Minas de sangre
Napoleón Gómez Urrutia
Tradicionalmente, el
desarrollo de la minería y de la industria de transformación de los
metales ha estado ligado en México a la explotación sin control de los
recursos minerales y de la mano de obra. Esta situación, sin embargo, se
ha intensificado durante los últimos 12 años, por la falta de una
política de racionalidad y de respeto a los derechos humanos, de la cual
nuestro país cada vez se aparta más.
Hay casos claros y evidentes de la protección y el encubrimiento oficial hacia algunas empresas, que resulta no sólo lamentable por el servilismo del gobierno, sino totalmente deshonesto. Ese triste y descarado papel lo han jugado los secretarios del Trabajo Francisco Javier Salazar, con Vicente Fox, y Javier Lozano Alarcón bajo las órdenes de Felipe Calderón. Ese tipo de burócratas han pervertido la responsabilidad de esa secretaría, la han convertido en un botín al beneficiar a unos cuantos y reprimir a la gran mayoría de los trabajadores y sindicatos democráticos e independientes del país. Hoy ambos, apoyados por el Partido Acción Nacional y por los empresarios a los que abyectamente han servido, buscan ocupar una posición en el Senado de la República, desde donde, de llegar, continuarán traicionando y dañando al país, elaborando o modificando leyes para servirles cínicamente mejor a sus jefes.
Mientras, la explotación de los trabajadores continúa. El Grupo Peñoles ha tenido durante los últimos dos años más de 20 muertos y 40 heridos graves en sus minas y plantas, además de que ha utilizado a grupos paramilitares, traidores y golpeadores cuando los trabajadores han protestado, como fue el caso del asesinato con tubos y palos del trabajador minero Juventino Flores Salas, en Fresnillo, Zacatecas, el 10 de junio de 2009. Hubo también otros heridos graves y la destrucción de vehículos, sin que ninguna autoridad haya actuado, cuando esos crímenes se persiguen de oficio.
Peñoles lleva también muchos años contaminando con plomo, zinc y otros metales el medio ambiente y las aguas residuales, lo que produce daños irreversibles a la salud de cientos de niños, comunidades enteras y a los propios trabajadores en sus plantas de Torreón, Coahuila, y en otras regiones del país.
El Grupo Acerero del Norte, GAN, ha cometido las mismas o peores faltas en Monclova y en la región carbonífera de Coahuila, sin que ningún gobierno estatal o federal lo investigue y lo sancione con todo el peso de la ley. Además de reprimir y utilizar porros y golpeadores para controlar y humillar a los trabajadores e imponer contratos de protección, los directivos de GAN se han dedicado a corromper a una camarilla de traidores para desvincular a los trabajadores de su organización sindical, para mutilar sus contratos colectivos y entregarle a sindicatos espurios los derechos y conquistas acumulados durante más de 60 años, en complicidad abierta con la CTM y los gobiernos del estado de Coahuila. Sin duda están preparando el terreno para entregar la empresa a sus socios coreanos de la firma Pohang Iron and Steel Company, al costo del sacrificio y la sangre de sus propios trabajadores.
Del año 2006 a la fecha, en que los accionistas y el cuerpo directivo de Grupo México decidieron agredir al sindicato minero, han tenido más de 100 trabajadores muertos y alrededor de 200 heridos. Tan sólo en Cananea desde el 6 de junio de 2010, cuando ocuparon ilegalmente la mina después de una obvia simulación jurídica con todo el apoyo del gobierno y más de 4 mil elementos de la PFP, de la policía estatal e incluso del Ejército, han muerto más de 20
contratistassin ninguna capacitación, y ha habido más de 100 heridos, no sólo de esos esquiroles que reclutan hasta en Centroamérica, sino inclusive de elementos de las mismas fuerzas policiacas.
Grupo México, al igual que Peñoles o GAN, han convertido sus minas y plantas en verdaderos campos de concentración donde reprimen, torturan y humillan sistemáticamente a los trabajadores, como si fuera un esclavismo moderno disfrazado. Por contraparte, deslumbran al gobierno panista con nuevos montos de inversiones adicionales. A partir de esa sobrexplotación del trabajo humano y de un crecimiento sin precedente de la minería, Germán Larrea, de Grupo México, y Alberto Bailleres, de Peñoles, han llegado a ser el segundo y tercer hombres más ricos de México, según Forbes.
Se tiene que poner un alto a esta explotación brutal en esas minas de sangre, como se las conoce en todo el mundo. El próximo gobierno está obligado moral, social y jurídicamente a detener y corregir esa política absurda de explotación irracional de la fuerza de trabajo y de los seres humanos, y a imponer una ley, como lo he venido proponiendo, que penalice la irresponsabilidad y la negligencia criminal de las empresas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario