Alejandro Encinas Rodríguez
No me refiero al bolero de Abelardo Pulido que popularizara Javier Solís, tampoco a ninguno de los cada vez más frecuentes dirigentes de las izquierdas, me refiero al acuerdo que Felipe Calderón suscribió con la secretaria de Estado del gobierno de los Estados Unidos de América (EUA), Hillary Clinton, que sienta las bases para que empresas petroleras estadounidenses y Pemex exploren las posibles reservas de crudo en yacimientos transfronterizos en el Golfo de México, y que a mi juicio viola la ley y empeña la soberanía energética de nuestro país.
Pemex, séptimo productor de crudo en el mundo, estima que hay recursos potenciales por 29 mil millones de barriles de petróleo en yacimientos profundos en aguas patrimoniales del Golfo de México, por lo que un acuerdo en esta materia no es asunto menor. Menos aún cuando en el acto en que se suscribió dicho convenio el secretario del Interior de EUA, Kenneth Salazar, señaló que “Para los Estados Unidos este acuerdo nos permite ampliar responsablemente nuestro desarrollo de hidrocarburos en el Golfo de México.
Prácticamente una tercera parte de la energía que se produce en Estados Unidos proviene de esta región”. Es decir, se trata de un asunto estratégico para la seguridad energética de los vecinos del Norte.
El mismo funcionario anunció que en el mes de junio próximo se llevará a cabo una licitación para el Golfo de México central, donde las compañías estadounidenses considerarán la inversión en las mencionadas “licencias” para realizar acciones para la exploración y explotación por parte de empresas extranjeras en territorio nacional, lo que constituiría una flagrante violación a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución, ya que, entre otras disposiciones, el artículo 27 establece que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas” y que “el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible”.
Este convenio revive la pretensión privatizadora que inició con la reforma a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional de 2008, cuando se pretendió abrir a la inversión extranjera las mismas áreas estratégicas ahora objeto de un acuerdo que nadie conoce, pues si bien una subcomisión del Senado de la República participó en las pláticas previas, no conoció los términos finales del convenio, manteniéndose a la fecha oculto.
Cabe señalar que todo acuerdo o tratado de esta naturaleza requiere de la aprobación del Senado, cámara que tiene la facultad exclusiva para “Aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos”.
Por ello, resulta inaceptable que mediante un acuerdo administrativo entre dependencias del Poder Ejecutivo de ambos países se dé por sentada la aprobación para la exploración y explotación de yacimientos transfronterizos y se pretenda, sin la firma de un tratado y la ratificación del Senado, establecer un acuerdo de facto, con un problema adicional: la legislación norteamericana otorga al Senado estadounidense la facultad para otorgar “concesiones” a particulares en la explotación petrolera, lo que en México prohíbe la Constitución.
La seguridad energética del país requiere una política de Estado que atienda los intereses nacionales y considere la transición energética y al petróleo como un recurso no renovable vital para el desarrollo. Lo menos que debe hacer Felipe Calderón es rendir cuentas al Senado y hacer público el contenido del acuerdo firmado y las bases jurídicas que lo sustentan.
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