Proceso
La “caravana Televisa”: dudas y omisiones
Concluyó en Nicaragua el juicio contra los 18 mexicanos que viajaban en camionetas pintadas con los colores y el logotipo de Televisa. El juez Edgard Altamirano los declaró culpables de los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y tráfico de drogas. Pero ni el juez ni la fiscalía ni los abogados de la defensa ni los propios acusados despejaron las dudas fundamentales del caso: ¿cuál es el origen de los 9.2 millones de dólares que transportaban en las camionetas? ¿Cómo se explican los rastros de cocaína encontrados en los vehículos? ¿A quién llamaron por teléfono a México desde territorio nicaragüense? ¿Para quién trabajaban en realidad?
MANAGUA.- El juez Edgard Altamirano encontró culpables a los 18 mexicanos aprehendidos en Nicaragua cuando transportaban 9.2 millones de dólares en camionetas que tenían estampados logotipos de Televisa. Los cargos: lavado de dinero, crimen organizado y tráfico internacional de estupefacientes.
Sin embargo, mientras el juez leía el fallo expresó un par de dudas:
“Esta autoridad tiene indicios fuertes y probados de que este dinero no es de total legalidad, porque viene oculto en caletas (…) Hasta el momento esta autoridad desconoce qué fin económico traían”, admitió Altamirano al referirse a los 9.2 millones de dólares en 23 maletas ocultas en compartimentos secretos en cinco de las seis camionetas.
“Utilizan el enmascaramiento de una actividad ilícita, fingiendo ser funcionarios de una empresa mexicana, una de las más grandes en Latinoamérica, y con ese engaño, con esa mampara, proceden a pasar por este país en ruta, transportando una cantidad de dinero que todavía no tiene explicación, o este judicial no encuentra ninguna explicación”, insistió el juez.
El origen y el destino de ese dinero siguen siendo una incógnita que no despejaron los 20 testigos convocados por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, quienes desfilaron en cuatro de las cinco audiencias del juicio oral y público que se inició el pasado lunes 10.
En el transcurso del juicio surgieron una serie de conjeturas razonables. La más popular de esas teorías es que el dinero se utilizaba para comprar droga en Costa Rica y trasladarla luego a México.
Según los peritos las cinco caletas (o compartimentos ocultos) tenían forma de U y medían 36 centímetros de ancho por 45 de largo. Estaban en la parte trasera de las cinco unidades, bajo las consolas de sonido. Según el informe IO-CONT231-2012, presentado como prueba documental durante la primera audiencia del juicio, en ellas se podían ocultar unos 2 mil kilos de cocaína.
Uno de los testigos, Carlos Quintana, oficial de la Policía Nacional desde hace 10 años y operario del aparato Sintrex Trace 2200 –que se usa para detectar drogas ilícitas– fue quien descubrió partículas de cocaína en las caletas de cuatro de las seis camionetas.
–De acuerdo al manejo de la máquina, ¿qué le indica la presencia positiva para cocaína en las caletas? –preguntó el fiscal auxiliar, Giscard Moraga, a Quintana.
–Lo que indica es que en algún momento se almacenó ahí, o tuvo contacto con alguna sustancia psicotrópica –respondió.
El perito policial expuso que el Sintrex Trace 2200 es un equipo adquirido por la Policía Nacional desde hace un año, que es muy preciso –“no tiene margen de error”– y se utiliza para detectar presencia de cocaína, mariguana, heroína y metanfetaminas.
En cuatro de las camionetas el equipo dio positivo en el caso de las caletas y negativo para asientos, tapizados, tableros y otras partes de los vehículos. Por lo tanto las autoridades descartaron que las partículas de cocaína fueran para consumo individual o del grupo. En su alegato final el fiscal auxiliar Moraga insinuó que el traslado de la droga pudo haberse realizado en el penúltimo viaje del grupo, entre el 6 y el 9 de junio pasados.
Sin embargo los abogados defensores rechazaron esa tesis en sus alegatos conclusivos. “No hay transporte (de estupefacientes) si no está la droga, la sustancia prohibida. Aquí ninguno de los testigos mostró ni un kilo de mariguana ni de cocaína. Es una falacia, que quedó probada en juicio, decir que el 9 de junio transportaban droga. Lo único que sí quedó demostrado es que salieron y entraron a Costa Rica en esas fechas”, dijo el coordinador del equipo de defensores, José Ramón Rojas Urroz.
Sus colegas apuntaron en otra dirección: “¿Cuáles son los ilícitos de donde proviene ese dinero? Eso no quedó demostrado”, dijo la abogada defensora Johanna Fonseca. Su colega Amy García insistió: “Ellos (la fiscalía y la Procuraduría) están obligados a demostrar si ese dinero procede de actividades ilícitas. ¿En qué momento se ha demostrado de qué actividades ilícitas proviene ese dinero?”
Mientras leía su fallo final Altamirano hizo alusión a las críticas de los abogados defensores. “La prueba del perito establece que fueron encontradas partículas de cocaína en cuatro de las seis van”, dijo y luego agregó que la norma no indica necesariamente que debe ser encontrada la droga para que exista el delito, ya que la misma también habla de preparar, ocultar, custodiar, etcétera.
“Esto lo quiero aclarar porque los defensores dijeron que había que encontrársele la droga. Estos vehículos estaban acondicionados para esto”; por tanto, los declaro culpables del tráfico de estupefacientes en la modalidad de “preparación o acondicionamiento de los medios necesarios”, indicó el juez citando la ley antidrogas.
El “Lic. Amador”
Otra de las dudas que expresó Altamirano y que no despejó el juicio oral y público es la referida a la presunta relación laboral de los 18 mexicanos con Televisa.
“La empresa Televisa no se ha comunicado ni ha comparecido informando hasta este juez si son o no son trabajadores. No ha habido ninguna comunicación ni negando ni aceptando lo que son”, dijo el titular del juzgado noveno penal de Managua durante la lectura final del fallo.
Agregó: “Esta autoridad desconoce algún tipo de trabajo (periodístico) que hayan realizado. Tampoco la defensa lo aportó para poder discernir o poder decir que realmente desde 2008 algunos de estos acusados han circulado con este enmascaramiento”.
La presunta relación de los 18 mexicanos con Televisa surgió en varias ocasiones durante el juicio oral y público, que comprendió cinco audiencias, más de 30 horas, 20 testigos y miles de hojas con pruebas documentales y periciales.
La primera vez fue cuando declaró el testigo de rostro oculto identificado únicamente como “Oficial Código Número Tres” y que corresponde al coordinador del puesto migratorio de Las Manos, compartido con Honduras, y quien los retuvo el 20 de agosto de 2012.
“Traían documentos donde contenían unidades de transmisión de Televisa, los equipos que traían y firmada por un licenciado Amador, vicepresidente de Información Internacional de esa televisora. Al momento que estaba pasando el dato (a sus superiores de Migración y Extranjería), tenía a la vista el documento donde se describe el vehículo, la placa, lo que traía y la firma y una copia para la embajada de México. Cada vehículo estaba descrito en cada documento, con el logotipo de Televisa y firmado por ese Lic. Amador”, declaró, según el acta de transcripción de la audiencia inicial en poder de Proceso.
La segunda vez es cuando declaró el testigo oculto identificado como “Oficial Código Número Uno”. Se trata de un oficial de inteligencia policial destacado en el departamento de Nueva Segovia, al cual está supeditado el puesto fronterizo de Las Manos. “Pasamos la información (del grupo) al jefe y dijo que verificaron la información; lo raro es que nadie llamaba hablando por ellos, aunque dijeron que trabajaban para la televisora”, dijo al comparecer en la audiencia inicial.
La siguiente conexión la hizo otro testigo oculto identificado como “Código Número Dos”, que corresponde a otro oficial de la Policía Nacional en Nueva Segovia, quien participó en las “entrevistas” que hicieron a cada uno de los 18 mexicanos y que se extendieron desde las 10:30 horas del 20 de agosto hasta las 4:00 horas del 21 de agosto.
“Primero ella (Raquel Alatorre Correa) al ser abordada por la policía, en el caso de mi persona, dijo en la entrevista que venía a Managua a hacer investigaciones de la empresa Televisa, a investigar instituciones del Estado; después cambió la versión diciendo que había pasado por Guatemala, Honduras, Nicaragua para investigar movimientos financieros de un ciudadano Carlos, que se había enriquecido de la noche a la mañana en México, y que por eso Televisa, a través de su director, le había encomendado a esas 18 personas investigar a esa persona”.
En la segunda audiencia del juicio oral y público, la lectura del “recibo de ocupación No. 0544” por parte del capitán Álvaro Rivas, detective de la policía, provocó un revuelo entre los defensores que trataron de impedir su lectura e incorporación como elemento probatorio.
Ese recibo, tal como quedó registrado en el acta de transcripción judicial, contiene los documentos que estaban a bordo de la camioneta placa 571-XXD, color blanco, que conducía Alfredo Mar Hernández. Entre ellos, una carpeta blanca con documentos con sellos de Televisa.
“Si ese documento debió ser ofrecido como prueba documental, no puede ser leído, no puede ser incorporado por el investigador, el que lo lea produce ilegalidad (…) Ese documento no fue propuesto como prueba documental, la prueba documental se ofrece conforme el artículo 210 CPP. Esta defensa se opone a que se continúe con la pretensión del Ministerio Público”, dijo Amy García. Igual lo hicieron los otros cuatro abogados defensores.
Finalmente Altamirano ordenó la lectura del documento, bajo protesta de los defensores que parecían querer proteger la imagen corporativa de la televisora mexicana.
Rivas leyó la carta firmada por Amador Narcia Estrada, vicepresidente de Información de Televisa, fechada el pasado 14 de agosto y dirigida a las autoridades de Nicaragua para explicarles que los equipos tenían como misión filmar diversas locaciones en el país y pedirles apoyo. También había otra carta en dos hojas con el sello de Televisa, dirigida a Aduanas de Nicaragua, en la que se describen los seis vehículos y los equipos técnicos.
En los alegatos finales, durante la audiencia final del miércoles 19, los defensores rechazaron la incorporación de esta carta de Narcia Estrada como prueba documental. “No entiendo por qué y para qué quedó incorporada. ¿Qué está probando? Más vicio e ilegalidad. Se quiere construir algo en base a la ilegalidad”, dijo Amy García y agregó: “Aquí no se discute si son o no periodistas de Televisa”.
Por su parte Mike Woo, otro de los defensores, dijo en los alegatos finales: “Aquí hubiera sido bueno que el Ministerio Público corroborara ese documento, que hubiera llamado de testigo a un funcionario de Televisa”.
La “última palabra”
El remate lo puso el teniente Jorge Isaac Pérez, de la Dirección de Auxilio Judicial y coordinador de la investigación del denominado “Caso Televisa” en la Policía Nacional. Compareció la noche del martes 18 como testigo de cierre de la fiscalía nicaragüense.
“Se le pregunta a la ciudadana qué andaba haciendo y ella dijo que su trabajo era una investigación, que debía comunicarse con sus jefes para que hablaran con Nicaragua. Dijo que llamaría a Claudio X. González (vicepresidente corporativo de Televisa); llamó varias veces. Entre preguntas y respuestas no convincentes llegamos a las 12 de la noche” del 22 de agosto, cuando fueron trasladados de Las Manos a Managua y llevados a la sede de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.
El testimonio de Pérez provocó la inmediata protesta de todos los abogados defensores.
“Me sumo a la protesta, pese a todas las nulidades, adversidades, hemos sido demasiado tolerantes; mi protesta es porque en la página 9 del intercambio se señala lo que se incorporará con el testigo, que son actas de detención, actas de reconocimientos, recibos de ocupación. Esto sería violación al debido proceso.
Pido que el fiscal interrogue al testigo conforme lo propuesto en el testimonio. Esto lo pido por lealtad procesal, transparencia”, dijo Amy García.
Altamirano dijo que quedarían registradas las protestas y pidió que el testigo, Pérez, siguiera rindiendo declaración auxiliándose de una presentación en power point. Éste declaró que al día siguiente, 23 de agosto, volvieron los 18 mexicanos a la sede de Auxilio Judicial a eso de las 10:00 de la mañana.
“La Lic. Raquel comenzó a realizar llamadas para que le enviaran un documento a las autoridades nicaragüenses que dijera que ellos trabajaban para Televisa. Ese mismo día, después de las 12, se notificó a la embajada de México que estaban los 18 ciudadanos en la DAJ Nacional. Ese día llegó carta firmada por el señor Germán (Murguía, cónsul de México); se plasma que los 18 ciudadanos no son trabajadores de Televisa. La Lic. Raquel sigue haciendo llamadas a México.
“A las 7 de la noche fue el tiempo que se esperó para que se pronunciaran las autoridades de su país; como no fue así, se puso a los 18 ciudadanos a Migración y empieza la investigación paralela por Migración y la Policía Nacional”, declaró.
Inmediatamente después empezó el registro de los vehículos y el descubrimiento de la primera caleta en la camioneta Chevrolet placas 886-XCR, conducida por Rodolfo Jiménez Camacho.
En su análisis final Altamirano trató de despejar las dudas sobre el vínculo laboral con Televisa, o la ausencia del mismo, de los 18 mexicanos de una forma casi salomónica. “Hay una negación tácita porque la empresa Televisa no se ha comunicado con esta autoridad ni ha comparecido ante este juez. Ellos en su momento alegaron que eran trabajadores de Televisa. Esta autoridad los tiene como no empleados de Televisa”.
Tras declararlos culpables Altamirano les concedió la “última palabra”, que corresponde a la oportunidad de los acusados para dirigirse al juez. Doce de ellos hicieron uso de este recurso, pero ninguno despejó las dudas sobre la procedencia del dinero, con qué fin trasladaban ocultos más de 9 millones de dólares, para quién trabajan, quiénes son sus jefes, a quién llamaron a México y si son o no empleados de Televisa.
Esas dudas razonables no lograron ser despejadas tras cinco audiencias del juicio, 20 testigos convocados por la fiscalía ni por decenas de pruebas documentales y periciales presentadas en el proceso oral y público, que desde su inicio estableció y reconoció el derecho de los acusados de “abstenerse de declarar”.
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