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Estudiantes, en la mira del gobierno
Sanjuana Martínez
Se han cumplido dos meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y los ciudadanos seguimos perplejos ante la ineptitud del gobierno para resolver este caso. La torpeza del gabinete peñista para tratar este asunto, no solo se ha prolongado, sino que se ha instalado en Los Pinos. ¿Por qué mantienen la agonía de los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos? ¿El gobierno está jugando al olvido y cansancio sobre Ayotzinapa?
Uno de los escenarios de la represión gubernamental se ubica en las instalaciones y cercanías de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué al gobierno le molestan tanto los estudiantes de la UNAM?… Tal vez, porque son los más libres y comprometidos socialmente con las causas más justas.
Estamos viviendo un auténtico dèjá vu de la época tenebrosa del PRI. Algo nos hace recordar Tlatelolco. Y en especial lo sucedido recientemente en territorio autónomo universitario.
Los ataques armados en la UNAM empezaron con disparos contra un profesor, luego contra alumnos por un supuesto robo de celular y ahora finalmente contra un estudiante secuestrado literalmente por policías federales vestidos de civil.
El caso Sandino Bucio Dovalí, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos regresa a las catacumbas del PRI más autoritario. Solo basta ver las imágenes de su secuestro, porque literalmente el “arresto” se convirtió en un secuestro por encima de la ley.
Este caso debe ser castigado. Necesitamos saber la identidad de los elementos de la Policía Federal ministerial que la tarde del viernes 28 de noviembre lo secuestraron de manera violenta cuando salía de Ciudad Universitaria, en las inmediaciones del metro Coplico, mientras se dirigía a su domicilio. Sus captores le dieron una “paseada” para amenazarlo con “desaparecerlo”. Allí le revisaron sus redes sociales, le preguntaron si era líder de un grupo estudiantil y le pidieron nombres de sus amigos. Este método recuerda el sistema de represión de cualquier dictadura latinoamericana de los setenta.
El joven fue liberado gracias a la presión social y la exigencia de organizaciones no gubernamentales. Pero su secuestro-detención sin ninguna orden de arresto o presentación, al más puro estilo gansteril, con el sello del típico “levantón de Estado”, no ayuda en nada a la imagen internacional de Enrique Peña Nieto en el extranjero, donde ya es considerado como un Ejecutivo indolente y represor de estudiantes.
La persecución contra los estudiantes nos deja claro que México no es un Estado de Derecho. Un país donde se arresta a sus ciudadanos con el método mafioso del secuestro, no puede ser considerado una democracia. Es más bien, un régimen que utiliza el terror para amedrentar la protesta social de los estudiantes.
En cualquier otro país, la exhibición de un secuestro así por fuerzas de seguridad del Estado, hubiera ocasionado renuncias. Aquí no pasa nada. Al contrario, Peña Nieto se burla de la población al negarse a relevar a los integrantes más ineficientes de su gabinete.
El secuestro-detención del estudiante Bucio Dovalí debe ser investigado de manera inmediata. Como de costumbre, la CNDH se concretó a hacer un tibio “llamado” a las autoridades mexicanas, para que “ajusten” su comportamiento a la ley y cumplan sus atribuciones en términos de lo que establece la Constitución mexicana. Nuevamente estamos ante un caso que seguramente quedará en la total impunidad.
No es la única torpeza cometida últimamente por el gobierno. Existe toda una estrategia para criminalizar la protesta de los jóvenes por el crimen de Estado de Ayotzinapa.
El arresto de esos 11 jóvenes luego de la manifestación del 20N es un claro ejemplo del PRI más siniestro capaz de vulnerar las garantías individuales de sus ciudadanos sin ningún recato. Primero los acusó de terroristas, luego de integrantes de organización criminal y finalmente, ante el despropósito jurídico, no tuvo más remedio que liberar a nueve de ellos.
Y por si fuera poco, el Ejército mexicano irrumpe impunemente en un recinto autónomo estudiantil en Torreón. Se trato de elementos castrenses asignados a la XI Región Militar que irrumpieron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila.
La misión de los militares, pertenecientes a las Fuerzas Armadas encargadas de ejecutar extrajudicialmente a los jóvenes de Tlatlaya, era según dijeron, identificar a estudiantes y profesores que han participado en las últimas manifestaciones de protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo a los testimonios de los estudiantes, los militares llevaban una lista con nombres de universitarios a los que buscaron por aulas y pasillos para cuestionarlos sobre su participación en las protestas.
Todos estos hechos enmarcados en una auténtica operación de Estado a nivel nacional para reprimir movimientos estudiantiles es muy grave, violenta el estado de derecho y vulnera las más elementales garantías individuales. ¿Cuánto dinero se está gastando el gobierno para espiarnos, para elaborar listas negras de subversivos? ¿Por qué el PRI involuciona a pasos agigantados?
Si el gobierno pretende controlar a través de la persecución y el miedo la inconformidad de los jóvenes y estudiantes, está en un error. La violencia del Estado es un combustible que solo generará más descontento, un descontento imparable.
Ante estos hechos, la pregunta es obligada: ¿Por qué Enrique Peña Nieto odia a los estudiantes?
(SINEMBARGO.MX)
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