Estado de los ESTADOS
Por Lilia ArellanoAutoritarismo
Subirán energéticos, advierte Peña Nieto
Afectarán inflación y el poder adquisitivo
Abrirán sectores energéticos a empresarios
Cancelarán subsidios; serán sólo focalizados
Suben el gas, otra vez; 20 kilos a $242.16
Gobernadores respaldan a EPN contra EEG
Relevo en el SNTE; va la reforma educativa
“Gobernar siempre quiere decir hacer descontentos”.- Anatole France.
La reforma laboral se impuso, canceló históricas conquistas de los trabajadores y nadie se opuso; la reforma educativa fue impuesta a través del Pacto por México y quien se opuso fue encarcelada; ahora impondrán la reforma energética y nadie se opondrá, a pesar de que implicará un considerable aumento a los combustibles y la apertura del sector a más participación de la iniciativa privada, con los consecuentes impactos en los ingresos de la Federación, lo que empujará al aumento de impuestos. La concentración del poder presidencial no tiene enfrente oposición. Los partidos presuntamente opositores, PAN y PRD, se han sumido en el Pacto por México y comprometido a cumplir sus postulados; sólo Morena y Andrés Manuel López Obrador podrían representar una oposición significativa al proyecto neoliberalista de Enrique Peña Nieto, quien sigue la escuela de Carlos Salinas de Gortari y se encamina a encabezar una neodictadura perfecta en México.
Lejos ya de los tiempos electorales para definir la Presidencia de la República y olvidadas las promesas de campaña, este jueves, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que se registrará una alza gradual y sostenida a los precios de los energéticos, sin mencionar los negativos efectos inflacionarios y en el poder adquisitivo de los trabajadores, particularmente la clase media, que será duramente golpeada. Anunció nuevos esquemas para abrir a la inversión privada más ramas del sector energético, sin señalar el impacto que esta medida tendrá en la recaudación anual. Advirtió que los subsidios generales, en materia energética, serán cancelados y sólo se aplicarán de manera focalizada a población de escasos recursos, sin que los mecanismos para esto se hayan precisado.
Todo esto está incluido en la Estrategia Nacional de Energía para los próximos quince años, que el titular del Ejecutivo Federal envió al Senado de la República para que sea ratificada por el Congreso de la Unión. Una estrategia similar ya le había sido enviada al Congreso por primera vez en 2010. El Congreso la ratificó en tiempo, pero realizó diversas observaciones que debían ser atendidas por el Ejecutivo, el cual respondió a las mismas en septiembre del mismo año. No obstante, en el documento correspondiente a 2011, las observaciones del Congreso no fueron consideradas, por lo que la Comisión de Energía del Senado decidió no emitir dictamen, sino hasta realizar un encuentro con el Ejecutivo para discutir el tema. El documento no fue emitido en 2011 y tampoco en la revisión de la Estrategia en 2012.
Hasta ahora, en febrero de 2013, el Presidente de la República solicita la ratificación de su plan energético, tal y como lo establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El Congreso tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para ratificar o rechazar en su totalidad la propuesta de Enrique Peña Nieto, en materia de energía, para el periodo 2013-2027. Al no haber oposición real en el Congreso, se espera la ratificación del documento que no incluye una reforma energética, aunque se ha manejado que ésta sea presentada en el segundo semestre de este año. Tal y como se encuentra el contexto político y legislativo, todo parece indicar que será aprobada en los términos que señale el gobierno federal, pues no existe oposición real ni en el Senado de la República ni en la Cámara de Diputados.
Aún sin la aprobación de la reforma energética y menos aún sin una indispensable reforma fiscal que le dé sustento, nada parece impedir que se apliquen las acciones de la estrategia energética que está proponiendo el presidente Enrique Peña Nieto y que, presuntamente, pretende “el crecimiento económico, disminuir la intensidad energética, mantener un superávit, lograr un desarrollo incluyente, apoyar a la población menos favorecida y consolidar la infraestructura energética”. También intenta “garantizar la integridad, incrementar la eficiencia de las instalaciones energéticas, avanzar a una transición de tecnologías limpias, y reducir la huella ecológica del sector mitigando su impacto en el medio ambiente”. Todo esto en el papel, que aguanta todo. La realidad es muy distinta.
Como siempre, la enunciación de los objetivos a perseguirse no son rebatibles, pero sí lo son los métodos para presuntamente alcanzarlos, en los que destacan la aplicación de nuevos esquemas para maximizar la inversión privada en algunas ramas. También sobresale la intención de alternar el uso de energías fósiles con el uso de gas natural, para lo cual se impulsará la participación de la iniciativa privada en el desarrollo de la nueva infraestructura de transporte de gas natural por ductos. De hecho, se llevará a cabo la promoción de una “amplia participación del sector privado en el suministro de energía, en las áreas que permita la regulación vigente”.
También sobresale la intención de eliminar los subsidios que aún existen en energéticos, como las gasolinas. Peña Nieto propuso a los legisladores “revisar y modificar, en lo pertinente, la metodología actual de fijación del precio público, de tal manera que genere una dinámica de bienestar en todo el país, a partir de apoyos técnicos y focalizados en la población de escasos recursos”. Asimismo, plantea adecuar el marco regulatorio para generar incentivos que permitan expandir, respaldar e incrementar la capacidad de almacenamiento y el gas de respaldo que debe conservarse para situaciones de contingencia.
La propuesta gubernamental destaca que se requiere promover esquemas y precios, que reflejen las condiciones reales de oferta y demanda, para que las señales económicas, derivadas de ello, incentiven un uso óptimo del gas y generen condiciones equitativas para todos los participantes. Señala que se optimizarán las futuras centrales de generación eléctrica con gas natural, tomando en cuenta las zonas con disponibilidad de gasoductos.
Las preocupaciones de la nueva propuesta de Estrategia Nacional de Energía se centran en los efectos negativos que provoca el hecho de que las empresas paraestatales –Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad- absorban parte del costo de los combustibles y electricidad que se venden a la población. El titular del Ejecutivo advierte que “es inevitable que el costo final de la energía pueda incrementarse para el consumidor”, y propone que la población pueda hacer frente a una eventual alza de energéticos a través de “subsidios focalizados”, es decir, sólo para algunos sectores. También sugiere, a los usuarios que adquieran equipos, que les permitan reducir sus consumos de energía.
Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, fue el encargado de reunirse con los senadores del PRD para “ablandarlos” y evitar que se opongan a la propuesta de la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, que precisa –y aquí está el meollo del negocio privado— que se espera un importante incremento en la demanda de energía debido a factores como el crecimiento poblacional, que se estima cercano a un millón de habitantes al año. Esa población irá formando más ciudades, por lo tanto se demandarán más servicios, particularmente de energía eléctrica y gas, y las actuales intensificarán su crecimiento. También se espera un importante aumento del parque vehicular, lo que presionará la demanda de gasolina y diesel para el transporte, y repercutirá en un crecimiento de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera por el uso de energéticos.
El senador del PRD, Luis Sánchez, advirtió que la estrategia fue elaborada sin tomar en cuenta al Poder Legislativo, por lo que carece de las observaciones de éste. Veremos si legisladores de izquierda pueden modificar las intenciones de este proyecto energético sustentado por la gestión de Peña Nieto.
SUBEN EL GAS
Y como una muestra de lo que representará en el corto plazo la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, la Secretaria de Energía anunció ayer los precios máximos al consumidor durante marzo del gas licuado de petróleo (LP), el de mayor consumo en los hogares mexicanos, con lo cual la variación anual del producto será de 7.9 por ciento superior en comparación con el tercer mes de 2012. El energético tendrá un precio de 12.11 pesos por kilogramo a partir de este viernes y estará vigente durante todo marzo en el Distrito Federal y algunos municipios del Estado de México e Hidalgo.
El tanque de 20 kilos, el más popular, tendrá un costo al consumidor de 242.16 pesos, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Los nuevos precios máximos representan una diferencia superior de 7.9 por ciento frente a los decretados en marzo del año pasado, cuando el tanque de 20 kilogramos costó 224.35 pesos en la zona centro del país.
APLICACIÓN DE LA LEY…
sigue leyendo
No hay comentarios:
Publicar un comentario