¡¡Exijamos lo Imposible!!
Por Esto!
¿El antiguo régimen en telecom?
Clara Luz Alvarez *
Ni
en época de la dictadura priísta los dictámenes de la Cámara de
Diputados y del Senado eran lo que hace unos días fue el dictamen de la
iniciativa de reforma constitucional en telecomunicaciones de la
Comisión de Puntos Constitucionales presidida por el diputado Julio
César Moreno. Al menos en el antiguo régimen se esforzaban en las formas
para disfrazar el ejercicio democrático y argumentaban el por qué del
apoyo irrestricto a las iniciativas del tlatoani en turno. En esta
ocasión, Moreno ni eso, en una actitud servicial por decir lo menos. El
dictamen es una relatoría de las iniciativas presentadas y un resumen de
lo que decía la iniciativa, ¿eso es dictaminar? No. Pero lo peor no fue
eso, sino que los otros 29 diputados integrantes de todos los partidos,
no protestaron y se limitaron a decir con mayor o menor grado su
beneplácito con la reforma. ¡Lo que jamás habría imaginado es escuchar a
la izquierda en voz del diputado Fernando Zárate alabar de tal manera
la iniciativa!
¿Cómo pudo la Comisión de Puntos Constitucionales pasar por alto una
violación a la libertad de expresión en el propio artículo 6º que
proclama su respeto? Efectivamente, ¡la propuesta de reforma propone
regular contenidos cual si se tratara de un régimen dictatorial! Esto
“abre la puerta a la intolerancia y a las restricciones de la libertad
con el argumento de que se hacen por nuestro propio bien, de que un
grupo de “expertos” con su mejor ánimo y buena fe suplirán nuestras
falencias en la materia” (E. Villanueva, Proceso). Digno de llevarse con
éxito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien resolvería
que es una violación flagrante a los derechos humanos. Si se aprueba en
sus términos la reforma constitucional, México estará penosamente en
los libros de textos ilustrando cómo un país “democrático” pone la
regulación de contenidos como parte de la libertad de expresión.
Es loable el acuerdo político y la iniciativa tiene méritos en diversos
aspectos, pero ¿dejarán de debatir los diputados lo que se requiere
cambiar o votarán en bloque sin cuestionar? Veamos algunos puntos.
Acceso a las TIC. Si prospera la iniciativa, todos los mexicanos
tendríamos derecho de que el Estado mexicano estableciera “condiciones
de competencia efectiva” para acceder a las tecnologías de la
información y comunicaciones (TIC), incluyendo la banda ancha. ¿Y
nuestro derecho de acceder a la banda ancha? No existe tal a pesar de
que la exposición de motivos dice que “permitirá que … todas las
personas tengan acceso a la sociedad de la información”. Una lectura
integral de la iniciativa visualiza cómo este pretendido derecho de
acceso a las TIC es más bien un mandato para que se establezcan
políticas públicas que doten al 70% de los hogares y 85% de las PYMES
con banda ancha a “precios competitivos internacionalmente”. Entonces si
el precio es competitivo para Suecia, sería el que se dé en México a
pesar de la disparidad en ingresos de la población sueca y la mexicana.
En un país con la mayor parte de su población en pobreza, ¿lo propuesto
es un derecho a acceder a las TIC o una ilusión más?
Dominancia y prácticas monopólicas. La actual Comisión Federal de
Telecomunicaciones no debiera desaparecer para convertirse en un órgano
constitucional autónomo, pero lo que sí es positivo es que tenga
facultades para declarar a un concesionario como dominante, es decir,
como aquel que tiene tal poder en el mercado que los consumidores y sus
competidores nunca pueden contrarrestar. No es claro que el Instituto
Federal de Telecomunicaciones deba también ver los casos de prácticas
monopólicas que son temas muy distintos en los que se investigan las
acciones/omisiones para desplazar a otros competidores o dividirse el
mercado en perjuicio de los consumidores. ¿Funcionará que regule las
telecomunicaciones, determine la dominancia y también persiga las
prácticas monopólicas?
Se buscan dios@s. Cuando el Banco de México, INEGI, el Presidente Peña
Nieto y el Senado abran la convocatoria para l@s futur@s comisionad@s,
incluirán que deben ser dioses o diosas, porque la iniciativa asume que
jamás se equivocarán, ni cometerán arbitrariedades y por eso los
gobernados nunca tendrán derecho a la suspensión del Poder Judicial
Federal. ¿No existen las divinidades? ¡Qué pena que nunca se integren el
Iftel y la nueva Cofeco! O la alternativa es que el Congreso de la
Unión evite coartar de manera excesiva el acceso a la justicia y sólo
prohiba el otorgamiento de la suspensión cuando sean actos relativos a
interconexión, dominancia y bienes de la Nación, ¿rectificará el
Congreso o aprobará sin reserva al viejo estilo?
*claraluzalvarez@gmail.com
telecomysociedad.blogspot.com
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