Por Esto!
NO al Estado del clientelismo
Jorge A. Chávez Presa
Las recientes reformas fiscales son nuevamente parches. No van al fondo. No resuelven el problema básico: superar el Estado del clientelismo, donde quienes llegan al poder promueven la sumisión a cambio de apoyos con la etiqueta social, en lugar de fomentar una ciudadanía con derechos y obligaciones. De ahí la impostergable necesidad de replantear el contrato social, en el que todos contribuimos de manera proporcional y equitativa para recibir un conjunto de bienes y servicios públicos suficientes en cobertura y calidad para impulsar el desarrollo local, regional y nacional.
La hacienda pública del Estado mexicano es precaria por varias razones. Primera, las contribuciones que hacemos los ciudadanos no alcanzan para cubrir el costo de los malos e insuficientes servicios públicos que recibimos. México es el país con una de las cargas tributarias más bajas. La recaudación tributaria esperada en la Ley de Ingresos de la Federación para 2014 asciende a mil 770 billones de pesos (bp), mientras que el gasto planteado para el próximo año del puro gobierno federal destinado a su operación y a la inversión supera los 2.4 bp. Esto incluso sin descontar de la recaudación impositiva las participaciones federales que reciben las entidades.
Segundo, el número de beneficiarios de programas gubernamentales y el costo de éstos ha venido creciendo muy por arriba de quienes hoy son contribuyentes cautivos, sean personas físicas o empresas, y lo que éstas aportan.
Tercero, la hacienda pública continúa muy expuesta a perturbaciones externas. Entre otras razones por la volatilidad del precio del petróleo y el debilitamiento del monopolio petrolero, al que la naturaleza ya no le ha obsequiado yacimientos supergigantes y generosos.
Cuarto, la hacienda ya agotó el modelo colonial de extraer recursos no renovables con cargo a las futuras generaciones.
Quinto, quienes más se han beneficiado por la tasa cero del IVA en alimentos y los subsidios a los combustibles son los estratos de mayores ingresos.
Por lo anterior, la demanda de una reforma de Estado para disponer de una hacienda pública que al menos no sea lesiva al crecimiento económico. Sin embargo, los resultados electorales no dan para un mandato claro y firme. El presidente Peña Nieto ganó con tan sólo 38% de los votos, y el PRI no obtuvo mayorías absolutas en el Congreso. De igual manera ocurrió con los mandatos de 2000 y 2006. Por ello cada sexenio tenemos esperpentos fiscales.
¿Ya se nos olvidó el que se votó en 2001, con impuestos a bienes suntuarios, gravámenes especiales a todo lo que se pudo, con alzas para los alcoholes y los tabacos? Esa grotesca aprobación tributaria salió de la coalición PAN-PRI-PRD con votos en contra del PVEM, el PT y Convergencia. Como no resultó en mayor recaudación, pero sí incrementaba el costo de administrar impuestos y deprimía las actividades económicas, acabó por suprimirse. Ahora el turno tocó a la coalición PRI-PVEM-PRD, donde lo grotesco ha sido echar la mano de las frituras y de las bebidas que contengan azúcar. En el 2002 llovieron los amparos, nuevamente los habrá. Lo malo es que los electores no sabemos de antemano que se van a formar coaliciones a la conveniencia del momento, y menos conocemos el contenido de lo que estas coaliciones votan en el Congreso.
El sistema político electoral, al no proporcionar mandatos claros, sólo propicia dinámicas perversas en las que los partidos tienen los incentivos para acrecentar y cultivar clientelas. Es vergüenza nacional que aún no exista un padrón único de beneficiarios de los programas sociales.
La reforma que la hacienda pública necesita es una reforma del Estado mexicano que le permita viabilidad y a su vez construya pisos mínimos de bienestar que aseguren acceso de oportunidades al desarrollo de millones de mexicanos condenados a la pobreza. Si de verdad el objetivo es crecer con mayor equidad, no hay lugar para el Estado del clientelismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario