Aplastante dictamen Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
Cerrazón y autoritarismo reinan en el Senado
Ley de Manifestaciones limitan las libertades
Violaciones permanentes del PRI y del PAN
Dan a mineras canadienses contratos de gas
Exhiben uno a uno atropellos e imposiciones
EPN discurre sobre un México inexistente
Deuda impagable suma 7.5 billones de pesos
“Si os halláis precisado a oponernos al dictamen de otro, hacedlo”.- San Francisco de Sales
Irregularidades, violaciones al reglamento, imposición, procedimientos calificados de ilegales y sucios, fue lo que se vivió ayer durante la sesión del pleno en la Cámara de Senadores durante la discusión para aprobar la reforma energética, reunión ésta que inició después de la una de la tarde y fue presidida por la vicepresidenta Ana Lilia Herrera. Todos los artículos fueron reservados por el PRD y Movimiento Ciudadano desde que el documento se encontraba en comisiones y, con alarde de autoritarismo, la noche del lunes decidieron suspender la discusión y enviarla al pleno de ayer con todos los renglones y otros más pendientes. Los ánimos se han enardecido al darse a conocer que el documento que se discute fue elaborado en Estados Unidos, por lo que la pregunta permanente fue ¿de dónde salió el dictamen de más de 300 hojas y esos renglones tan entreguistas?
Pero no se detuvieron y las transgresiones llegaron a la información de último minuto, en la que Dolores Padierna se refirió a las “chicanas” que se pretenden al estar modificando artículos para los cuales ninguno de los partidos en favor de la reforma energética hizo la petición para reservarlos, y tal se ejemplifica en el octavo transitorio en el que se permitirá que las mineras, entre ellas las canadienses que cuentan con contratos que les permiten al 90 por ciento la explotación, tengan acceso al gas. Uno tras otro de los presidentes de las comisiones se abrogaron el derecho de decidir por todos los integrantes y fueron múltiples los ejemplos de quienes no conocieron ni los documentos originales ni los dictámenes, lo cual fue considerado un atropello más. Las sorpresas y la marrullería nunca dejan de sorprendernos, sostuvo la senadora Layda Sansores.
Y lo lamentable que se ve en esa Cámara radica en la cerrazón, la imposición, la ignorancia y la falta de información con que se pretende aprobar una reforma que es vital para el desarrollo y la estabilidad del país. Pero, si esto sucede dentro del inmueble, afuera y en otro edificio en el que también se legisla, se aprobaron cambios que ya nos hablan de otro país, de una nación totalmente diferente a la que formaron quienes durante años lucharon por las libertades. Los diputados dieron el sí al dictamen en lo general de la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal. De nuevo fueron los del PRI, con el PAN y el Verde, los que avalaron al vapor sin permitir ningún debate. La iniciativa la presentó el panista Jorge Sotomayor y en ella, se prevé la disolución de marchas violentas, arrestos administrativos y multas a quienes alteren el orden público, bloqueen vialidades o impidan el acceso de las personas a sus centros de trabajo.
Imponen también la obligación de notificar hasta alcanzar la autorización de autoridades, de las rutas de movilizaciones con 48 horas de anticipación y que solamente cuentan con un horario marcado entre las once de la mañana y las seis de la tarde para realizar las manifestaciones. Fueron 30 los votos recibidos a favor y 11 en contra, estos últimos provenientes del PRD, Movimiento Ciudadano y PT, quienes opinan que se van sumando acciones y determinaciones que están configurando “en nuestro país un Estado fascista”. Lo anterior se presenta en un contexto de inconformidad social, de descontento popular que se expresa en diferentes movimientos. A saber: el magisterial, el que va contra la privatización del petróleo, el de los sindicalizados del SME, los afectados por la reforma laboral y por el cierre de empresas como Mexicana, además de las expresiones de inconformidad que plantean otras organizaciones como las campesinas o las de los telefonistas e incluso las de los ferrocarrileros, sin dejar de apuntar las de aquellos que demandan seguridad y que exhiben fotografías de sus familiares que han sido asesinados o están desaparecidos.
Se ha llegado a tal extremo en las Cámaras, tanto en la de Senadores como en la de Diputados, que en la primera los del Verde han solicitado el micrófono para señalar que están hartos de escuchar a los perredistas y recriminar el número de oradores que se han registrado. A esas expresiones, los priístas y panistas responden con aplausos. En cuanto a los que despachan en San Lázaro, Laura Barrera Fortoul –ex funcionaria en el sector turismo durante el tiempo en el que Peña Nieto se desempeñó como gobernador- y Miriam Cárdenas Cantú –del círculo íntimo de Rubén Moreira, gobernador de Coahuila- impidieron a los legisladores de izquierda usar el micrófono para inconformarse por la aprobación del dictamen que limita las protestas. Tal dictamen es violatorio de la Constitución al impedir el libre tránsito, la libre expresión, las libertades por las que cientos de mexicanos ofrendaron la vida, por lo que habrán de exigir tanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como a la del Distrito Federal su posición respecto a estas medidas, a todas luces plagadas de un autoritarismo, que llega al extremo de contar con otra ley, con la que penaliza ahora mucho más severamente al terrorismo, renglón en el cual han insertado a quienes manifiestan públicamente sus inconformidades.
Pasadas las cuatro de la tarde de ayer, el grupo parlamentario del PRD, en la Asamblea Legislativa del DF, rechazó el dictamen aprobado en comisiones en la Cámara de Diputados señalando: “La vida soberana de la Ciudad de México se ve nuevamente vulnerada por el Congreso federal, estamos en un tema de discusión y análisis de la reforma política para la ciudad en la que se busca la autonomía y se le dé atribuciones, no podemos nosotros avalar, bajo ninguna circunstancia, el esquema de que los derechos y libertades consagradas en nuestra Constitución sean pisoteados, vulneradas en detrimento de las garantías constitucionales de todas y todos los mexicanos que han defendido a lo largo de la historia. Ninguna ley puede vulnerar los derechos de la libre manifestación y al libre tránsito, ninguna propuesta sancionatoria se puede sobreponer a lo que dictó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
En ese entorno que se vive en el país, se supo de la posición que Enrique Peña Nieto adoptó en nombre de México durante el funeral de Nelson Mandela. Como si se tratara de otra realidad, el mexiquense sostuvo que trabaja “por un México más igualitario, de mayor inclusión social, de menos contrastes sociales y por un país que, en armonía, sepa trazarse un camino para mayor desarrollo y progreso”. Ninguno de esos renglones puede percibirse en los últimos 20 años en la vida diaria de más de 100 millones de mexicanos. Las desigualdades son cada vez más notorias y radicales; la inclusión social es inexistente y los contrastes sociales se profundizan convirtiendo en una insalvable zanja la diferencia entre los que pueden sumar miles de millones a sus fortunas personales y los que no cuentan ni con un mendrugo para comer, y esto es fácilmente comprobable cuando se sabe que funcionarios federales recibirán aguinaldos de cerca de un millón de pesos y los trabajadores apenas alcanzaran en promedio los 3 mil 500 pesos en esta prestación. No puede hablarse de armonía, cuando en la más alta tribuna del país se están cometiendo atropellos y se vota por una ley violatoria de las garantías individuales plasmadas en la Carta Magna. No es con la entrega del petróleo con lo que se abre el camino para el desarrollo y progreso y tal lo afirman estudiosos, intelectuales, especialistas, economistas.
Ni siquiera podía Peña Nieto hablar de respeto del gobierno hacia sus ciudadanos y a las leyes y viceversa porque han cercado, incluso, la posibilidad de difundir y promover las consultas populares sobre los grandes temas que tienen repercusiones en toda la sociedad porque la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya hizo la modificación correspondiente y ahora será solamente el IFE quien pueda hacer el llamado y la difusión. Por lo tanto, se prohíbe tanto a las personas físicas y morales, ya sea a título propio o por cuenta de terceros, contratar propaganda en radio o en televisión que esté dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos. Quedó reformado el artículo 35 y, como puede observarse, va cerrándose una pinza en la que los mexicanos vamos quedando atrapados.
LO QUE CRECE SON LOS ENREDOS
En lo que se antoja como otra de las burlas presenciadas, está la postura adoptada por David Penchyna con relación a la salida del sindicato de PEMEX del Consejo de Administración. En contrario a lo declarado con grandes muestras de haberse anotado otra victoria de los panistas, el hidalguense señala que no hay el número suficiente de votos que garantice que tal decisión pueda ser una realidad, ya que su partido se manifiesta en contra. Y no puede ser de otra manera si solamente tomamos en cuenta una sola acción: el Pemexgate y el saqueo comprobado para apoyar la campaña rumbo a la presidencia de Francisco Labastida, quien durante la legislatura anterior y en su calidad de presidente de la Comisión de Energía dio entrada a todos los contratos que ahora con las reformas van a adquirir legalidad y que han permitido la entrada de la iniciativa privada a renglones antes prohibidos. El vicepresidente de la misma es quien hoy ocupa la titularidad de la secretaría del ramo, Pedro Joaquín Coldwell.
Como es sabido, a través de la televisión de paga es que el Canal del Congreso tiene en vivo sus trasmisiones, por lo que el senador perredista Zoé Robledo presentó una propuesta que solicita a Gobernación, a su titular Miguel Ángel Osorio Chong, que se ordene se encadenen radio y televisión a nivel nacional para que tales sesiones puedan ser vistos por la mayoría de la sociedad mexicana. Su homólogo priísta, Raúl Cervantes, se comprometió a enviar la propuesta.
Al cierre de estas líneas, se supo de la postura que adoptará MORENA de aprobarse esta noche la reforma energética. Según Martí Batres, presidente del Comité Ejecutivo de esa organización, habrá un acto contundente y el cerco que se mantiene en la Cámara de Senadores se trasladará a la de Diputados. Reiteró que es falso que esta iniciativa, impulsada por el PRI y el PAN, vaya a generar una mayor competencia, “por el contrario, ha quedado demostrado que todas las privatizaciones han conducido a monopolios”. Señaló, además, que esta no será una batalla sencilla sino larga y complicada
Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas calificó los discursos hasta ahora pronunciados por tricolores y blanquiazules de “mentirosos”, pues detrás de los términos de licencias y contratos contemplados en la iniciativa constitucional, se esconde el verdadero interés de concesionar las riquezas naturales del país. Vaticinó, incluso, que Pemex y la CFE terminarán quedándose con los peores proyectos, beneficiando a las empresas trasnacionales que tendrán los más rentables y los mejores planes de negocios. Ambas paraestatales, a decir del michoacano, no están sujetas a cambios, por lo que mantendrán un régimen fiscal que no será aplicado a la iniciativa privada. Cárdenas encabezó un mitin breve llevado a cabo la mañana de ayer en el Ángel de la Independencia, sitio donde se mantiene la marcha de 75 horas imparable.
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