Homozapping
Banxico y SAT candados de opacidad
(Primera parte)
Jenaro Villamil
Reportaje original que apareció en la edición 1931 del semanario Proceso.
A petición expresa del gobernador del
Banco de México, Agustín Carstens, las comisiones dictaminadoras en el
Senado de la reforma constitucional en materia de acceso a la
información y transparencia incorporaron un “candado” más para que el
organismo financiero pueda impugnar resoluciones del IFAI, al igual que
la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
El 3 de octubre pasado, durante una
reunión privada con la bancada del PAN, Carstens pidió que el Banco de
México pudiera impugnar las resoluciones del IFAI argumentando que
obligar a transparentar las decisiones del banco central podría afectar
la estabilidad económica y la seguridad nacional.
Sin
consultar a los organismos especializados en acceso a la información y
con la oposición expresa de los comisionados del IFAI, los senadores de
las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales, Estudios
Legislativos Primera y Anticorrupción aprobaron un dictamen que
incorpora el siguiente párrafo en la fracción VIII del artículo 6
constitucional:
“Las resoluciones del organismo garante
son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
El Consejero Jurídico del gobierno podrá interponer recurso de revisión
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que
establezca la ley, sólo en caso que dichas resoluciones puedan poner en
peligro la seguridad nacional conforme a la ley en la materia.
“Asimismo, el Banco de México podrá
interponer dicho recurso en los casos en que las referidas resoluciones
puedan afectar el mandato que le confiere el artículo 28 de esta
Constitución”.
Esta adición, que podría atorar aún más
la reforma constitucional que originalmente se aprobó en el Senado el 20
de diciembre de 2012 y en la Cámara de Diputados, como revisora, se
modificó y aprobó el 23 de agosto de este año, ha generado una severa
crítica, hasta en el interior de la bancada del PAN.
El senador Javier Corral, del
blanquiazul, consideró como un “despropósito” que el Banxico pueda
impugnar las resoluciones del IFAI, mientras que el senador Alejandro
Encinas, del PRD, ha expresado su desacuerdo con éste y el “candado” que
le permite a la Conserjería Jurídica de Los Pinos negar acceso a la
información pública, bajo el argumento de la seguridad nacional.
Por su parte, el comisionado presidente
del IFAI, Gerardo Laveaga, advirtió desde la discusión en la Cámara de
Diputados que agregarle este tipo de “candados” abría la posibilidad de
que las resoluciones del instituto fueran impugnadas lo mismo por la PGR
que por el Banco de México u otro organismo autónomo como la CNDH.
“Esto provocaría la judicialización de
un derecho fundamental que, hasta ahora, se ha ejercido en México en
forma gratuita, pronta y expedita, y que ha colocado a nuestro país como
referencia mundial en la materia”, subrayó el IFAI en un comunicado del
20 de agosto 2013.
En protesta por los cambios adoptados en octubre por las comisiones del Senado, las organizaciones no gubernamentales Fundar y México Infórmate advirtieron que “estas nuevas previsiones no son necesarias en la reforma constitucional porque el órgano especializado en materia de transparencia debe ser la última instancia en la materia”.
“Las reservas a la información sensible
que posea el Banco de México, por las importantes funciones que realiza,
pueden sostenerse mediante el procedimiento establecido de prueba de
daño, con el que se confirma que difundir cierta información puede
causar perjuicio mayor que el beneficio del interés público de
conocerla”, agregaron ambas organizaciones especializadas en
transparencia y acceso a la información.
Fundar y México Infórmate exhortaron al
Senado a concluir el proceso de reforma constitucional, atorado desde
casi un año, en medio de la crisis al interior de IFAI y las presiones
para incorporar candados de opacidad.
La decisión de las comisiones del Senado
ocurrió en el contexto de un nuevo diferendo del IFAI con el Sistema de
Administración Tributaria (SAT), que se niega a dar a conocer la lista
de las empresas que se beneficiaron de la condonación de créditos
fiscales de más de 74 mil millones de pesos entre 2007 y 2013,
argumentando que se trata de datos protegidos por el secreto fiscal. El
SAT mantiene reservada esta información hasta por 12 años.
La comisionada María Elena Pérez Jaén
respondió el pasado 29 de octubre que la reserva de información del SAT
es improcedente por las siguientes razones:
“-La condonación es un gasto fiscal que
comprende, en términos generales, los montos que deja de recaudar el
Estado, por lo que constituye una transferencia de recursos públicos en
sentido negativo. Que también es un beneficio a favor del contribuyente,
que implica un gasto público y que como tal debe reportarse.
“-La decisión de condonar un crédito
fiscal no involucra únicamente al Servicio de Administración Tributaria y
a la persona que se le condona el adeudo, sino a toda la sociedad, en
tanto que por disposición constitucional, todos los mexicanos están
obligados a contribuir al gasto público de manera proporcional y
equitativa”.
Entre las empresas que recibieron los
beneficios de la condonación de 74 mil millones de pesos en los últimos
seis años se encuentran las dos grandes televisoras, Grupo Televisa y TV
Azteca, así como la cadena Walmart, y otros grandes consorcios. Apenas
este año, se generó un escándalo cuando se confirmó que el SAT condonó
un adeudo fiscal de 3,300 millones de pesos a favor de Grupo Televisa,
de 2003 a 2007.
En previsión de que el SAT otorgue los
datos específicos de los “perdones” fiscales, los abogados de Televisa y
TV Azteca promueven al menos 9 demandas de amparo en tribunales
federales y capitalinos, argumentando que la Unidad de Enlace del SAT no
les notificó las solicitudes de acceso a la información, según la nota
publicada por Alfredo Méndez y Ciro Pérez en La Jornada, el miércoles 30 de octubre.
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