activen y funcionen con policías honestos, enfermeros eficaces y bomberos intrépidos, como pasa en las películas, pues bienvenido el 911. Pero si va a seguir igual de deficiente, limitado y abandonado a su suerte, como está ahora, de nada va a servir el cambio de número. Hay que cambiar el actual sistema de atención de emergencias, no el número de emergencias.
5) Impulsar la Clave Unica de Identidad Ciudadana.
Si esta propuesta se hiciera en el marco de una reforma del Estado, no despertaría la sospecha de que esa clave única sería de gran utilidad a los ciudadanos, para ejercer sus derechos políticos, sociales y económicos. Pero al hacerla en el contexto de un plan de seguridad, de una emergencia nacional por la inseguridad pública, no hay duda de que esta clave única le servirá más al Estado para controlar a los ciudadanos que al revés, para que los ciudadanos controlen al Estado.
Al gobierno le urge identificar y ubicar a consumidores y contribuyentes informales, así como a manifestantes descontentos y contestatarios al régimen, y qué mejor que una clave única de identidad para monitorear a los contribuyentes y a los disidentes.
6) Operativo Especial para Tierra Caliente y ampliar el despliegue de fuerzas federales en Guerrero y Michoacán.
En términos de inseguridad, el 70% del territorio nacional es Tierra Caliente. Es decir, lugares donde hay asaltos colectivos, desapariciones forzadas, extorsiones, secuestros y ejecuciones. ¿Por qué nada más Tierra Caliente, Guerrero? Operativos regionales y temporales como el anunciado ayer, fue precisamente lo que aplicó el gobierno de Felipe Calderón en todo su sexenio, con el fracaso por todos conocido. Esos operativos son un torniquete, una aspirina, pero no una solución integral y de largo plazo.
Además, un operativo especial de seguridad no se anuncia en cadena nacional y con días de anticipación. Ya parece que los grupos delincuenciales de la región se van a quedar a esperar ese operativo. Lo que va a encontrar el gobierno en esa región son víctimas, no victimarios.
7) El derecho a la justicia cotidiana.
Los juzgados de todo tipo, en todo el país, están anegados de demandas y denuncias, de las cuales sólo se atiende el 94%. Se requiere de combatir la impunidad en materia de procuración de justicia, y de esto no se dijo nada. Se convocará a una consulta nacional, a través del CIDE, para que en 90 días presente una propuesta, un nuevo diagnóstico, sobre lo que ya sabemos. Esto revela que el gobierno no sabe ni dónde está parado en materia de justicia y Estado de Derecho.
8) Agenda en materia de derechos humanos.
Al gobierno le debería dar pena anunciar esto como una prioridad. Desde hace tres años por lo menos, tanto la ONU como organizaciones internacionales de derechos humanos, por ejemplo Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han señalado las áreas de deficiencias en el gobierno mexicano y han sugerido protocolos, programas y acciones, a los cuales el gobierno de la anterior y de la actual administración, han puesto oídos sordos. Hasta ahora se anuncia un paquete de iniciativas y acciones para prevenir la tortura y las desapariciones forzadas, cuando lo que se debe combatir es la negligencia y la insensibilidad de las autoridades de todos los niveles en materia de respeto a los derechos humanos. Con este punto, el gobierno exhibe su apatía e ineficiencia.
9) Respaldo al Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley de Transparencia.
Aquí también existen diversas iniciativas y propuestas en el Congreso que, curiosamente, ha sido el PRI el que las ha bloqueado. No entendemos cómo ahora sí el PRI y su gobierno se comprometen a llevarla a buen puerto. Equivale a dejar el gallinero en manos de los coyotes.
10) Por un gobierno abierto, con los principios de rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación.
La primera acción de esta iniciativa debería ser aclarar de manera fehaciente y contundente el patrimonio de la familia presidencial, desde las casas en las Lomas hasta departamentos en el extranjero. Mientras esto no se haga, ya sea de motu proprio o a través de una fiscalía especial para este caso, cualquier iniciativa que provenga en ese sentido del gobierno federal, será hueca y falsa. El gobierno abierto empieza por las cuentas claras de sus servidores públicos.
Por último, la propuesta de impulsar un programa regional de desarrollo para los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, huele más a un plan de contrainsurgencia regional, que de desarrollo regional.
Aquí también la pregunta es, ¿por qué sólo esos tres Estados, y no también Michoacán, Tabasco y Campeche, entidades donde hay el mismo retraso económico? La respuesta parece ser, porque en Guerrero, Oaxaca y Chiapas se está incubando una insurgencia civil y popular, similar a la que hizo surgir al EZLN en 1994.
En conclusión, este plan es un refrito de lo que ya está bien frito y rebasado en materia de seguridad y justicia en el país. Es más de lo mismo que no ha funcionado.
ricardomonreala@yahoo.com.mx
Twitter: @ricardomonreala.
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