La Jornada
La impunidad como síndrome nacional
Magdalena Gómez
Son diversos los casos
de violación grave de derechos humanos que permanecen bajo el manto de
la impunidad en todo el país. Destaco los emblemáticos de 1968 y 1971 y
la masacre de Acteal, en 1997. Las discusiones del año 2000 sobre la
pertinencia de crear una comisión de la verdad o bien una fiscalía
especializada en la investigación sobre delitos del pasado privilegió
esta última bajo el supuesto de que tendría efectos jurídicos inmediatos
con la consignación de presuntos responsables. Hoy seguimos sin
sentenciados por esos crímenes, y en el caso de Acteal con sentenciados
como autores materiales liberados en el último tiempo por
consideraciones de violación al debido proceso, mientras la autoría
intelectual se encuentra en el limbo. Quien fue presidente de la
República en tiempos de masacres obtiene nominaciones a favor de la paz y
el diálogo, y logra el ingreso como miembro al colectivo The Elders, a
la vez que obtiene un triunfo jurídico político con la decisión del juez
de la corte de distrito del estado de Connecticut, que desechó la
demanda en su contra por su presunta responsabilidad en la matanza de
Acteal en 1997. Por su parte, su autoexonerado secretario de Gobernación
Emilio Chuayffet hoy despacha en la oficina de la SEP, mientras la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue estudiando el caso. En
los hechos el crimen de Estado se mantiene impune, con lo cual la
ausencia de justicia conlleva el vacío de garantías de no repetición.
un mensaje de odio y de violencia. Evangélicos priístas, vinculados con los paramilitares que perpetraron la masacre de Acteal, detuvieron en días pasados a tres tzotziles, acusándolos sin pruebas de
contaminarel agua de la comunidad. Las diferencias por motivos religiosos se han presentado décadas atrás, pero la clave para que no deriven en conflictos mayores ha estado anclada en los procesos de conciliación internos, ello cuando el ámbito comunitario no está penetrado por intereses caciquiles frecuentemente asociados de manera especial al que otrora fue considerado partido oficial. Sin embargo, la región actualmente mantiene latente la tensión derivada de la estrategia contrainsurgente aplicada, entre otros elementos, con el apoyo y/o la formación de grupos paramilitares. De esta manera se configura el escenario de los llamados
conflictos intracomunitarioscon los que el Estado pretende exculparse. El componente de provocación está claro, por ello la junta de buen gobierno de Oventic denunció la violencia ocurrida el pasado 20 de julio en el ejido Puebla, municipio autónomo de San Pedro Polhó. Y señaló:
el problema aparentemente es sobre la construcción de la ermita; cuando en realidad es un ataque contra las bases de apoyo zapatistas y sus simpatizantes, que desde hace años también son víctimas de amenazas, desplazamientos y otras barbaridades de paramilitares, autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales. Y sentenció:
Los gobiernos, jueces y ministerios son expertos en fabricar delitos a personas inocentes y nunca en aplicar justicia. Los detenidos fueron liberados con la defensa del centro Frayba. Evidentemente, el conflicto no está desactivado y por acción u omisión son presuntos responsables de lo que suceda tanto el gobierno en Chiapas como el federal. De la Cocopa poco o nada se puede esperar ocupados como están los partidos en disputarse el turno de su presidencia que les da acceso a recursos. La CNDH bien haría en acercarse a Chenalhó y dar cuenta del riesgo latente de repetición que lamentablemente está presente.
Obviamente el gobierno federal no está para dimensiones éticas; sus empeños están en sus llamadas reformas estructurales, en abrir al capital privado el control del petróleo, lo cual no es privatizar, dicen, con Perogrullo como libro de cabecera.
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