Homozapping
Pemex-Siemens, la caja de Pandora
(Segunda parte)
Jenaro Villamil
Segunda parte del reportaje publicado originalmente en la edición 1907 del semanario Proceso. Consulta la primera parte aquí.
El origen del litigio, sexenio zedillista
Desde su origen, la licitación para la
modernización de la refinería Cadereyta, en Nuevo León generó polémica e
involucró a funcionarios de la paraestatal, en la época del sexenio
zedillista, que también fueron investigados por presuntas
irregularidades.
El 27 de noviembre de 1997, Pemex
Refinación le entregó el contrato para ampliar Cadereyta a Conproca.
Originalmente fue por 1,800 millones de dólares que se fue ampliando
hasta alcanzar los 2,461 millones de dólares.
El contrato fue firmado por el entonces
titular de Pemex Refinación, Jaime Mario Willars Andrade, amigo personal
del presidente Ernesto Zedillo, y por Luis Ricardo Bouchot Guerrero,
responsable del área jurídica de Pemex Refinación.
Willars
Andrade fue investigado por la Secretaría de la Función Pública en el
expediente 17/2002 por presuntos sobornos con Servicios Aéreos del
Centro S.A, de los hermanos Alfredo y Javier Miguel Afif. Al abogado
Bouchot Guerrero también se le investigó, vinculándolo con el caso de
Cadereyta.
La investigación contra ambos se
prolongó hasta febrero de 2007 cuando se determinó que ambos eran
culpables de abuso de autoridad. El Organo Interno de Control de Pemex
determinó también que Eduardo Vergara Cabrera, quien firmó como “revisor
técnico” del contrato en Cadereyta, y Máximo Téllez Rosas, subdirector
de proyectos de Pemex Refinación, habían incurrido también en abusos de
autoridad. Se les inhabilitó por 20 años y se les impuso multas por 106
millones 300 mil pesos.
Conproca trabajó en Cadereyta entre 1997
y 2000 y entregó las obras en el tiempo acordado, “incluyendo un
ajuste de menos de un año acordado con Pemex”, según la versión oficial
de la empresa.
La disputa en la Corte Internacional de
Comercio de París inició en 2001 cuando Conproca acusó a Pemex de
incumplir en el pago de los costos adicionales de la obra, cambios en
las especificaciones, entre otras.
El litigio en la CIC duró 11 años.
Durante este periodo, ocurrió el presunto acto de corrupción de César
Nava, abogado general de Pemex entre octubre de 2001 y octubre de 2003,
quien habría autorizado ilegalmente la liberación de 17 pagarés a favor
de Conproca por 2 mil 060 millones de dólares.
El 23 de diciembre de 2011, la CIC
determinó que Pemex debe pagar a Conproca 282 millones de dólares (más
intereses) por conceptos relativos a “obras adicionales” e
“interrupciones” durante modernización de la refinería de Cadereyta
entre 1997 y 2000 y también por la ejecución indebida de garantías,
costos financieros y gastos legales de arbitraje. A su vez, Conproca
debe pagar 29.1 millones de dólares.
La suma que debe pagar Pemex, de acuerdo al laudo definitivo de la CIC, asciende a más de 300 millones de dólares.
Mientras tanto, los únicos que han
salido ganando son los despachos de abogados externos que han asesorado a
Pemex tanto en el litigio ante la corte de arbitraje de París como en
el de Nueva York.
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