Batalla por el poder Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
Reforma política atiende sólo a partidos
Ciudadanos fuera de las negociaciones
Dos rutas, un resultado: reparto de botín
BC: apagón analógico genera protestas
Cierran cerco en torno a Andrés Granier
“Mejorar es cambiar; ser perfecto es cambiar a menudo”.- Winston Churchill
La cruenta lucha por el poder político, el reparto de las prebendas políticas y económicas que dejan los comicios y la desconfianza entre las tres principales fuerzas políticas del país, que se convirtieron en cómplices al firmar el Pacto por México y avalar las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto sin analizar el impacto negativo que tendrían para los trabajadores mexicanos, es el fundamento de la negociación que habrá de realizarse en la mesa política de dicho pacto para elaborar una nueva (otra más) reforma política, que más que una necesidad del país o de su población, se ha convertido en una necesidad de los propios partidos y sus dirigencias para legitimarse, puesto que su papel actualmente está sumamente cuestionado por su ausencia de posicionamientos políticos y escándalos de corrupción.
La mesa de negociación se instaló tres semanas después de que los dirigentes del PRI, PAN y PRD firmaran un adéndum, en el que se comprometían a elaborar esta reforma, como consecuencia de las denuncias que se presentaron por parte del PAN en distintos estados, entre ellos Veracruz, por el uso de recursos públicos para la compra de votos –que se han cansado de decir que quieren evitar- e irregularidades con funcionarios de gobiernos federal y estatales del PRI. La confrontación caracterizó este inicio. El dirigente panista, Gustavo Madero, recriminó, en Palacio Nacional, la prevalencia de un “ciclo perverso” de autoritarismo en los estados. Reprochó que el autoritarismo, la opacidad y la impunidad se han acuartelado en los gobiernos estatales y recriminó que el PRI ha bloqueado históricamente las reformas necesarias para el país.
A 40 días de las elecciones locales en 14 entidades federativas, Madero reprobó la intervención de los gobiernos en los procesos electorales, la falta de pluralidad y formación de mayorías democráticas en los Congresos locales que combaten precisamente las prácticas autoritarias, la impunidad de los gobernadores y el sometimiento de los medios de comunicación locales y de las autoridades electorales.
También el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, se quejó de que México vive en una disfuncionalidad institucional y pidió evitar el regreso del viejo régimen de partido de Estado o de partido cuasi único, del poder concentrado en una sola persona, sin equilibrio verdadero de poderes, fuertemente centralizado, sin federalismo ni municipalismo real, olvidando que su propia actuación al frente del principal partido de izquierda del país ha contribuido, grandemente, a la constitución de ese escenario que ahora critica acremente. Zambrano propuso un nuevo federalismo, “no ese feudalismo o balcanización en la que derivó el desarrollo de la pluralidad del país en los años anteriores o, peor aún, en donde los ejecutivos controlan Congresos locales y órganos electorales, y se llegan a situar, en ocasiones, como viejos caciques que se sienten dueños de vidas y haciendas.
El presidente nacional del PRI, César Camacho, respondió a dichos cuestionamientos y señaló que algo no tan bueno han hecho quienes habiendo logrado la alternancia no volvieron a beneficiarse con el voto. Atajó diciendo que “nadie describa un estado de cosas inexistente para justificar su ineficiencia política, mejor echemos mano de nuestra capacidad, de nuestra voluntad y talento para satisfacer las necesidades de los ciudadanos”.
Cabe destacar que esta es la primera mesa que arranca sin iniciativas de reformas formuladas por los integrantes del Pacto por México y forzada por las razones enumeradas al principio de estas líneas. Tampoco cuenta con calendario ni método y tiene la particularidad de que los desacuerdos entre los partidos políticos forzaron al proceso por dos caminos distintos: uno, el propuesto por el Consejo Rector del Pacto por México y el otro, planteado por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. El Pacto por México informó que trabajará en tres etapas: la primera, en la que la mesa elaborará las leyes secundarias de la reforma de 2012, indispensables para que funcionen las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana y la consulta popular.
La segunda etapa se ocupará de la redacción de una ley de partidos; y la tercera de los cambios al régimen político, con medidas como crear gobiernos de coalición que permitirían a los propios partidos políticos una participación más amplia del botín en que han convertido al país.
Por otra parte, los senadores del PAN y del PRD, en un acto de inconformidad ante los posicionamientos de sus dirigencias nacionales por querer imponer iniciativas al Congreso de la Unión, plantearon otra “ruta crítica” para elaborar una reforma política, en la que entre otros temas, contemplan también crear la figura de los gobiernos de coalición, y otros más como la segunda vuelta electoral y sancionar con la pérdida del registro a los partidos que permitan a sus candidatos violar la legislación en materia de elecciones. Su propuesta consta de 30 reformas constitucionales y legales, que pretenden terminar de redactar el 2 de julio y entregar a la Comisión Permanente del Congreso un día después.
A pesar de los orígenes, hay muchas coincidencias en ambas propuestas, entre las que sobresalen crear gobiernos de coalición, una ley de partidos políticos, concretar la reforma del Distrito Federal, limitar el fuero de los funcionarios públicos, reglamentar los contratos de propaganda gubernamental, aprobar las leyes reglamentarias de la reforma de 2012, y discutir la reelección, en este último punto la diferencia estriba en que el Pacto sólo prevé analizar la reelección de legisladores, en tanto que PAN y PRD proponen establecerla tanto para ellos como para autoridades municipales.
Entre los temas que difieren, sobresale que el Pacto plantea crear una sola autoridad electoral, mientras que los senadores del PAN y PRD sugieren la permanencia del actual IFE y que éste pueda organizar comicios locales cuando se compruebe que un órgano estatal actúa con “parcialidad o colusión”. El Pacto, también plantea adelantar la toma de posesión de un presidente del 1 de diciembre al 15 de septiembre, un punto que los senadores panistas y perredistas no contemplan. Adicionalmente, los legisladores de oposición proponen adelantar la fiscalización de gastos de campaña; que un candidato y su partido pierdan el registro por gastos excesivos; y que se retire la concesión a un medio que intervenga en elecciones.
Los últimos puntos no los contempla el Pacto, que si hace mención a que las campañas electorales son largas y costosas, que se revise el reparto de los tiempos en radio y televisión, así como la fiscalización de gastos en campañas, con la intención de contar con un informe antes de entregar las constancias de mayoría.
Hasta el momento, las propuestas exhibidas por los partidos políticos en general evidencian su interés por legitimarse, situación ésta que cada día, ante el posicionamiento de sus dirigentes y legisladores ante el presidente de la República, es sumamente cuestionable y confirma el temor que tiene a extinguirse al ya no responder al objetivo fundamental que tienen ante la sociedad.
En estos desencuentros, las fracciones parlamentarias del PRI en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados instaron a los dirigentes del PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Jesús Zambrano, a presentar las quejas contra el gobierno en las instancias correspondientes si incurren en violaciones a la ley electoral, en vez de chantajear con abandonar la mesa del Pacto por México.
Aquí cabe destacar la declaración del senador del PRD, Miguel Barbosa, quien aseguró que su partido no va a congelar su participación en el Pacto por México. El legislador subrayó que en el Senado no buscan rivalizar con el Pacto, sino asumir su papel como parte del Poder Legislativo.
A pesar de los oscuros intereses partidistas que dan impulso a la reforma político-electoral, hay un profundo interés de los electores en ésta, en temas como las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana y la consulta popular, mecanismos de participación ciudadana que, sin duda, ayudarían a consolidar la democracia mexicana, muy lastimada en las últimas elecciones presidenciales. Sin embargo, otros temas de gran interés para los electores no han sido contemplados en ninguna de las dos propuestas, ni las del Pacto ni las de los senadores del PRD y PAN y se refieren a la necesidad urgente de prohibir, por ejemplo, las mentiras, las falsedades, y el mal uso de los fondos públicos en actividades proselitistas.
Antes de cerrar por hoy este tema y como ejemplo de la mera lucha por el poder entre los partidos políticos, cabe destacar la guerra sucia que se desarrolla en el estado de Baja California, donde los dirigentes que más se han quejado de la inequidad de las contiendas, Gustavo Madero, del PAN, y Jesús Zambrano, del PRD, grabaron juntos y promovieron un spot contra el candidato a gobernador de la coalición Compromiso por Baja California, que encabeza el PRI, Fernando Castro Trenti. Por cierto que el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, salió en defensa de su pupilo, y dijo que es una muestra de que panistas y perredistas solos no pueden contra su gallo.
DE LOS PASILLOS
El mecanismo es un misterio y parece ser sólo para iniciados y para quienes tienen excelentes contactos con el poder presidencial en turno. Sea como sea, ya la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó 49 concesiones de servicios de telecomunicaciones, entre ellas 38 de televisión restringida. ¿A quién? Por supuesto que no lo dijo la dependencia, pero si informó que los permisos otorgados son para la comercialización de servicios de telecomunicaciones, asignaciones de uso oficial, prórroga, modificaciones y cesiones de títulos de concesión y permisos. En total, se entregaron 38 concesiones para televisión restringida, las cuales cubrirán 387 localidades en 110 municipios de 20 entidades.
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