Milenio
Gordillo: justicia selectiva
Pablo Gómez
La acusación penal contra Elba Esther Gordillo no debería extrañar demasiado a nadie; es más, debió llevarse a cabo hace muchos años, en la anterior época priista y, con mayor razón, bajo el panismo. Aquí tenemos un caso que expone con crudeza el fenómeno mexicano del Estado corrupto. Por una parte, la impunidad que implica complicidad o tolerancia. Por la otra, rapidez en la averiguación del aspecto más débil y visible de la cadena e inculpación inmediata ante un tribunal de un personaje señalado por exclusivos motivos políticos coyunturales.
Es evidente que Gordillo estorbaba a Peña con el que no pactó una alianza, tal como lo hizo con Fox y Calderón, aunque ya se había verificado dentro de la coalición electoral encabezada por el priista pero fracturada por exceso de concesiones precisamente al llamado Panal. Gordillo siempre tuvo poder dentro del PRI y, también, bajo los gobiernos del PAN; siempre negoció exitosamente con el presidente en turno y supo pasar la factura a cambio de orden, estabilidad, “gobernabilidad”. Estas son características del charrismo sindical como estructura de Estado.
Es imposible suponer que Peña vaya a renunciar al charrismo, menos aún después de su reciente visita triunfal a la madriguera de la corrupción sindical que es la CTM.
Es tan selectiva la justicia que el procurador no señala quiénes autorizaban las órdenes de traslado de fondos desde las cuentas del SNTE y tampoco se dicen los nombres de otros receptores. Gordillo era la jefa de una mafia sindical pero no la dueña. En todas las organizaciones mafiosas hay reparto y ese sindicato nunca ha sido la excepción. Si Murillo calla es porque no quiere disparar más que a la cabeza: eliminar a Gordillo no implica golpear al charrismo, como lo demuestra el caso de Hernández Galicia.
Ahora veamos el punto desde otro lado. La PGR dice que en las dos cuentas de Santander —las únicas investigadas— están las cuotas de los maestros, pero no sólo. Sin embargo, no indica de dónde venía el dinero que no era de cuotas. Es claro que procedía del gobierno federal, de los convenios exigidos por la dirección del SNTE y concedidos por las autoridades como si se tratara de dinero del bolsillo del presidente de la República. ¿Esos dineros van a ser suspendidos? ¿Se fincarán responsabilidades a los funcionarios que entregaban dinero sin verificar su destino o sin causa legal? El gobierno calla, al menos hasta ahora.
La corrupción en el SNTE es fácil de encarar con el corte de las tuberías a través de las cuales se drenan millones sin control oficial alguno y con la simple cancelación de licencias que por miles han sido concedidas a la extensa burocracia sindical. También aquí el gobierno calla, hasta ahora.
¿Y qué ocurre con los demás líderes y funcionarios que han hecho, como Gordillo, ostentación de riquezas evidentemente mal habidas?
La justicia selectiva no es justicia. Nadie puede con razones defender a Gordillo, pero tampoco podría hacerlo en un caso penal contra Romero Deschamps y toda la pléyade de líderes venales, para no hablar de funcionarios públicos que probablemente tengan más dinero. La capacidad de investigación de fondos y sus triangulaciones se aprecia bastante rápida y eficaz, lo que demuestra que siempre se han podido conseguir pruebas de sobra sobre recursos de procedencia ilícita manejados con la más absoluta impunidad.
Una política anticorrupción en México sería un terremoto. Sin embargo, quizá no ocurra nada nuevo y fuerte después del arranque del proceso penal contra Gordillo. Si esto es así, muchas personas no podrán dejar de pensar durante años que el procesamiento de Gordillo no tuvo más contenido que el de ser un acto político, pero no fue un golpe contra la corrupción. Una golondrina no hace verano.
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