¡¡Exijamos lo Imposible!! Sinembargo
Esta no es una telenovela
Por: Lydia Cacho
Hace unos días, un colega periodista me dijo, sobre las llamadas telefónicas reveladas en SinEmbargo entre el Presidente de México y Maritza Díaz, ex pareja y madre de uno de sus hijos: es muy escabroso y muy personal, quién sabe cuáles sean las motivaciones de Maritza. La discusión entró en terreno pantanoso cuando mi colega insistía en que a ella se le ve muy bien, atractiva, sana y no sufrida, pero nerviosa. Claro, pensé, en esta cultura guadalupana sólo se debe tener compasión de las mujeres que piden se respeten los derechos de sus hijos o hijas llorando, debilitadas y mostrando el abandono y la miseria económica. Y yo revertiría la pregunta, quién sabe qué hay detrás del Presidente Peña para no desear que su pequeño hijo tenga la misma seguridad como miembro de la familia presidencial que tienen sus hijos biológicos y los de la actriz con la que contrajo nupcias.
Maritza ha insistido una y otra vez, desde que Peña era Gobernador y le prometía que su relación con la actriz no pasaría a mayores, que ella no quiere dinero, ni poder, lo que quiere es que él trate a su hijo con el cariño con que lo trató al principio; antes de que, a sus aspiraciones presidenciales con esa historia de príncipe y princesa que la mercadotecnia le orquestó, le estorbara la historia real de haber prohijado a ese chico. Las llamadas evidencian que Peña le exige a Maritza que guarde silencio hasta que “termine julio”, es decir, hasta que den por cerradas las elecciones presidenciales ese hijo no existe.
Basta ver las fotografías del niño con su padre para entender que el romance no se terminó hace tanto tiempo. Lo que sí sucedió, en cambio, fue que el discurso de Peña pasó de “hagamos lo mejor para el niño, pero tú te callas” a “hagamos lo mejor para mí y tú te quedas callada”. Lo interesante es que este caso bien podría ser el de un albañil o el de un empresario promedio que decide transformar su vida y convencerse que su progenie es una especie de lastre para su nueva situación. En las llamadas escuchamos cómo el Presidente decide que el interlocutor con su ex pareja sea el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray: “con él lo verás todo, si no hablas con él entonces no habrá comunicación y está roto el canal”.
Habrá quien diga que el Presidente no tiene tiempo para discutir asuntos de su hijo, lo mismo que un ex ministro de la Corte; como si las responsabilidades paternas disminuyeran en la medida del poder del padre. Lo que Maritza exige es lo que la Constitución le concede: seguridad para ella y su hijo. Ella tiene miedo fundado; en este país inseguro, donde se asesinan a hijos de gobernadores y a candidatos, imagine el secuestro del hijo del Presidente, o de la madre de ese niño. Nos guste o no, es un asunto que compete a la seguridad nacional, así lo marca la ley.
Y cualquiera creería que en una cultura machista de padres proveedores pero no protectores, lo más normal sería que mantengan al niño o niña e ignoren a la ex mujer. Pero lo interesante es que justamente los que se insertan en estos comportamientos sexistas, convierten la separación en un ejercicio de medición de su poder, usan a la justicia como escarmiento, las amenazas como herramienta de censura, y culpan de su fallido ejercicio de paternidad a la madre. A diferencia de una relación con un padre responsable y amoroso que se separa de su pareja, las hijas e hijos toman un papel preponderante, su bienestar sale de la mesa de negociaciones: es la meta.
Cuando un hombre de poder como el ex ministro Góngora, o el Presidente Peña y otros tantos gobernadores, alcaldes, legisladores, artistas o empresarios, deciden terminar su relación con una mujer con la que estuvieron relacionados, y con la que procrearon hijos o hijas, sin mayor miramiento rechazan a su progenie, les hacen un gran daño. Una llamada al presidente del Tribunal Superior de Justicia, como hizo el ex ministro Góngora; una amenaza mortal a su esposa que lo denunciaba por violencia intrafamiliar, como hizo Kamel Nacif pidiendo al Procurador que no procediera su demanda, o una sutil amenaza del Presidente del país, basta para que no haya abogado que se atreva a llevar el caso de separación de pareja de hecho entre la mujer y el gobernante del país.
Ayer, encabezados por Katia D’Artigues, varios colegas publicaron el mismo artículo periodístico denunciando cómo el abandono parental constituye una forma de violencia contra niños y niñas. Puntualizan un tema vital en su texto conjunto: el abandono de una niña o niño con alguna discapacidad tiene efectos secundarios doblemente nocivos, por las necesidades especiales, tanto de cuidado, como de salud y educación. Pero también por la inminente necesidad de que la madre dedique mucho más tiempo de cuidados directos, lo que en la mayoría de los casos les impide a millones de mujeres mantener un empleo estable, que a su vez, las libere de la dependencia económica del padre que abandonó su responsabilidad.
Durante una década en Ciam Cancún, organización de protección de mujeres que fundé en esa ciudad caribeña, nuestro equipo de abogadas dio 49,120 servicios de defensa jurídica, de los cuales el 70% era por violencia intrafamiliar y el resto por trata de personas. El 80% de las denuncias por violencia incluyen el maltrato y abandono parental; no se necesita que el padre golpee a sus hijos para que les maltrate, basta hacer lo que hizo el juez Góngora: encarcelar a su madre para darle un escarmiento o intentar quitarle la patria potestad para luego dejarlos en manos de la abuela o una tía. O lo que hace el Presidente Peña, despreciar a su hijo porque incomoda a su imagen.
El incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar (IOAF) constituye el 90% de las denuncias de mujeres maltratadas que simplemente quieren que sus hijos o hijas sean reconocidas legalmente, y se les asegure la salud, la alimentación y la educación. Tres mil 312 niñas y niños menores de 12 años terminaron en nuestro refugio porque los padres, para castigar a la mujer, decidieron arrebatar una mínima seguridad a sus criaturas. Imagínese cómo está el país, esos números son solamente de una organización en Cancún.
Los más abandonados por los padres son niños y niñas con síndrome de Down, parálisis cerebral, diversos síndromes neurológicos y enfermedades psiquiátricas severas. Aunque está claro que hay mujeres que abandonan a sus hijos, la mayoría de los que incurren en estas prácticas son hombres, y vale la pena detenernos a pensar en cómo la inequidad de género en las políticas públicas pone en mayor desventaja a las y los hijos abandonados.
Los padres amorosos que se encargan de sus peques con discapacidades saben muy bien que es tarea de 24 horas, que en ciertos casos y en la medida en que crecen, como en la parálisis cerebral, el esfuerzo emocional, pero sobre todo físico, es extenuante y demanda atención cada minuto. Lo mismo sucede en casos de trastornos infantiles y adolescentes psiquiátricos severos. México tiene solamente 28 hospitales psiquiátricos y la mayoría de los equipamientos son de la década de 1950. Somos un país con grandes expertos en neurociencias, pero sin inversión en investigación y aplicación de nuevos recursos. Tenemos tres veces menos psiquiatras del mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Las madres, tías, abuelas y hermanos que llevan a sus menores de 18 años a los afamados centros creados por el Teletón, deben estar presentes, y participar de las tareas con niños y niñas; es decir, o se encargan de los tratamientos de sus familiares o se van a trabajar. El cuidado primario de niñas y niños con discapacidades recae en un 93% en las mujeres de la familia y la comunidad. Y por si fuera poco, los recursos idóneos para quienes están en edad de escolaridad primaria son privados, y tienen un costo oneroso que muy pocas familias mexicanas pueden pagar. Es en ese panorama en que niños y niñas que nacen con Asperger (como los hijos del ex ministro Góngora), o con un centenar más de discapacidades, merecen y precisan cuidados especializados. Sus madres, para darles una vida integralmente sana, necesitan recibir un apoyo económico específico y estable no solamente del padre, sino del Estado.
Basta ver las cifras; ya el Estado les ha abandonado, y si además el padre lo hace, la violación a los derechos infantiles incrementa, y la posibilidad de que tengan una vida digna, segura, estable, afectiva y sana disminuye radicalmente.
Genaro Góngora, el ex ministro que construyera su prestigio en la Suprema Corte como el adalid de la defensa de la infancia abusada, se ha convertido en el paradigma del padre poderoso que usa su influyentismo para destruir a los suyos. Como él, miles de hombres con complejo de Zeus omnipotente devastan las vidas de su progenie con tal de aleccionar a las mujeres que han conquistado. Cuando utilizan instrumentos públicos para hacerlo, son ellos, y no ellas, los responsables de hacer público su caso.
@lydiacachosi
SINEMBARGO.MX
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