Por Esto!
El optimismo del general Naranjo
Alejandro Encinas Rodríguez
Si bien la violencia y las ejecuciones asociadas a la delincuencia organizada han pasado a un segundo plano en la política de comunicación del gobierno, la situación prevalece en vastas regiones del país.
El Pacto por México; el uso indebido de recursos públicos en los procesos electorales en marcha; la escandalosa corrupción del ex gobernador Granier que engrosa la extensa lista de funcionarios corruptos de todos signos y colores que demeritan la función pública, han servido para distraer la atención de la opinión pública, pues la zozobra prevalece en la vida cotidiana de millones de mexicanos.
Contra el optimismo oficial expresado por el general Oscar Naranjo, quien dijo que durante los primeros meses del gobierno de Enrique Peña Nieto se reportó un descenso de 17% en muertes violentas, las ejecuciones acreditan repuntes al alza. Por ejemplo: en diciembre del 2012 se registraron 982 ejecuciones y en abril pasado la suma alcanzó a 969 personas, incrementando el promedio del actual gobierno a 34 ejecuciones diarias. En contraparte, el incremento de las policías comunitarias y de los grupos de autodefensa va en aumento, ya que en noviembre de 2012 existían 8 grupos en tres entidades y para mayo del 2013 la cifra aumentó a 44 grupos en 16 estados del país.
Para el general en retiro del ejército colombiano, miembro de la International Drug Enforcement Association, filial de la DEA y asesor de Peña Nieto, el gobierno empieza a responder a los “fenómenos de tipo social”, pues ha lanzado “una política de prevención social del delito” resultado de “la combinación de firmeza en la aplicación de la ley, el fortalecimiento institucional y el mejor desempeño de las distintas instituciones del Estado”.
Peña Nieto propuso como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública acciones que a la fecha no se han cumplido: planeación y coordinación entre instituciones y autoridades de entidades y municipios, asignando responsabilidades y fechas precisas para cada institución; un programa transversal de prevención, que alinearía las políticas para combatir las adicciones, rescatar espacios públicos y promover proyectos productivos; un Programa Nacional de Derechos Humanos; modernización de la PGR y depuración del Instituto Nacional de Migración; creación de una Gendarmería Nacional integrada, en principio, por 10 mil elementos, manteniendo presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad mientras concluye la reestructuración de policías estatales.
Se mantienen en lo fundamental las mismas políticas implementadas en los últimos años y que han demostrado su fracaso. Las nuevas acciones están lejos de implementarse. Se mantienen intocadas la impunidad y las causas que derivaron en el incremento de las actividades delictivas: un Estado débil, resultado de las políticas de privatización y desmantelamiento del aparato estatal, que habían permitido garantizar el control territorial del país y que tras las decisiones adoptadas desde mediados de los 80, cedió al crimen territorios donde quien rige no es la autoridad electa, sino el poder de la delincuencia.
Subsisten altos niveles de desempleo, pérdida del poder adquisitivo de los salarios e incremento de la pobreza que ha dañado a los jóvenes, dilapidando el bono demográfico y que no se resolverá con programas asistencialistas como la Cruzada contra el Hambre; al tiempo que prevalece la rentabilidad de la economía del delito, que dota de enorme poder financiero y patrimonial al crimen, pesando cada vez más en la economía, ya que de acuerdo con Hacienda, en México se lavan 10 mil millones de dólares al año, equivalente a 3.6% del PIB.
Son muchos los asuntos trascendentes que de manera simultánea enfrenta el país, lo que no justifica distraer la atención en el mayor mal que aqueja a los ciudadanos. Subestimar esta situación implica cometer el mismo error que detonó la violencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario