La Jornada
1-D: excarcelaciones y pendientes
La inminente liberación
bajo fianza de los 13 detenidos del 1° de diciembre que aún permanecían
en prisión –Bryan Reyes fue liberado anoche y se esperaba que, de un
momento a otro, salieran los restantes– pone fin, en lo inmediato, a una
situación a todas luces injusta; es un positivo primer paso hacia la
restitución del estado de derecho en la capital de la República y
constituye una recuperación del sentido democrático, progresista y
apegado a los derechos humanos al que deben apegarse, por mandato
popular, las instituciones políticas del Distrito Federal. Sin embargo,
aún queda mucho camino por recorrer para corregir las injusticias
cometidas, lograr el pleno esclarecimiento de lo ocurrido en esa fecha e
identificar y sancionar a los verdaderos culpables de la violencia y
los destrozos, así como a los mandos y elementos policiales responsables
de los atropellos perpetrados.
Un factor a considerar es la presión política ejercida por los propietarios de los locales comerciales del Centro Histórico vandalizados el 1° de diciembre. Sin ignorar las pérdidas sufridas ni el derecho de los empresarios a la justicia, es claro que su posición fue el punto de partida para un clamor de linchamiento judicial de aquellos que fueron capturados en forma arbitraria, discrecional y aleatoria por las fuerzas policiales. Tal clamor fue minuciosamente atizado por la mayor parte de los medios informativos, especialmente los electrónicos, los cuales se encargaron de juzgar y condenar a los detenidos, sin preocuparse por informar sobre la otra cara de lo sucedido: las manifiestas provocaciones a la violencia protagonizadas por individuos aún no identificados, la brutalidad y la saña policiales y las fallas –involuntarias o no– ocurridas en la cadena de mando durante esa jornada.
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