Por Esto!
¡Consulta ya!
Alejandro Encinas Rodríguez
El anuncio que el senador Javier Corral dio a conocer la semana pasada durante una entrevista radiofónica, respecto al inminente acuerdo entre el PRI y el PAN para la elaboración de un proyecto de dictamen que profundiza la contrarreforma en materia energética, confirma lo que distintos medios de comunicación internacionales habían informado acerca de las negociaciones que altos funcionarios del gobierno mexicano, junto con dirigentes del PAN, realizaban en Estados Unidos para abrir al mercado prácticamente la totalidad del sector energético.
El proyecto incluiría, además de los contratos de utilidades compartidas, los contratos de producción y el otorgamiento de licencias, es decir concesiones al capital privado extranjero y nacional.
Ello significaría la pérdida del dominio que actualmente detenta la Nación sobre los hidrocarburos, ya que prácticamente todas las etapas del proceso productivo, desde la extracción, la distribución, la refinación, la petroquímica básica y secundaria, hasta la exportación de petróleo crudo quedaría en manos privadas, reduciendo el papel del Estado mexicano a otorgar permisos, contratos y concesiones.
El presunto acuerdo pretende también que en las leyes secundarias se reduzca a Pemex a su mínima expresión, llegando en el mejor de los casos a compartir utilidades con empresas extranjeras, cuando no a la venta de sus activos, toda vez que al eliminarse del Artículo 28 constitucional el carácter estratégico del petróleo, los demás hidrocarburos y la electricidad, se elimina también la restricción establecida en el Artículo 25, que impide al gobierno federal vender los organismos públicos encargados del desarrollo de la industria y de la prestación de los servicios. Es decir, todo queda sujeto a remate.
Por ello, más allá del revuelo que han provocado estas revelaciones, y que dio la puntilla para la salida —espero definitiva— del PRD del llamado Pacto por México, es urgente que las fuerzas progresistas y de izquierda, partidarias y sociales, que coinciden en la defensa de este valioso patrimonio de la Nación, sumen esfuerzos y pasen en los próximos días —sino es que en las próximas horas—, de la fase declarativa a la conformación de un frente único en contra de la regresión histórica que significaría esta privatización, e impulsen de manera conjunta diversas acciones, entre otras la exigencia de que, tratándose de una decisión que trastoca las bases constitucionales del acuerdo alcanzado tras una revolución, se celebre una Consulta Popular en la que se pregunte a todos los mexicanos si están de acuerdo con estas medidas.
Seguramente se alegará que la Consulta Popular establecida ya como un derecho de los ciudadanos en nuestra Constitución no está reglamentada, lo que resulta improcedente pues como se sabe, la reforma que estableció la facultad del Ejecutivo Federal para presentar iniciativas preferentes no ha sido reglamentada, y fue utilizada para imponer la contrarreforma laboral. Alegaran también que la reforma constitucional instituyó que las consultas populares sólo se celebrarían en años electorales, lo cual es también baladí pues los derechos y las garantías establecidos en nuestra Ley máxima son de vigencia permanente, o intentarán, como sucede en estos momentos en la Cámara de Diputados, limitar el ejercicio de este derecho, pues en el proyecto de ley reglamentaria de la Consulta Popular se quiere establecer la restricción de que la consulta no proceda ante asuntos ya resueltos por el Congreso de la Unión.
De ahí la urgencia de que los llamados a la unidad se cristalicen en una gran convergencia, al margen de filias partidistas y fobias entre éstos. Lo que está en juego nos trasciende, y se halla muy por encima de las diferencias existentes. Es necesario alcanzar la unidad ya para frenar el despojo que se pretende llevar a cabo y concretar la Consulta Popular. Si el petróleo es de todos, que nos consulten a todos.
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