Proceso
Las atrocidades del calderonismo, ante la Corte de La Haya
Arturo Rodríguez García
LA GUERRA DE CALDERÓN
Hace poco más de seis años, a Humberto Moreira se le acusó de operar la maquinaria electoral del magisterio elbista a favor del candidato del PAN Felipe Calderón; como gobernador de Coahuila, osciló entre la crítica acerba y la adulación al presidente. Tras el asesinato de su hijo José Eduardo por presuntos sicarios del narco, el fugaz dirigente del PRI presentó la segunda denuncia en la Corte Penal Internacional contra el exaliado de Elba Esther Gordillo por crímenes de guerra. De esta forma, Calderón se encuentra entre dos fuegos: los señalamientos de miles de ciudadanos y el de un grupo de políticos influyentes.
Al desplegar a las Fuerzas Armadas en todo el país para combatir al narco sin seguir los mecanismos constitucionales, Felipe Calderón Hinojosa desató una guerra interna que se convirtió en eje rector de la política nacional durante su gobierno, por lo que el hoy expresidente debe ser juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI), establece Humberto Moreira Valdés en la denuncia que interpuso ante ese organismo.
Quien fue gobernador de Coahuila y dirigente nacional del PRI, añade que la inconstitucionalidad fue un escollo para que las Fuerzas Armadas combatieran a “los enemigos del Estado”, provocando abusos y violaciones a los derechos humanos, aun contra personas ajenas a los narcos y al “conflicto bélico que prevalece en el territorio nacional”.
Las consecuencias que enumera el documento tienen como fuente informes oficiales y reportes periodísticos: entre 50 mil y 150 mil muertos, al menos un millar de niños asesinados, unos 230 mil desplazados, la desaparición forzada de unas 3 mil personas, cerca de 5 mil denuncias por torturas y tratos crueles e inhumanos cometidos por militares o marinos que, además, incurrieron en desapariciones forzadas.
Entre las investigaciones periodísticas citadas en la denuncia hay varias vinculadas a Proceso: Historias de muertes y corrupción, de su fundador, Julio Scherer García; El México narco, editado por el sello Planeta y coordinado por el director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda; la edición especial del semanario titulada El sexenio de la muerte; el libro Fuego cruzado, de la reportera Marcela Turati, y varias notas publicadas en Proceso.com.mx.
La denuncia fue presentada en la oficina de la fiscal de la CPI, Fatou Bensuda, el 29 de noviembre –penúltimo día de Calderón en funciones–, de acuerdo al acuse electrónico.
El lunes 3, mediante el oficio OTP-CR-355/12, el jefe de la Unidad de Información y Elementos de Prueba, M.P. Dillon, respondió con el acuse formular, el cual indica que se analizará el caso para ver si es admisible conforme al Estatuto de Roma, que rige a la CPI.
Éste es un órgano de justicia internacional de carácter permanente, cuyo propósito es juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Tuvo su origen en la aprobación del Estatuto de Roma en 2002 y tiene sede en La Haya, Holanda.
El domingo 16, Humberto Moreira acudió al bautizo de su nieto, Eduardo Humberto Moreira, hijo de José Eduardo, asesinado por Los Zetas en Ciudad Acuña el pasado 3 de octubre.
Afuera de la parroquia del Perpetuo Socorro, en Saltillo, el exgobernador llamó a Calderón “borracho de sangre” y “desequilibrado mental”, anunció que se iría a Estados Unidos a estudiar una maestría, a “sanar el alma” y a escribir tres libros. Uno de éstos, El odio del águila, en el que describirá las “tropelías” del expresidente.
También reprobó el desempeño del gobierno coahuilense, que encabeza su hermano Rubén, en el caso del asesinato de José Eduardo y aseguró que la mayor parte de la investigación la hizo él. Y entonces reveló que interpuso la denuncia en la CPI. Se despidió: “A Felipe Calderón le digo: nos vemos en La Haya”.
La denuncia del priista es la segunda que recibe la fiscalía de la CPI contra Felipe Calderón por crímenes de guerra. Un año antes, el 25 de noviembre de 2011, por iniciativa del abogado Netzaí Sandoval y con las firmas de 25 mil personas, se presentó otra que hasta el momento no se sabe si se admitirá.
La “guerra interna”
La denuncia interpuesta por Moreira Valdés consta de 46 páginas, 15 capítulos y 121 puntos, en los que expone desde el sistema constitucional mexicano hasta los excesos cometidos por militares en la llamada guerra del narco.
Entre los aspectos constitucionales que destaca el documento están las obligaciones de las Fuerzas Armadas y su comandante supremo, el presidente de la República. Y diferencia las funciones de seguridad exterior e interior de las tareas de seguridad pública, con las cuales son incompatibles.
“La Fuerza Armada permanente sólo puede desplegarse en el territorio nacional cuando deba enfrentar invasiones provenientes de potencias extranjeras; cuando por vía de las armas existan amenazas a la paz pública; o cuando se encuentre en riesgo la seguridad interior, como consecuencia de movimientos armados”, afirma en el punto 35.
Este argumento ya ha sido utilizado por juristas y organismos defensores de derechos humanos en México: si el presidente determinó que había una amenaza interior, debió seguir los cauces constitucionales, esto es, declarar la suspensión de garantías.
Al no hacerlo y, en cambio, ordenar el despliegue militar, Calderón motivó la ilegitimidad de las operaciones militares, que se entorpecieron por la ausencia de marco legal. De esta forma la Fuerza Armada incurrió en la violación de derechos humanos de civiles “que realizan su vida normal asumiendo que disfrutan de todos sus derechos, cuando de hecho los teatros de operaciones militares restringían garantías de libre tránsito, reunión, inviolabilidad de domicilio, entre otros”.
sigue leyendo
No hay comentarios:
Publicar un comentario