Homozapping
La disputa por el botín petrolero
Jenaro Villamil
Texto publicado en la revista Proceso No. 1936.
La disputa por la administración y el control de los más de 80 mil millones de dólares anuales de la renta petrolera nacional, la “joya de la corona” de la industria de hidrocarburos, se convirtió en el único punto real de desencuentro entre los negociadores del gobierno federal de Enrique Peña Nieto y del PRI, por un lado, y la bancada del PAN, por el otro, que encareció su apoyo hasta el último minuto para sacar adelante la reforma energética peñista antes del 15 de diciembre, fecha límite del periodo ordinario de sesiones del Senado.
Entrampados en negociaciones a puerta cerrada que provocaron la cancelación en tres ocasiones de la presentación del predictamen durante esta semana, representantes del gobierno federal, encabezados por Aurelio Nuño y Humberto Castillejos, así como asesores del titular de Hacienda, Luis Videgaray, y el senador priista David Penchynna, presidente de la Comisión de Energía, se resistían a aceptar la propuesta de los negociadores del PAN quienes plantean que exista un Fondo Soberano de Estabilización y Desarrollo, con autonomía técnica y de gestión frente a la Secretaría de Hacienda, para administrar la renta petrolera.
De acuerdo con el senador panista Francisco Domínguez, uno de los cinco negociadores de Acción Nacional en el seno de la Comisión de Energía, “los órganos reguladores nosotros los queremos autónomos; ellos los quieren desconcentrados. El fondo soberano es la riqueza petrolera. No vamos a permitir que se pierda como en el sexenio de José López Portillo, tanta riqueza y perdimos todos esos recursos”.
Domínguez aclaró que está a discusión si el fondo es autónomo o es administrado por fideicomisos que se radiquen en el Banco de México. El gobierno federal ha propuesto que sea a través de la Secretaría de Hacienda o, en su defecto, de la banca de desarrollo.
Al cierre de la presente edición, tanto el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, como su homólogo del PAN, Jorge Luis Preciado, advirtieron que en las próximas horas saldrá un acuerdo entre ambos partidos para que el predictamen esté listo el domingo 8 de diciembre, de tal manera que comience el proceso de dictaminación entre el 9 y el 12 de diciembre.
“Va a haber predictamen. Ese nuevo mecanismo funcionará como un fondo de ahorro para el país, como el fondo noruego que en estos momentos es uno de los fondos más grandes del mundo”, adelanto Preciado, en breve conferencia de prensa.
La negociación bipartidista marginó a la bancada del PRD, la tercera más importante del Senado. Desde el jueves 28 de noviembre, los perredistas anunciaron su salida del Pacto por México y su ruptura de la negociación de la reforma política-electoral, acusando al PRI y al PAN de convertir estos cambios constitucionales en una “moneda de cambio” para acelerar el proceso de dictaminación de la reforma energética.
El viernes 6, a las 10 de la mañana, los senadores Dolores Padierna, Alejandro Encinas, Luis Sánchez y Mario Delgado convocaron a conferencia de prensa para informar que a las 3 de la madrugada el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, les informó que se suspendía –por tercera vez- la cita de las comisiones dictaminadoras para dar a conocer el contenido final de la reforma.
“¿Qué está en el fondo?”, se preguntó Dolores Padierna, vicecoordinadora de la bancada. “En primer lugar, al PAN le interesa de sobremanera que no sólo sean contratos de utilidad compartida sino contratos de producción compartidos o ‘contratos integrados’ como les han llamado”, afirmó.
“Pero el tema importante, la joya de la corona, es el control del fondo soberano. Ahora, la renta petrolera entra directamente a la hacienda pública. Esa renta petrolera asciende a 86 mil millones de dólares. El PRI lo quiere llevar a un fondo inorgánico, que no pueda ser fiscalizado a través de la ley de entidades paraestatales, y el PAN quiere un fondo soberano autónomo, transparente”, abundó Padierna.
La misma legisladora denunció durante la negociación de la reforma fiscal que se quería establecer un fondo opaco a través de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Ahí se establecía también que la exploración y explotación del petróleo se realizaría mediante “contratos de utilidad compartida”, antes aún de que se discutieran las reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales, propuestas en la iniciativa de Peña Nieto.
“Ese intento lo pudimos frenar, pero ahora lo reviven en la negociación con el PAN. Es un pleito por el botín petrolero”, sentenció Padierna, consultada por Proceso.
A su vez, Alejandro Encinas advirtió que “el PRI se ha convertido en rehén del PAN. Ellos están dispuestos a ceder, incluso profundizando la contrarreforma energética”.
Entre esos puntos que el PRI estaría dispuesto a aceptar están nuevos modelos de contratos, reclamados por los negociadores panistas. No sólo los de utilidad compartida –propuestos por Peña Nieto-, sino los de producción compartida y un modelo llamado “licencias acotadas” que pueden incluir las concesiones, algo que ha negado tajantemente el dirigente nacional priista César Camacho.
Senadores panistas y priistas consultados por Proceso admitieron que el tema de los contratos no será de mayor problema. Se aceptará en la reforma constitucional –que contempla más de 30 transitorios y reformas a los artículos 25, 27 y 28- porque así han cedido los negociadores del gobierno federal, tal como había advertido la prensa extranjera, como The Wall Street Journal y la agencia Bloomberg.
Los cuatro tipos de contratos que pretenden incorporarse en la reforma constitucional son los siguientes: contratos de prestación de servicios (que ya existen en Pemex, que el gobierno de Felipe Calderón entregó varios en su sexenio y desean legalizarse plenamente), contratos de utilidad compartida (figura utilizada en la iniciativa de Peña Nieto), contratos de licencias (se entregan de manera temporal a una empresa para que pueda explotar determinado yacimiento de crudo o de gas y los privados pagan los derechos de extracción o se quedan con parte de la utilidad) y las concesiones (defendidas por el PAN y que se dan de manera absoluta al inversionista privado).
Hasta el último momento de la negociación, PRI y PAN habían aceptado que en lugar de llamar “concesiones” a los contratos propuestos por el blanquiazul se les denominara “contratos de licencias”.
El “atorón” petrolero
En menos de una semana, las bancadas del PAN y el PRI, más su aliado el PVEM, decidieron acelerar la dictaminación de la reforma energética, cuyos contenidos finales no se conocen públicamente, más que por versiones extraoficiales de los negociadores.
A raíz de la salida del PRD de las negociaciones de la reforma política y de su demanda de que se tomen en cuenta las casi 1 millón 700 mil firmas de ciudadanos que piden una consulta popular para aprobar o rechazar una reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, el PRI aceleró las negociaciones, marginando a los perredistas.
“Al menos ganamos tiempo. Hemos logrado frenar durante una semana el albazo legislativo”, admitió el senador Alejandro Encinas, quien desde el principio advirtió que acelerar la dictaminación iba a provocar fracturas al interior de las bancadas del PRI y del PAN.
El martes 3 de diciembre la noticia sobre el infarto de Andrés Manuel López Obrador, dirigente del Movimiento Nacional de Regeneración Nacional, cimbró al interior del Senado. Apenas dos días antes, el dos veces ex candidato presidencial había convocado a un plantón frente a las instalaciones de la Cámara alta, en protesta por la dictaminación de la reforma energética.
Las comisiones unidas de Energía, Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos Primera ya habían sido citadas de manera extraoficial para el miércoles 4 de diciembre, a las 5 de la tarde. Sin embargo, de manera sorpresiva, se canceló la reunión.
“Estamos trabajando en los grupos parlamentarios para conciliar un proyecto de dictamen. Estamos muy cerca de poderlo lograr”, afirmó esa tarde el presidente de la comisión de Energía, el priista David Penchynna, quizá el único legislador del Senado que conoce el documento desde hace mes y medio.
En privado y en público, su propio correligionario, el ex gobernador queretano Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, se ha quejado porque ni él conoce el predictamen.
Penchynna volvió a citar a las comisiones unidas para el jueves 5 de diciembre. La cita también se canceló. El coordinador nacional del PRI, Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, admitió que hubo errores en la convocatoria, ya que no se hizo con 24 horas de anticipación, como marca el reglamento del Senado, pero se comprometió a dar a conocer el predictamen para este viernes 6 de diciembre y que el próximo domingo inicie la dictaminación de la reforma. A las 3 de la madrugada, Gamboa tuvo que cancelar la cita con los otros coordinadores parlamentarios.
Desde la noche del miércoles 4 de diciembre, el verdadero “atorón” estaba en las resistencias del Partido Acción Nacional a aprobar la reforma en los términos de la iniciativa del Ejecutivo federal.
La reunión plenaria de los 38 senadores del PAN, el jueves 5 de diciembre, provocó fracturas en la bancada. Al menos tres de estos 38 legisladores –Javier Corral, Ernesto Ruffo y Marcela Torres– expresaron sus desacuerdos con los términos de la negociación con el gobierno federal, detallados por los senadores panistas de la Comisión de Energía (Salvador Vega Casillas, Raúl Gracia, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Domínguez).
La disputa entre la corriente del dirigente Gustavo Madero y del senador Ernesto Cordero, calderonista y ex secretario de Hacienda, volvió a aflorar al interior de la bancada. Ambos grupos quieren capitalizar el avance de las negociaciones con el PRI.
Cordero insistió en la plenaria en que era el momento de lograr que la reforma energética estuviera más parecida a la iniciativa panista. “La del PRI se va a quedar chiquita. Tenemos que ir mucho más allá de los contratos de utilidad compartida”, afirmó el ex precandidato presidencial calderonista.
Los negociadores panistas expusieron los cinco temas “irreductibles” frente al PRI: incorporar en el artículo 27 constitucional un modelo similar al de las concesiones como puede ser la figura de las “licencias acotadas”; rechazar el modelo de contratos de utilidad compartida porque son difíciles de aplicar y “conducen a una mayor corrupción y a una mayor burocracia”; que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad sean “empresas públicas productivas”, con autonomía de gestión y no como parte del presupuesto; que la Comisión Nacional de Hidrocarburos sea el órgano que maneje el nuevo régimen de contratos y de concesiones; y que se creara un fondo soberano para administrar la renta petrolera que no dependa de la Secretaría de Hacienda.
También mencionaron otros “irreductibles” que fueron desechados en la negociación con el PRI y los representantes del gobierno federal: sacar al sindicato nacional petrolero del Consejo de Adminstración de Pemex, y que también sean consideradas como áreas no estratégicas el transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos.
El senador y dirigente petrolero, Carlos Romero Deschamps, presionó al interior de su bancada para que el tema del sindicato no estuviera en la mesa de negociaciones con el PAN. “Es un tema del contrato colectivo”, argumentó.
Entre el jueves 5 y la noche del viernes 6 de diciembre, el verdadero “atorón” se reducía al tema de la administración del fondo de la renta petrolera.
“Construyeron su Manhattan”
Las negociaciones se han complicado porque los legisladores están prácticamente encerrados en un área de ocho manzanas, circundantes al Senado de la República, donde viven un doble cerco: el de las murallas de metal y del fuerte dispositivo policiaco que se instaló desde la madrugada del lunes 2 de diciembre; y la cadena humana que se ha instalado en los alrededores del Senado, así como en los hoteles cercanos, formados por simpatizantes de Morena, del SME, de la CNTE y de otros grupos defensores del petróleo.
El doble cerco ha cobrado sus víctimas. El propio coordinador priista Emilio Gamboa Patrón no pudo ingresar el miércoles al recinto del Senado porque fue identificado por los simpatizantes del plantón y le abuchearon. Tuvo que disfrazarse de policía y entrar en una motocicleta, escoltado por uno de los agentes de tránsito.
Los simpatizantes de Morena han permanecido durante la mañana y la tarde en los alrededores del Senado. Consideran que el “atorón” de esta semana es un logro de la resistencia civil pacífica, pero advierten que volverán a estar apenas inicie el proceso de dictaminación.
“Aquí mandaron a construir su Manhattan: tienen hoteles, restaurantes y hasta los más caros burdeles adentro del cerco”, afirmó una de las manifestantes, simpatizantes del SME.
Lo cierto es que muy pocos pueden romper el hermético cerco establecido para impedir que pasen los manifestantes y aislar a quienes viven y trabajan en esta zona, localizada en la colonia Tabacalera y la avenida Reforma.
Para los simpatizantes de Morena y los propios militantes del PRD, consultados en el plantón, la ausencia más extraña es la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien simplemente desapareció en estos días de la discusión clave. Ni la iniciativa presentada por el hijo del general que expropió el petróleo en 1938 ni la demanda de una consulta ciudadana, en los términos del artículo 35 constitucional, han sido incorporados en la negociación intramuros del PAN y del PRI.
Al contrario, la posibilidad de una consulta ciudadana posterior a la aprobación de la reforma energética intentó ser boicoteada en la discusión de la reforma político-electoral en la Cámara de Diputados, el jueves 5 de diciembre.
Los tres senadores que conducen los trabajos del PRD ante la sorpresiva enfermedad de su coordinador Miguel Barbosa (Dolores Padierna, Alejandro Encinas y Luis Sánchez) protestaron airadamente porque PRI y PAN pretendieron incorporar nuevos “candados” a la Ley de Participación Ciudadana, para hacer imposible una consulta ciudadana en materia energética.
“Querían meter requisitos que ni la Constitución tiene. Por ejemplo, que la consulta se solicite sólo si la Cámara de Diputados la aprueba, más las legislaturas de 17 estados de la República, que el resultado sea impugnable; que se les pida el CURP, además de la credencial del IFE, a quienes participen”, sintetizó la senadora Padierna.
Los nuevos candados a la consulta ciudadana tensaron más la relación entre el PRD y PRI.
De última hora, el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, intentó incorporar a los perredistas al predictamen de la reforma energética, les ofreció incorporar tres artículos transitorios con las propuestas perredistas.
La verdadera negociación seguía entre el PAN y el PRI para repartirse la integración del organismo que administrará los fondos de la renta petrolera, el botín más grande de esta reforma energética.
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