Homozapping
The Wall Street Journal y el tango petrolero
Jenaro Villamil
Un “trascendido” informativo presentado como nota exclusiva en The Wall Street Journal volvió a alborotar el gallinero en medio del pasmo legislativo en el que se encuentra la reforma energética.
No es para menos. La prensa anglosajona
ha tenido el privilegio de tener por adelantado algunas de las medidas
más importantes del gobierno de Enrique Peña Nieto. Él mismo sugirió las
líneas de los cambios en Pemex y en el sector petrolero en notas
publicadas en diciembre de 2012 en The Economist y en The Financial Times, mucho antes de anunciar su iniciativa de reforma constitucional en materia energética.
La nota del
periódico más famoso del mundo de los negocios no precisa fuentes ni
cita documento alguno, pero lanza un provocador escenario: el gobierno
peñista y el PAN negocian un modelo más audaz que el de los “contratos
de utilidad compartida” que planteó Peña Nieto en su iniciativa de
reforma constitucional de los artículos 27 y 28, el pasado mes de
agosto. Según el reportero Juan Montes se trata de “contratos de
producción compartida” que podrían usarse en campos más riesgosos.
“Los negociadores también están
esbozando un tercer tipo de contrato de licencia para los campos en
aguas ultraprofundas y gas de esquisto, en los que la empresa
controlaría el petróleo tras pagar regalías e impuestos”, agrega The Wall Street Journal.
Según la nota de Montes, se trata de una
negociación directa entre el gobierno y “miembros importantes del PAN”,
al margen de lo que está realizando el Senado de la República, la
cámara de origen para dictaminar la reforma energética.
Hasta ahora, los foros convocados por la
Comisión de Energía resultaron un fiasco. El monólogo de quienes están a
favor de la reforma constitucional perdió encanto ante el retiro de los
senadores del PRD y del PT, y de la actitud fría del PAN –su único
aliado en este terreno– tras la aprobación de la reforma fiscal.
Lo impresionante es que nuevamente
comenzó un baile de máscaras, de declaraciones, de amagos y de
desplantes frente a este “trascendido” de The Wall Street Journal, reforzado por un análisis de la agencia Bloomberg.
El primero en atizar el fuego ha sido el
propio Peña Nieto. En un extenso discurso durante la Cumbre México
2013, organizado por la revista británica The Economist, el
primer mandatario ya perfila una coartada discursiva para justificar un
primer año de desastre económico de su sexenio: el bajo crecimiento se
debe a la falta de una reforma energética.
“De no hacer algo nuestro país –advirtió
Peña Nieto–, de no convertirnos en un país que explote de manera más
amplia, racional y, sobre todo, que le dé a nuestro país condiciones de
mayor competitividad por la oferta de recursos energéticos, o de insumos
energéticos, México perderá competitividad”.
“Y contrario a lo que hemos venido
observando en estos primeros 11 meses de la administración, las
inversiones productivas podrían tener el riesgo de irse a otra parte;
precisamente, a donde la energía es más barata y lo está haciendo al
otro lado de la frontera.
“México no puede quedarse atrás. Ya de
por sí se rezagó frente a lo que otras naciones, especialmente de la
región de América Latina, estuvieron logrando en los últimos años,
precisamente en materia energética, aprovechando de mejor manera sus
recursos y ampliando la explotación de los mismos”.
En otras palabras, si no se aprueba este
año la reforma energética que propuso su gobierno, Peña Nieto sugiere
un escenario de pérdida de competitividad y de inversiones.
En este sentido, el primer mandatario baila el tango de la nota de The Wall Street Journal: es
un llamado urgente para tener algo que ofrecer a los inversionistas que
anticipadamente adelantaron el “Momento Mexicano” y ahora se encuentran
decepcionados.
En otro foro, con otro significado político y tecnocrático, el
director general de Pemex, Emilio Lozoya, “desmintió” a medias lo
publicado por el rotativo norteamericano. Afirmó que Pemex no se
privatizará y que “el diseño final de los contratos propuestos por el
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para permitir la
participación de empresas privadas en la industria petrolera, está en
manos del Congreso”.
La bola se la pasan a la cancha del
Senado, donde rápidamente desmintieron las presuntas negociaciones “en
lo oscurito” tanto el coordinador de PRI, Emilio Gamboa Patrón, como el
del PAN, Jorge Luis Preciado. El líder de la bancada del PRD, Miguel
Barbosa, aprovechó el viaje para amagar legislativamente: los senadores
perredistas se levantaron de la mesa de negociaciones de la reforma
política, condición impuesta por Acción Nacional para que se dictamine y
apruebe cualquier cambio en materia energética.
En medio de este tango, el ex candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, vio en la publicación de The Wall Street Journal la confirmación de lo que ha venido argumentando desde el inicio de sus movilizaciones en defensa del petróleo.
López Obrador ganó otra vez en timming porque
la publicación de las presuntas negociaciones ocurrieron poco después
que él anunció el envío de cartas a directivos de Exxon, Shell y
Chevron, entre otras grandes multinacionales petroleras, para
recordarles que el petróleo no es de Peña “ni del gobierno, ni siquiera
del Estado: por justicia y derecho es del pueblo y de la nación”.
En su misiva, el ex jefe de Gobierno
capitalino les advirtió a las “grandes hermanas” petroleras que “midan
las consecuencias de establecer relaciones de negocios con un gobierno
que pretende transgredir los principios básicos y espíritu de nuestra
ley fundamental”.
El tango no ha terminado.
Los únicos que no bailan y que no
cuentan son los propios mexicanos. Tanto el gobierno federal como el PAN
y el PRI han hecho caso omiso a la reiterada propuesta de las
izquierdas partidistas, sociales y académicas para convocar a una
consulta pública nacional, bajo los principios del artículo 35
constitucional reformado, para definir si se modifican o no los
artículos 27 y 28 de la Carta Magna.
El último párrafo de la nota de The Wall Street Journal no se equivoca en su pronóstico:
“Una ley más ambiciosa podrá desatar una
nueva ola de protestas en un país con un largo historial de
nacionalismo petrolero. Los detractores ven los cambios como una manera
de privatizar la industria. Además, algunos expertos creen que contar
con demasiados modelos podría convertirse en un dolor de cabeza
burocrático para el país y que éste debería centrarse en las licencias”.
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