Se gobierna sólo para algunos cuantos

¡¡Exijamos lo Imposible!!
Por Esto!

La devaluación del peso, del país, del gobierno…

A ocho días de que finalice 2014, el saldo negativo del gobierno federal de Enrique Peña Nieto es uno de los peores que se han visto para los primeros 25 meses de administración en las últimas décadas.

El país atraviesa por una crisis social que ya es vista como un riesgo por la comunidad internacional, porque el descontento ciudadano avanza mientras que el Estado cierra los ojos a los reclamos de sus gobernados.

En tanto, la violencia y la inseguridad han repuntado y también se han convertido ya en la preocupación número uno de los inversionistas nacionales y extranjeros, que mantienen frenadas sus decisiones de negocio hasta no ver la implementación de estrategias integrales y certeras por parte del gobierno para cambiar el panorama.

Además, México está sumido en una crisis económica desde los primeros meses de la actual administración, pues quienes dirigen las finanzas públicas no han podido, o no han sabido, impulsar la productividad ni tampoco lidiar con las coyunturas globales que se han presentado.

La caída de los precios del petróleo combinada con una menor producción de crudo en el país, amenaza la viabilidad de las finanzas públicas para 2015 y 2016, pues los niveles de recaudación por otras vías siguen siendo magros. A esto, el gobierno y el Congreso han respondido con una vieja estrategia del priismo que nos ha llevado a crisis catastróficas: pedir más dinero, endeudarse más, gastar a manos llenas, pero sin aplicar austeridad en el aparato burocrático ni invertir con seriedad en proyectos que generen empleos y riquezas. La prueba es que los “grandes” planes de infraestructura en el país siguen parados y a más de dos años de iniciar la administración se mantienen sólo como bocetos y bajo sospecha.

La mejora paulatina de la economía en Estados Unidos también le ha puesto presión a la mexicana. Entre los menores precios del crudo y el bienestar estadounidense, la paridad peso-dólar rebasó en los últimos días la barrera de los 15 pesos, cuando el 1 de diciembre de 2012, cuando Peña Nieto asumió la Presidencia, la cotización se situaba en 12.73 por dólar.

En el transcurso de 2014, la moneda mexicana perdió 10 por ciento de su valor frente a la divisa verde. Pero ante este escenarios, sólo el Banco de México (Banxico) ha dado la cara, pues el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, como ha venido haciendo en todos estos meses, no ha ofrecido una explicación puntual de qué es lo que realmente pasa en las finanzas mexicanas.

Por el contrario, Videgaray Caso, quien fuera nombrado como el “Ministro de Finanzas del Año” 2013, por una revista desconocida, es ahora acusado de tener una casa con valor de 7.5 millones de pesos del Grupo Higa, el consorcio propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, un empresario que fue ampliamente favorecido con contratos de miles de millones de pesos en el sexenio de Peña en el Estado de México, y que ahora, en los dos primeros años en la Presidencia ya acumula proyectos del los gobiernos federal y otros estatales por más de 40 mil millones de pesos.

Hinojosa Cantú es el mismo que ayudó a Angélica Rivera Hurtado, esposa del Presidente, a adquirir una lujosa vivienda de 86 millones de pesos en la zona de las Lomas de Chapultepec, en el Distrito Federal. También fue parte del consorcio ganador del Tren México-Querétaro, licitación que fue sorpresivamente revocada por el mandatario mexicano, luego de desatar una serie de dudas a nivel nacional e internacional por el favoritismo hacia empresarios ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al propio Jefe del Ejecutivo federal.

Todo esto: una devaluación del dólar, de la economía, de la relación de la sociedad con el gobierno federal, de las instituciones –especialmente de las de la procuración de justicia– y la de la credibilidad del Presidente y sus hombres más cercanos, han hundido la imagen del país a niveles no vistos hace ya muchas décadas.

No son pocos los retos que el Primer Mandatario y su equipo tienen si quieren enderezar el barco, pero también son pocas las esperanzas de que lo logres pues, hasta ahora, han gobernado sin voluntad política para escuchar los reclamos sociales, con estrategias en diferentes ámbitos que se les han caído a pedazos y con la sombra de la corrupción y la falta de transparencia encima.

Los cambios de planes y de funcionarios en el gobierno deben venir ya y ser efectivos, pues la devaluación en todos los sectores avanza y han convertido a México en un país más injusto para la mayoría de sus habitantes y en uno donde se gobierna sólo para algunos cuantos, anteponiendo los intereses de un puñado de políticos y empresarios, por encima de millones que ahora son una mayoría que vive marginado y, además, a merced de delincuentes: los que dirigen las instituciones y los que lideran las bandas del crimen organizado. 

(SINEMBARGO.MX)

Ahora esperar las trágicas consecuencias

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La Jornada
Cálculo trágico

Luis Linares Zapata

La confesión del asesor presidencial (Aurelio Nuño) no fue inocente al afirmar que no apreciaron la dimensión del problema que representaba el crimen organizado. Bien pudo decir que lo menospreciaron, pero no llegó a tanto su alcance visual. Lo asumieron, en su estrategia inicial, como simple asunto de imagen, manejable mediáticamente. En realidad no quisieron ver (y puede ser que, en verdad, desconocieran) su real implantación en amplísimas zonas del país. Menos aún esperaron las trágicas consecuencias que les acarrearía al explotarles en el mero rostro de modernidad que tanto se ufanaron en presentar ante cualquier auditorio.

El esfuerzo de relaciones públicas que desplegaron tras sus objetivos bien se puede decir que fue, ciertamente, meritorio. Lograron bastante de lo pretendido. Primero que todo, terminar el trabajo ansiado por el gran capital para someter a los trabajadores a un rudo tratamiento de precariedad adicional y, después, abrir inmensos campos de negocios petroleros para un grupo privilegiado. Por tan meritoria tarea recibieron una lluvia de interesados elogios desgranados en los numerosos medios de comunicación con que cuentan los grávidos centros del poder hegemónico. El protagonismo presidencial se pavoneó, lleno de contento y zalamerías, por variados escenarios del vasto teatro mundial. Parecía que la élite política dominaba, con maestría, el ambiente de los saludos, los protocolos, las fotos circunstanciadas y los salones de renombre. Hasta este punto, la tarea se hizo a pleno gusto y deleite para los actores centrales, bien lograda, puede decirse.

Pero llegó lo inesperado o, al menos, una lejana masacre que no parecía destinada a trastocar el positivo panorama dibujado desde muy arriba con premura y cuidado. No se pudo, como se trató de aparentar en un principio, de un mero accidente de triste alcance local. La dimensión del suceso dejó aflorar, de inmediato, su rostro feroz, profundo, traumático y, sobre todo, ejemplar. Cuarenta y tres mozalbetes normalistas, de bajísima extracción social y fama de revoltosos ocuparon, con sus traqueteadas humanidades, el centro del torbellino. De tan baja procedencia venían que no podrían, se pensó en un inicio, causar la inmensa llaga que dejaron abierta a la mitad misma del corazón colectivo. Y, de ahí en adelante, el agujero que cavaron en la reciente historia de los avatares nacionales no ha dejado de ocasionar penas, pasiones y desencuentros entre dos clases de mexicanos: unos, los pocos de arriba, congelados de improviso, frente a los demás, esos de airada mirada, recia postura, con millones de caras que se apelotonan abajo.

Y lo que parecía una ruta hacia el éxito se tornó, de ahí en adelante, un fangal de caminos truncos, salidas frustradas, túneles oscuros, letreros equívocos, normalidades negadas. La dimensión que de pronto apareció en el presente nacional es desconocida, dura, de prolongada trayectoria. Una pesadilla para los que esperaban aires de cambio al alcance de una reforma cualquiera, aunque llevara atada una rimbombante etiqueta de estructural. El mal tiempo cayó de repente sobre los poderes cupulares y los dejó tiritando, atosigados por el desconcierto. Los plácidos ambientes que, usualmente, quedan exentos de cualquier penuria, libres de cielos contaminados, se tornaron oscuros. Hombres y mujeres de rebuscado accionar que, con mañas mil, acostumbran rodearse de facilidades múltiples y facilones favores, para hacerse con el máximo de haberes que puedan apañarse, quedaron expuestos a la intemperie. Conciencias a las que fuertes dosis de cinismo dejan aparentemente tranquilas ahora se remueven intranquilas.

Se desempolvaron para la ocasión frases de larga data: el Ejército se irá a sus cuarteles cuando haya policías eficaces, preparadas para las tareas de control que le son propias. Los controles de confianza se llevarán a cabo en todas partes, hay recursos disponibles para ello. No se permitirán abusos como los observados, se vuelve a decir sin asomo de pena alguna. El eslabón débil es de orden municipal, se alega a la manera de una conclusión muy elaborada, la resultante de fundados estudios. Se harán 32 mandos policiacos, centralizados en los gobiernos estatales, se determinó como final. De ahora en adelante, no más hermandades del crimen con la política local. Los alcaldes quedarán blindados. Los gobernadores, de aquí en adelante, cumplirán con sus tareas y responsabilidades. No se permitirán bloqueos de carretera alguna. La violencia es una salida irracional ante cualquier problema. Y así por el estilo se desgranan las consabidas frases para levantar los monumentos virtuales que el panorama actual exige erigir ante los descreídos.

La realidad, esa densa pared, en cambio, apunta hacia un panorama de conflicto permanente, de seguir la ruta de la continuidad. La brecha entre las cúpulas decisorias y la inmensa mayoría de la angustiada sociedad se agranda hasta adquirir, ya, tamaños de abismo. La unidad en torno al presidente, solicitada con grávidas voces autoritarias, no se corresponde con tan oxidados arranques, menos atiende a sus furias y latidos. El poder establecido se ha quedado en posesión de una parcela rellena de botones de mando, pero su equipo de trabajo está incompleto, roto, y la vestimenta que llevan está raída. El orgullo de pertenecer a una generación transformadora que trabaja con el Presidente, tal como afirmó el señor Aurelio Nuño, se enrosca allá, muy lejos por cierto. No llenará, ni de cerca, los pechos de los demás millones de jóvenes mexicanos que luchan por sobrevivir. Se va formando un horizonte de discordias y desarreglos crecientes que, sin embargo, no dejará de lanzar propuestas de cambio y salida.

Han sido actos de barbarie, inaceptables

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La Jornada
Ayotzinapa: el crimen, la tragedia y el discurso

Adolfo Gilly

En la 37 reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública el 17 de diciembre pasado el presidente Enrique Peña Nieto dijo algunas significativas palabras de clausura acerca de la inseguridad y la ilegalidad generalizadas en la República. No se trató de un texto preparado y escrito de antemano sino de su respuesta a preocupaciones manifestadas en dicha reunión de funcionarios públicos de alto nivel. El texto completo.

Quiero adelantar aquí algunas reflexiones al respecto.

La sociedad mexicana "está lastimada, está conmovida, está enojada", dijo el Presidente. "Y lo está", agregó, "por hechos tan dolorosos como los ocurridos en Iguala", que "han sido actos de barbarie, inaceptables, que evidencian la debilidad de nuestras instituciones, particularmente en el orden municipal". No significa, agregó, "que no haya debilidades en otros órdenes, estatal o en el mismo orden federal. Pero sin duda es en el orden municipal donde tenemos una mayor fragilidad".

Lo que el Presidente llama "el orden municipal" forma parte del ordenamiento general de las instituciones del Estado:"nuestras instituciones" las denomina el Presidente. Si esto es así, la participación reconocida de los cuerpos policiales de Iguala en tales "actos de barbarie" confirma la configuración de esos actos como un crimen de Estado, cometido por instituciones municipales del Estado nacional. Omitió el Presidente decir que esos "actos de barbarie", por sus características, se clasifican también como un crimen de lesa humanidad bajo las figuras jurídicas de ejecución extrajudicial y desaparición forzada.

Dentro de la misma categoría entran los incontables casos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada que desde hace muchos años vienen asolando a la población nacional. Apenas en estos días la PGR acaba de confirmar la complicidad y la participación de elementos de la policía municipal de San Fernando, Tamaulipas, en las masacres impunes de migrantes en San Fernando, tanto en el caso de los 72 asesinados en agosto de 2010 como en el de otras 193 víctimas halladas en fosas comunes en abril de 2011.

Es necesario –pero no suficiente– clasificar correctamente dichos crímenes dentro del ordenamiento jurídico de la República y de los tratados internacionales que son también ley interna, si se quiere perseguir a los responsables y restablecer ley y paz en el territorio nacional. Es indispensable además informar en tiempo y forma tanto de los sucesos como de la marcha de las investigaciones, requisito no cumplido entonces en los crímenes de Tamaulipas ni ahora en los de Ayotzinapa y Tlatlaya.

Dijo después el Presidente: "Ante la debilidad de nuestras instituciones encargadas de seguridad pública han sido nuestras Fuerzas Armadas quienes han acompañado a las instituciones encargadas de la seguridad para cumplir con su deber". Confirmó así la continuación de la política de guerra interna de Felipe Calderón de tan funestos resultados. Agregó, sin embargo, que se trata de una tarea de excepción, pues esas fuerzas se ven involucradas "en lo que no debiera ser estrictamente su responsabilidad, la cual no debiera ser otra que la de la seguridad nacional, la defensa de nuestra soberanía".

Es verdad: esta última es la tarea, la función y la razón de ser jurídica y constitucional de las Fuerzas Armadas: Ejército, Marina y Aviación. Por el contrario, es conocimiento, doctrina y experiencia confirmada que su involucramiento en tareas de policía interior conduce al debilitamiento, a la desorganización y, al fin de cuentas, al enfrentamiento de dichas fuerzas con el cuerpo vivo de la nación, sus ciudadanas y ciudadanos. La historia y la experiencia de nuestro continente latinoamericano no conocen excepciones al respecto. ¿Entonces en dónde estamos y hacia dónde vamos?

Omitió el Presidente mencionar que aquellas responsabilidades: la seguridad nacional y la defensa de la soberanía están hoy severamente lesionadas por la intervención reconocida de fuerzas militares y policiales de Estados Unidos en misiones y tareas de policía en el territorio nacional.

"Y lamentablemente", agregó, "ha habido hechos aislados que han manchado a nuestras instituciones y especialmente a nuestras Fuerzas Armadas". Esta grave afirmación tiene el mérito de asumir al más alto nivel del gobierno de la República una situación que es de dominio público. Tiene sin embargo el defecto de no mencionar cuáles hechos –los nombres Tlatlaya y Ayotzinapa no se escucharon en el discurso– y sólo hablar en términos genéricos sobre una prolongada crisis de los derechos humanos a nivel nacional cuya naturaleza requiere de las autoridades circunscribir, precisar, calificar y sobre todo explicar. Enrique Peña Nieto no mencionó ni dio respuesta alguna a las documentadas investigaciones y denuncias sobre este tema de Anabel Hernández, Steve Fisher y Marcela Turati publicadas días antes, el 14 de diciembre, por la revista Proceso.

“Todo esto –prosiguió– nos debe llevar a repensar muy bien, y más bien a asumir plenamente, cada uno, su responsabilidad, porque ante lo ocurrido en Iguala […] es claro que entre la sociedad mexicana hay falta de credibilidad, hay desconfianza y hay una demanda muy clara: dónde están nuestras instituciones, las del Estado mexicano, que nos generen un clima de tranquilidad y de paz.” […] El caso de Iguala nos ha cimbrado a todos, nos ha cimbrado a las instituciones, ha cimbrado a la propia sociedad.

Es verdad. Pero a continuación circunscribió: “Será la Procuraduría General de la República quien termine de dar o de concluir la investigación que sobre este caso se lleva […]. Pero a partir de ahí, y a partir de lo que resulte en esa investigación, y de las conclusiones a las que llegue la PGR, está muy claro que México debe ser otro a partir de lo ocurrido en Iguala”.

Cuál otro, y cómo, y quién lo decide, no se dijo en el discurso.

Hasta aquí lo manifestado por el Presidente este 17 de diciembre. En su discurso empleó regularmente la expresión genérica "los sucesos de Iguala", sin precisar su índole y sus nombres: desaparición forzada y ejecución extrajudicial; sus víctimas, los 43 estudiantes desaparecidos y los seis asesinados; su pertenencia, la Normal Rural de Ayotzinapa; ni sus otras víctimas, los padres, madres y familiares, protagonistas de esta tragedia en incansable búsqueda de sus desaparecidos, pero aún así no invitados a esa reunión nacional.

Despersonalizar la tragedia, borrar su nombre y dar por cerrada la búsqueda es el primer paso para disolverla y, a ella también, desaparecerla. El respeto por los principios jurídicos y por la aplicación de la ley comienza por dar nombre preciso a los delitos y a sus víctimas para llegar a ubicar con la misma precisión a los victimarios y sus cómplices.

Ante esta retórica presidencial resulta legítimo el temor de que la PGR, la cual hasta hoy no ha informado casi nada o nada sobre la marcha real de las investigaciones mientras reconoce saber mucho más de lo que dice, se prepare para dar carpetazo al caso Ayotzinapa. El coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, confirmó que el gobierno federal suspendió las labores de búsqueda de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre (La Jornada, 21 diciembre 2014, p. 11).

El mismo centro propone la participación en esas tareas de una misión expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esa misión fue aceptada por el gobierno federal en el último punto de los 10 acuerdos firmados el 29 de octubre de 2014 por Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el secretario de Gobernación, el procurador general de la República y otros altos funcionarios federales, así como por los representantes de la comisión de las 43 familias y el Comité Estudiantil de Ayotzinapa. Hasta el día de hoy este compromiso no se ha cumplido.

El 13 de diciembre representantes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y miembros de la Comisión Civil de Búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos dieron a conocer en las páginas de La Jornada un comunicado en el cual, además de exigir justicia para los estudiantes asesinados, demandaban a las autoridades: “Mantener e intensificar la búsqueda de los desaparecidos y abrir sin limitaciones todas las líneas de investigación.

"Conforme a la norma internacional, perseguir a los responsables de los crímenes por los cargos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada. Respetar y reconocer a los familiares como sujeto legítimo, autónomo y pleno de derechos y capacidades de decisión, acción e interlocución. Abstenerse de denostar y criminalizar a defensores, abogados, peritos y mediadores que acompañan a los familiares y normalistas".

Me permito reiterar aquí las demandas de ese documento.

El discurso presidencial, así como las preocupaciones de muchos de sus adversarios, provienen del mundo de la política y los políticos. Ayotzinapa, condensación atroz de la vorágine de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad que vive esta nación mexicana, pertenece al universo primordial de la tragedia.

Mientras no demos respuesta a las voces de la tragedia: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", no será legítimo intentar disolverlas en los afanes de los políticos. Como en su tiempo escribió Pablo Neruda en El fantasma del buque de carga la desventura, "inmóvil y presente como una gran desgracia", permanecerá entre nosotros y reaparecerá vez tras vez en nuestra vida cotidiana.

Encontrado en una fosa clandestina

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Postal navideña-Helguera

La Jornada

Con reducción de porciones en alimentos

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Disfrazan precios

Los mexicanos no sólo han enfrentado una disminución en su poder de compra, también han tenido que asumir la reducción de porciones en productos alimenticios, bebidas y otros artículos de consumo diario pero al mismo costo, lo que podría considerarse un “aumento disfrazado” en precios / Esta reducción de porciones se da en un entorno en el que los consumidores deben enfrentar la pérdida en su poder adquisitivo, que de 1976 a 2014 acumula una caída de 72 por ciento

MÉXICO, D.F., 23 de diciembre (EL UNIVERSAL/EFE).- Los mexicanos no sólo han enfrentado una merma en su poder de compra, también han tenido que asumir la reducción de porciones en productos alimenticios, bebidas y otros artículos de consumo diario, pero al mismo costo, lo que podría considerarse un “aumento disfrazado” en precios. 

En las últimas tres décadas, por lo menos, el poder adquisitivo de la población se ha perdido en 72%, mientras que los kilos de frijol ahora son de 900 gramos, las bolsas de azúcar pasaron a ser de medio kilo, las pastas dentales de 150 gramos son de 132 y las bebidas de 250 mililitros, por ejemplo, son de 200 o de 150, mientras que su precio no disminuyó en la misma medida. 

“De alguna manera es un incremento de precio disfrazado”, admitió la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Lorena Martínez, quien añadió que “esto tiene que ver con la necesidad de no subir los costos de los productos, porque si los aumentan se salen de competencia; así que para mantener un producto en determinado precio reducen el contenido”. 

Para los industriales del país, la disminución en el volumen de los productos permite mantener la rentabilidad de las empresas ante el incremento de impuestos, enfrentar los costos de operación, así como las mayores erogaciones que tienen que hacer para protegerse de la inseguridad, entre otros factores, explicó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Rodrigo Alpizar. 

Esta reducción de porciones se da en un entorno en el que los consumidores mexicanos han tenido que enfrentar la pérdida en su poder adquisitivo, que de 1976 a 2014 acumula una caída de 72%, de acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. 

Además, derivado de la reforma tributaria, desde enero de 2014 se cobra el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a alimentos y bebidas “chatarra”, lo que ha propiciado que se modifiquen las porciones y empaques de alimentos y bebidas con alto contenido calórico, aseguró el presidente de la Comisión de Salud de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Raúl Riquelme Cacho. 

Expresó que la industria ha tenido que enfrentar pérdidas a causa de este gravamen, y en algunos casos la caída en ventas ha sido de entre 12% y 20%, porque además hay otros productos que también se gravaron con el IEPS, aun cuando se trata de materias primas para otros sectores, como el caso de la grenetina. 

En el norte del país, hay empresas gaseras que empezaron a ofrecer tanques de 10 kilos de gas LP en lugar del de 20 kilos, lo que tiene que ver con la necesidad de presentar productos que sean acordes a la capacidad de pago de la población, dijo la titular de la Profeco. 

En opinión del presidente de Canacintra, cuando se pone en riesgo la rentabilidad de las industrias se puede recurrir al ajuste en el volumen de las porciones, a fin de no impactar en el precio. “Se han comprimido mucho las utilidades y los costos indirectos que se incrementan por el lado de impuestos, pero también por aumentos de gasolina, energéticos en general, seguridad y costos de gestión”, expuso. 

Además, ahora las compañías necesitan un departamento jurídico más robusto para poder atender todos los requerimientos del gobierno federal, cumplimiento de normas, medidas que pide la Profeco, la Profepa, las inspecciones federales y demás instancias públicas, todo lo cual genera mayores costos, destacó el empresario. 

Riquelme Cacho afirmó que para los industriales los nuevos impuestos son gasto, además de que hay un aumento en los costos de producción que provoca que las empresas realicen cambios en empaques. Al final de cuentas, todo trae un impacto para las compañías y los consumidores. 

Sin embargo, la misma Profeco aseguró que la reducción de porciones es una práctica común. La procuradora Martínez, precisó que la ley permite modificar las porciones, lo que castiga es que la etiqueta no indique el contenido exacto del producto.

 
Empero, aseveró que hay envases que pueden resultar engañosos, porque al tener una presentación del mismo tamaño y con menor contenido inducen al error de los consumidores.

Navidad cara y con minisalario

El alza de 4.2% al salario mínimo no alcanzará para comprar ni siquiera un boleto del Sistema de Transporte Colectivo Metro en 2015; por si fuera poco, los precios al consumidor registraron un aumento 0.41% en la primera quincena de diciembre, lo cual acumuló una inflación anual de 4.19%.

“En términos nominales el aumento al salario mínimo significa 2.81 pesos, que alcanza para comprar una pieza de pan, diez tortillas o un huevo, pero insuficiente para pagar un boleto del Metro o una manzana”, dijo el bufet de abogados Sales Boyoli. 

El pasado 19 de diciembre, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) publicó los montos del salario mínimo vigentes a partir del 1 de enero de 2015, lo cual derivó en un aumento de 4.2% respecto a la cifra registrada el año previo.

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Seguirán las protestas en estos días

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Inquebrantables

Los familiares y compañeros de los 43 normalistas de Ayotzinapa, detenidos y desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, continúan su lucha en estos días de temporada navideña y ayer se manifestaron en las casetas de cobro de la Autopista del Sol / Anuncian que hoy 24 realizarán una manifestación en Chilpancingo y el 26 una en Iguala y otra en el Distrito Federal

CHILPANCINGO, Gro., diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- La toma de casetas de peaje continúa como un acto de protesta por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Este martes no fue la excepción, aunque además de los familiares de estos jóvenes, un grupo de taxistas, ajenos al movimiento, tomaron otra caseta de cobro y comenzaron a pedir recursos a los automovilistas. 

Padres de los estudiantes desaparecidos tomaron la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, en protesta para exigir el regreso de sus familiares que fueron privados de la libertad el 26 de septiembre pasado, y para recordar que sin ellos no habrá Navidad para nadie. 

Felipe de la Cruz, representante de los padres de la Normal Rural de Ayotzinapa, informó que este miércoles, con motivo del 24 de diciembre, habrá movilizaciones en Chilpancingo para que el gobierno recuerde que aún faltan 42 estudiantes por encontrar. 

Asimismo, señaló que el próximo 26, a tres meses de la desaparición forzada de los normalistas, realizarán dos manifestaciones: una en Iguala y la otra en el Distrito Federal.

 
“Queremos decirles a todos los turistas que son bienvenidos a Guerrero, que los padres de familia a pesar de que estamos con el dolor y la desesperación, nuestras movilizaciones son pacíficas”, enfatizó. 

Felipe de la Cruz señaló que el gobierno federal ha incumplido el compromiso de redoblar el esfuerzo para encontrarlos, “lo que sí nos damos cuenta es que han tapizado Guerrero con policías y militares para impedir nuestra manifestación”. 

Entrevistado en la caseta de peaje, el padre de familia indicó que en el momento en que les entreguen a sus hijos la movilización terminará. 

“Nuestro corazón sigue sangrando; no queremos que nos los entreguen en pedazos, los queremos vivos. El Estado tiene que darse cuenta de que son casi tres meses sin pista alguna; a pesar de todos los detenidos no sabemos de los normalistas”, agregó. 

- La otra “toma” 

Este martes, taxistas pertenecientes a la Coordinadora Estatal de Transportistas de Guerrero (Cetig) tomaron la caseta La Venta, en dirección a Acapulco, para pedir cooperación voluntaria a los vacacionistas, sin explicar cuál es su exigencia.

De acuerdo con trabajadores de las casetas, las personas que realizan la toma pueden recaudar hasta 100 mil pesos en un día de poca afluencia. 

El modus operandi se repitió este martes. Los taxistas llegaron a la caseta de Palo Blanco, en Chilpancingo, para comenzar con sus “labores”. 

Sin embargo ahí ya estaban protestando padres de los normalistas, junto con Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de Ayotzinapa, por lo que tuvieron que retirarse. 

Los choferes eligieron entonces la caseta de La Venta y lograron su objetivo por un par de horas. En el sentido que va a Acapulco, pedían cooperación voluntaria a los vacacionistas sin que las autoridades lo impidieran; el otro sentido lo bloquearon por completo. Un helicóptero de la Policía Federal sobrevoló el lugar, pero por tierra ninguno se hizo presente.

Escándalos de corrupción q' llegan a Peña

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Homozapping

Los enredos de Peña Nieto en 2014

Jenaro Villamil

Está a punto de culminar el año y la sensación generalizada es que culmina un sexenio. Apenas va en su tercera parte del mandato constitucional, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto ha caído en una crisis que ni sus propios colaboradores pueden negar: menos de 30 por ciento de aceptación en las encuestas; crisis política derivada de la crisis de inseguridad pública que detonó en Ayotzinapa; incumplimiento de las metas mínimas de crecimiento económico; escándalos de corrupción que llegan al primer mandatario y a su secretario de Hacienda, por mencionar algunos.

El 2014 iba a ser el lanzamiento espectacular del Mexican Moment y terminó en el hundimiento del Mexican Murder. La opinión pública nacional e internacional salió del largo ocultamiento de las narcofosas y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hace casi ya 3 meses, potenció lo que se quería ocultar.

Un gobierno y un político siempre serán recordados no por sus logros sino por su capacidad para enfrentar las crisis y los conflictos derivados de su gestión. En 2014, los enredos de Peña Nieto lo enredaron a él, a su equipo, a sus compromisos y al gobierno.

Aquí una breve lista de sus enredos más graves:

1.-Grupo Higa. Juan Armando Hinojosa Cantú.-Se convirtió en el gran compadre, amigo, compañero de jugadas de golf y, por supuesto, en el gran contratista de Peña Nieto. Pensó que todo sería como en el gobierno del Estado de México: máximos favores, en medio de un silencio mediático opresivo. Construyó hospitales, carreteras y otras grandes obras a sobreprecios sin que nada sucediera. Regaló, “donó”, financió mansiones a los funcionarios –incluyendo el departamento de las Brisas, Acapulco de Enrique Peña Nieto- sin que nadie los acusara de conflicto de interés.

Llegó la licitación del tren México-Querétaro. Llegó el escándalo de la Casa Blanca y Peña Nieto y su amigo quedaron enredados en sus intereses. Ahora, Ruiz Esparza ya anunció que Grupo Higa quedó “expulsado” de la licitación del tren de alta velocidad, pero las redes de favores y grandes contratos que llegan hasta Pemex continúan.

2.-Angélica Rivera, La Gaviota.-El guión original del gran montaje peñista indicaba que Angélica Rivera sería un romance de telenovela, una réplica a la mexicana de Jacqueline y John F. Kennedy, una especie de Evita Perón, sin excesos políticos. La Gaviota y su carisma serían la transfusión de rating que el proyecto de ascenso presidencial requería.

En menos de dos años, La Gaviota pasó de ser un superávit a un déficit de popularidad y credibilidad. La primera dama no aceptó estar tras bambalinas. Se fotografió como en los viejos tiempos de estrella de Televisa en su mansión y en Los Pinos y abrió las compuertas de la fiscalización.

El escándalo de la Casa Blanca llegó en el peor momento de la administración de Peña Nieto y la respuesta de Angélica Rivera, en un video mal hecho, contradictorio, difuso, confuso e increíble, le echó leña a la hoguera de una mansión. La historia de romance entre Peña Nieto y La Gaviota se transformó en una tragicomedia de enredos y corrupción.

3.-Televisa-Teletón.-Nunca han negado sus mutuas lealtades y acuerdos, aunque siempre rechacen que se trate de un negocio pactado ilegalmente con dinero del erario y beneficios para el monopolio de comunicación electrónica. La relación entre Peña y Televisa entró en un enredo mayúsculo este año.

Ampliamente beneficiada por la ley secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión, Televisa quiso ir por más. Como siempre. Y se enfrentó a las contradicciones del gobierno de Peña, a un diagnóstico apenas crítico de la ONU al Teletón y a la plaza pública que les reprochó su indolencia en el caso Ayotzinapa.

Blanca y en una versión tan poco creíble como rocambolesca de una primera dama que ganó como actriz lo que ni Luis Videgaray obtuvo como “cerebro financiero” del gobierno.

4.-El Ejército.-Los titulares de la Sedena y la Secretaría de Marina decidieron salir a defenderse. Tras la matanza de Tlatlaya y las sospechas de su involucramiento en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los máximos generales han salido a romper una regla no escrita entre las fuerzas armadas y el poder civil: serenidad y silencio, lealtad y mando.

El gobierno de Peña Nieto está enredado con las fuerzas armadas. El temor de un “golpe interno” está presente desde que la ejecución de 22 jóvenes en Tlatlaya exhibió a las fuerzas armadas y éstas reaccionaron no con transparencia sino con reflejos de autoincriminación.

La guerra contra el crimen organizado ha minado la fortaleza y credibilidad de muchos mandos militares, pero confunden a la institución con las sospechas e indicios que involucran a algunos. Y el gobierno de Peña Nieto poco ha podido hacer para salir de este enredo.

5.-Carlos Salinas.-Desde febrero de 2014 se especuló que la distancia “táctica” entre el ex presidente más impopular en la historia reciente y Peña Nieto se convirtió en un rompimiento real. Compromisos no cumplidos, negocios no compartidos, deslealtades y presunto favoritismo hacia el zedillismo, son reclamos del salinismo. Peña Nieto no lo menciona, no lo invita, y su equipo consideró que en menos de dos años ellos superaron el ímpetu reformador del negociador del TLCAN.

El 2014 terminó con una demostración de poder e impunidad de los Salinas. El “hermano incómodo” quedó exonerado por un sospechoso tribunal que le jugó la maniobra a la “inocente” PGR y el ex presidente revivió como analista de telecomunicaciones para deslindarse de las acusaciones sobre abusos y beneficios a Telmex-América Móvil.

Salinas no sabe y no puede jugar en la plaza pública, desde donde fue expulsado a raíz de la crisis del 94, pero es un maestro en el arte de la intriga en la élite y entre las cortes mexicanas. Peña Nieto se enredó en ambas y ahora el “Innombrable” le demostró que la impunidad es algo más que un concepto. Es el sistema.

Por corrupción, el descaro y la impunidad

¡¡Exijamos lo Imposible!!
Proceso

2014: Puras bofetadas a los mexicanos

ÁLVARO DELGADO

MÉXICO, D.F. (apro).- De punta a punta, en sus 42 semanas, la vida pública de México en el año que termina está marcada por la corrupción, el descaro y la impunidad.

Puros escupitajos del poder al rostro de los mexicanos.

Puras bofetadas a una sociedad que resiste, enfrenta y se subleva, pero que también es indolente, esquiva y hasta secuaz.

Al 2014 lo marca Ayotzinapa: El asesinato de seis personas en Iguala, la noche aciaga del 26 de septiembre, y la desaparición de los 43 normalistas, pero también la investigación bajo sospecha del procurador Jesús Murillo Karam, el encubrimiento del Ejército y la Policía Federal, las omisiones ante los nexos políticos perredistas-priistas-criminales.

Emblema del año es la corrupción inequívoca de Peña Nieto: La entrega de la mansión de Las Lomas para el gozo familiar por parte de su contratista de cabecera, Armando Hinojosa Cantú, las complicidades de todos los órganos del Estado –partidos de oposición incluidos–, de medios y periodistas, de asociaciones sociales e iglesias.

Es el año de la masacre de Tlatlaya, Estado de México, donde elementos del Ejército fusilan a 21 personas sólo porque se les da la gana y todas las autoridades, desde el gobernador Eruviel Avila y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, aplauden y encubren una masacre que luego los exhibe.

Cierra el 2014 un agravio mayúsculo a los mexicanos: El Poder Judicial, tan corrupto como el Ejecutivo y el Legislativo, absuelve a Raúl Salinas de Gortari de enriquecimiento ilícito, que es –en los hechos– la exoneración misma de Carlos Salinas, quien prepara su retorno triunfal.

Este año es el de la infamia de la privatización de todo el sector energético, el petróleo en primerísimo lugar, y el portazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a los mexicanos para que se les pudiera tomar su parecer a través de una consulta.

Este 2014 es el año en que un gobernador panista, Rafael Moreno Valle, ha quedado como asesino: Su policía mata a un niño de 13 años, él culpa a la población y queda finalmente como un falsario hambriento de sangre.

Este el año en que un grupo de diputados federales panistas organiza una bacanal en Puerto Vallarta que, más allá del escándalo por las mujeres que comercian con sexo, queda impune el uso de recursos públicos, los conflictos de interés, el tráfico de influencias y el espionaje.

Es el año en que Grupo México, de Germán Larrea –magnate salinista—derramó 40 mil metros cúbicos de veneno en un río y que le desgració la vida a miles y miles de mexicanos. Sólo por eso se supo también de otra infamia: La presa privada del gobernador Guillermo Padrés, otro gobernador panista fantoche y corrupto.

El 2014 es el año, también, en que los gobernantes perredistas Marcelo Ebrard y Miguel Angel Mancera agravian a los capitalinos: Miles de millones de pesos destinados a una obra que no funciona, la Línea 12 del Metro, y cuyos responsables principales están impunes.

Es el año de la captura del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, que no ha significado el fin de la violencia ni menos del negocio.

Este año concluye como empezó: Con Michoacán incendiado, con el comisionado Alfredo Castillo –“el virrey” de Enrique Peña Nieto– reprimiendo a las autodefensas y tomando partido por el crimen.

Este 2014, año de agravios, corrupción e impunidad desde el poder, es también de dolor por la partida de personajes entrañables: Primero, en enero, José Emilio Pacheco; luego, en abril, Gabriel García Márquez, y en diciembre Vicente Leñero…

Y faltan nueve días…

Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado

Volcán guerrerense está en plena erupción

¡¡Exijamos lo Imposible!!
La Jornada
Guerrero: el magma y el volcán

Luis Hernández Navarro

Después de realizar una asamblea, cerca de 4 mil pobladores de Ayutla de los Libres y Tecoanapa marcharon tres kilómetros por la carretera que comunica Ayutla con Cruz Grande, la cabecera del municipio de Florencio Villarreal, sede del 47 batallón de infantería. Exigieron la salida del Ejército de la región, el retiro de los retenes y el respeto al libre tránsito. Incansablemente gritaron: "¡Queremos escuelas, queremos trabajo, queremos hospitales, no militares!"

En el contingente, encabezado por los comisariados y delegados comunitarios, participaron padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, normalistas rurales, campesinos, policías comunitarios, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y del Movimiento Popular Guerrerense. Sostuvieron que la presencia militar sólo favorece la comisión de delitos, la presencia de delincuentes y la tensión entre los habitantes por el sobrevuelo constante de tres helicópteros de la Secretaría de Marina y la Policía Federal (La Jornada,18/12/14).

Antes de llegar al cuartel, soldados y policías cerraron el paso a la multitud. Le­jos de intimidarse, los habitantes de Ayutla y Tecoanapa exigieron una respuesta inmediata de las fuerzas castrenses a sus demandas. Simultáneamente, en una acción paralela efectuada a unos tres kilómetros de distancia, grupos de mujeres bloquearon la ruta a Cruz Grande y retuvieron a cerca de mil policías federales y soldados, para impedir que llegaran a encapsular a quienes protestaban cerca de las instalaciones militares.

Ante la movilización, el subsecretario de Gobernación, Luis Felipe Miranda, se comunicó vía telefónica con los dirigentes del movimiento y se comprometió a replegar a los uniformados y a entablar una mesa de diálogo con ellos.

Un día más tarde, el 18 de diciembre, los padres de los desaparecidos se plantaron frente a la sede del 27 batallón de infantería de Iguala, y exigieron que la Procuraduría General de la República (PGR) abra una línea de investigación hacia el Ejército por su omisión y participación en la tragedia del 26 y 27 de septiembre. También demandaron que se les permita entrar a los cuarteles a buscar a sus hijos y familiares.

Enardecidos, gritaron consignas contra el Ejército: "¡Asesinos, asesinos, regrésennos a nuestros hijos!", "¡Ellos los tienen, entréguennos a nuestros hijos es lo único que les pedimos!", "¡Debería darles vergüenza, pinches asesinos, corruptos, lame­botas, desgraciados!"

Según cuenta Alejandro Guerrero, un padre que logró meterse al edificio encaró a soldados que le tomaban fotografías y video con sus teléfonos: ¿Por qué dejaste morir a nuestros hijos? Contéstame, hijo de la chingada. ¿Por qué me lo dejaste morir, cabrón? ¿Quién fue, quién es tu jefe? ¿Por qué los dejaron morir? ¿Por qué no apoyaron el día 26 a los chamacos? ¿Por qué los dejaron que los golpearan y los desaparecieran?, contéstame, les dijo. Nadie respondió.

Simultáneamente, en al menos 20 municipios (de los 81 que tiene la entidad) los habitantes han desconocido a las autoridades locales, nombrado consejos populares y ocupado los edificios públicos. El 8 de diciembre, cerraron la sede estatal y varias distritales del Instituto Nacional Electoral (INE). Un día después, los padres de familia demandaron al Senado declarar formalmente la desaparición de poderes en Guerrero y emitir un punto de acuerdo mediante el cual se declare la suspensión de elecciones en la entidad por no existir condiciones para ello.

Los últimos enfrentamientos entre comunidades y fuerzas armadas y Policía Federal no son nuevos. Son parte de una cadena de choques que viene de más atrás. Durante 2013 se suscitaron varios de ellos por problemas de inseguridad pública, precisamente en los mismos municipios donde hoy se producen. De manera clara y directa, una y otra vez, comunidades y policías comunitarias han señalado que mandos del Ejército tienen vínculos con el narcotráfico. Hoy, la crispación social por la desaparición de los 43 normalistas y la complicidad gubernamental con el crimen ha reciclado este viejo encono.

Quienes explican la erupción guerrerense como resultado del radicalismo magisterial no entienden nada. Los maestros son el vehículo a través del cual se expresan las aspiraciones comunitarias de una vida mejor. En Guerrero, como en otros estados pobres con población rural e indígena significativa, los profesores funcionan como los intelectuales orgánicos de las comunidades. Su origen social, su formación, su disciplina y su organización los convierte en instrumento para canalizar demandas colectivas de sus regiones y no sólo gremiales. Eso es lo que ahora hacen.

Guerrero es un narcoestado en el que campea la más absoluta impunidad y los viejos cacicazgos se han reciclado a la sombra del crimen organizado. Es una entidad que vive en un clima de violencia e inseguridad pública permanente en el que las bandas delincuenciales actúan bajo el amparo de la fuerza pública. Es un estado con un régimen de partidos carente de representatividad, en el que los espacios abiertos por la movilización social han sido capturados por los grupos de poder local que utilizan a su conveniencia las siglas del Partido de la Revolución Democrática, y en el que una parte de los liderazgos populares han sido cooptados o eliminados violentamente.

El volcán guerrerense está en plena erupción. Lo choques en Ayutla y en Iguala con el Ejército, el nombramiento alternativo de las autoridades locales al margen de los partidos, y la exigencia misma de cancelar elecciones son expresiones del magma de la inconformidad social en la entidad producto de esta realidad. La lava del descontento popular, taponada por un desacreditado régimen de partidos con un enorme déficit de representación, busca la forma de salir por donde pueda. Y lo está haciendo, no por el lado de la confianza en las instituciones electorales, sino por la vía de la construcción desde abajo de su propio poder.

Twitter: @lhan55