Contrlínea
Ante el botín y el autoritarismo, debemos evaluar a los funcionarios
Álvaro Cepeda Neri *
Siguen los actos de funcionarios de todo nivel que en la cima del poder se enriquecen con el patrimonio público. Y en la capital del país –que está en busca de erigirse en un Estado más de la Federación–, existen mil maneras de saquear sus finanzas; pues quienes llegan a su jefatura, hacen transacciones económicas donde se llevan su tanto por ciento. Con excepción de los dos períodos de Uruchurtu, cuando menos desde Casas Alemán, Corona del Rosal, Martínez Domínguez, Sentíes Gómez… ¡Hank González!, Ramón Aguirre, Espinosa Villarreal, ¡Rosario Robles! y Marcelo Ebrard, salvo prueba en contrario, ninguno salió con las manos limpias. Todos han cometido, impunemente, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y un largo etcétera.
Marcelo Ebrard, por ejemplo, vendió 434 mil 590 metros de la calle Benito Juárez a un hotel en la colonia Santa Cruz. Esta vía pública está fuera del mercado de bienes y supuestamente se vendió en 4 millones, como consta en la escritura ante el Notario 227. Su precio es quizá 100 veces mayor. Alfredo Páez (Reforma, 11 de mayo de 2013) informa de esa venta que huele a enriquecimiento ilícito. Antes, también con Marcelo Ebrard, se puso a la venta otro predio público y al armarse fuerte denuncia, la operación se vino abajo. El abuso de los funcionarios carcome a las instituciones; genera odio en la población y acumula malestar social y político, que lleva a la desconfianza ciudadana y al repudio popular violento.
Este abuso también se manifiesta en aquellos que se comportan como dioses
asegurando tener la verdad absoluta, y una vez que toman una decisión
ha de acatarse sin siquiera el llamado “derecho de pataleo”. Los
Artículos constitucionales 1, 3 (para el caso estricto de los maestros),
5, 6, 7, 8, 9 y 39, fueron diseñados para cuestionar, impugnar y hasta
hacer que los funcionarios tomen buenas decisiones políticas, económicas
y sociales.
Suponiendo sin conceder, tal vez esta
Reforma Educativa sea para mejorar la calidad de la enseñanza. Y que el
peñismo tiene razón. Aunque Chuayffet debe ser evaluado en teorías
políticas, pues ha salido con la babosada de que tal reforma
“será democrática o no será”. Aunque los maestros estén equivocados, aún
así tienen derecho de impugnar. Y si han recurrido a manifestaciones
que los funcionarios y sus nazifascistas periodistas califican de
violentas, es porque los Chuayffet, “montados en su macho” (sin doble sentido), autoritariamente quieren imponer tal reforma. El locutor Jesús Martín, de Radio Red, recomienda dar de “palos” a los maestros o que se hagan realidad las amenazas peñistas.
Vendría bien someter a un examen a esos
funcionarios y políticos de la elite. Saber si están actualizados en
política económica ya que siguen aferrados al neoliberalismo de la
Thatcher. También someterlos a una revisión psiquiátrica, porque algunos
están como locos… de poder y quieren que los maestros acepten exámenes
que ponen en riesgo su empleo, sin haber sido previamente actualizados
en conocimientos. Hay que evaluar a los funcionarios, para ver si como roncan, duermen.
No hay comentarios:
Publicar un comentario