¡¡Exijamos lo Imposible!!
Continúan inquisiciones judiciales contra Contralínea
No
cesan los homicidios contra periodistas por todo el país. El de Miguel
Ángel López Velasco (experto en temas de seguridad y narcotráfico,
columnista del diario Notiver), quien fue asesinado junto con su esposa y
su hijo Misael por un comando armado que entró por la fuerza a su casa,
en el puerto de Veracruz, la madrugada del 20 de junio de 2011, a lo
que el desgobernador Javier Duarte permanece indiferente; o el
secuestro-desaparición de Marco Antonio López Ortiz, jefe de Información
del periódico Novedades de Acapulco (que se distribuye en
Guerrero), el 7 de junio de 2011, en el bar Dos Arbolitos, en Acapulco
de Juárez. Hecho que también ha dejado en el olvido el desgobernador de
filiación perredista-panista, Ángel Aguirre Rivero, aliado de Marcelo
Ebrard, jefe del gobierno del Distrito Federal. Ambos son asesorados por
el exsalinista y expriísta religiosamente fanatizado, Manuel Camacho,
para seguir consumando la traición a Andrés Manuel López Obrador.
En Sonora, de Eduardo Bours Castelo a Guillermo Padrés Elías (exgobernador y actual mandatario de la entidad) cortados por la misma tijera de la corrupción, ya dejaron sin resolver la desaparición y ejecución de Alfredo Jiménez Mota (levantado el 2 de abril de 2005), periodista del diario El Imparcial de Hermosillo y que con el arribo de los panistas el gobierno se ha convertido en el parcial
a esos intereses religioso-políticos. Y todas las inquisiciones
judiciales, en la forma de demandas civiles contra periódicos y sus
editores se suman a las amenazas cumplidas de los delincuentes para
impedir la información sobre éstos. De esta manera las libertades de
prensa están acosadas, de tal forma que son ya cientos de trabajadores
del periodismo a los que han privado de la vida, libertad y, de paso,
impuesto la censura.
Empresarios y funcionarios que quieren censurar la información,
sobre todo la que se genera dentro y fuera de Petróleos Mexicanos
(Pemex), respecto a la voracidad de quienes desde el sector privado la
tienen sitiada para seguir con sus intentos de privatizarla con el visto
bueno del panismo-calderonista. Ahora, (como en el levantamiento
histórico del pueblo de Fuenteovejuna, en 1476, y que el dramaturgo
español Félix Lope de Vega y Carpio perpetuó en su drama teatral del
mismo nombre) funcionarios y empresarios que han sido objeto del derecho
a la información se han unido en una complicidad anticonstitucional al
atacar las libertades de escribir y publicar sobre cualquier materia, e
infringen la jurisprudencia vigente para que Contralínea deje de
publicar investigaciones periodísticas e impedir que esa información
circule en el contexto de análisis y críticas a su desempeño depredador.
El semanario sigue en la mira de esa complicidad, ya que el
panismo (antes foxista hoy calderonista) ha fomentado la integración del
sector público al privado con sus propósitos perversos de que en el
mercado libre… ¡libre de controles y entramado jurídico para regular y
sancionar los excesos empresariales!, sólo tengan cabida los intereses
creados del sector privado. Pero como Contralínea acata no
recibir “línea” y afianzarse en su hacer y quehacer periodístico sin
cortapisas, insiste en exhibir a través de la información veraz y
contrastada, cómo los empresarios despojan a Pemex y a otros organismos
como los institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, la Lotería Nacional,
Pronósticos Deportivos, etcétera. Esos funcionarios y hombres de presa se han dedicado a fincar inquisiciones judiciales a Contralínea,
en la que sus reporteros publican investigaciones para conocimiento de
la opinión pública, la cual debe de estar informada con la máxima
libertad de expresión constitucional.
Los órganos judiciales del Distrito Federal y de algunas entidades,
tienen no denuncias civiles contra la revista, sino auténticas
inquisiciones judiciales que jueces y magistrados de jure deberían de declarar improcedentes; pero sospechosamente les dan entrada para fijar procedimientos civiles con la mira
de quebrarla con indemnizaciones a funcionarios y empresarios (e
incluso a quienes demandan un pago por daño moral, como el caso contra
el historiador y académico Lorenzo Meyer Cosío).
Contralínea sigue sufriendo los embates judiciales, no
obstante que constitucionalmente “la manifestación de las ideas no será
objeto de ninguna inquisición judicial” y de que “es inviolable la
libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia”.
Empero, funcionarios y empresarios que tienen a su servicio órganos
judiciales decretan sanciones contra este semanario y no dejan de tener
sobre éste la espada de Damocles como un peligro que amenaza de manera continua la libertad de prensa.
Se pretende, pues, intimidar a sus periodistas con inquisiciones
judiciales y sanciones de inquisición administrativa, de pagos por
dizque daño moral con la finalidad de que deje de publicarse. Pero no
lograrán este cometido, pues antes recurrirá la revista a instancias
internacionales si los órganos judiciales mexicanos insisten en dar
cabida a las amenazas empresariales y de funcionarios de Felipe
Calderón.
Temas relacionados:
Con Calderón, retroceso en libertad de prensa: ONU y CIDH
Con Calderón, 63 periodistas asesinados y desaparecidos
Con Calderón, 63 periodistas asesinados y desaparecidos
*Periodista
No hay comentarios:
Publicar un comentario