jueves, 25 de julio de 2013

A siete años de una ineficaz y puta guerra

¡¡Exijamos lo Imposible!! 
Por Esto!
Sin estrategia efectiva
Ricardo Monreal Avila

En diciembre de 2006, Felipe Calderón lanzó su guerra contra las drogas. Eligió Michoacán como escenario, portando un traje militar de campaña verde olivo, que lució tan grande y tan fuera de lugar que quedó como icono de la naturaleza experimental, improvisada y fallida de aquella aventura sangrienta y dolorosa que aún no termina.

Siete años después de aquella impronta, Michoacán está en una situación peor de inseguridad: regiones completas del estado bajo control de bandas criminales (Familia Michoacana y Templarios); poblaciones y comunidades desoladas, por el desplazamiento que produce la inseguridad; proliferación de grupos de autodefensa comunitarios, de dudoso origen (algunos lo integran ciudadanos auténticos, otros son delincuentes infiltrados); secuestro y extorsión a las empresas que aún funcionan; un gobernador con licencia de salud de nueve meses, a la espera del alumbramiento de un gobierno provisional que no pueda convocar a elecciones extraordinarias porque las perdería el actual partido gobernante, el PRI; y un gobernador interino que no ve en ninguno de estos síntomas un “riesgo de ingobernabilidad”.

Anteayer, el martes 23 de julio, en un solo día, el parte de guerra michoacano fue el más violento de los ocho meses del actual gobierno federal: seis ataques contra agentes de la PF; cuatro bloqueos carreteros; dos policías muertos y 15 heridos; 20 presuntos delincuentes abatidos y una cantidad no contabilizada de lesionados. En total, 22 muertos en una sola confrontación.

La guerra de Calderón (porque sólo él tenía las facultades y competencias para lanzarla) tuvo cuatro objetivos manifiestos: recuperar territorios en poder de la delincuencia; abatir las ejecuciones; reducir la impunidad; y disminuir las adicciones, especialmente entre los jóvenes. Ninguno se alcanzó.

Por el contrario, el cáncer de piel en la espalda del país hizo metástasis y hoy la mitad el cuerpo está cundido por la violencia, los desplazamientos, la extorsión, el derecho de piso, los secuestros y, en las últimas semanas, por desapariciones masivas como los 12 jóvenes del bar Heavens, dos familias completas en Morelos, un grupo de jóvenes llevados con engaños por el PRI al municipio de Alamos en Veracruz y 32 músicos gruperos que viajaban a Tlaxcala.

En su toma de posesión, Peña Nieto señaló que no combatiría la delincuencia únicamente con la fuerza y anunció tres acciones inmediatas: activar un programa nacional de prevención del delito, una iniciativa para disponer de un solo código penal en el país y la promulgación inmediata de la Ley General de Víctimas. Anunciaría después el proyecto de la Gendarmería Nacional (con una definición, naturaleza, contenido y presupuesto inciertos), el retorno de las funciones de seguridad pública a la Secretaría de Gobernación, la centralización de las labores de inteligencia en la misma dependencia y, de manera destacada, la coordinación en un solo mando (SEGOB) de toda la política de seguridad pública. Por último, el titular del Ejecutivo pidió un año para ver resultados en materia de seguridad.

Si esto es la “estrategia” del actual gobierno, debemos concluir que no se distingue gran cosa de la estrategia de su antecesor, más allá del elemento discursivo y mediático con que se presentaba a la opinión pública la captura de un capo o el golpe a un grupo delincuencial importante, como acaba de acontecer con la aprehensión del llamado Z-40.

El énfasis en la prevención social está presente desde el programa “Juárez Seguro” y en los diversos programas de rescate de espacios públicos del gobierno anterior; la Gendarmería equivale a la creación en su momento de la PF, como “marca” distintiva de la actual administración; y la captura de capos sigue el patrón de golpear la cabeza del avispero dejando intacta la producción de miel, por lo que el panal se fragmenta y alborota pero no se extingue.

En reciente entrevista con Le Figaro, la visión del mandatario mexicano fue similar a la de su antecesor: la violencia va a la baja, tenemos una lista de 140 jefes del crimen, lo mejor es la prevención y el consumo interno se ha disparado. Pero nada de nada sobre los objetivos, las metas y los alcances de lo que el diccionario de la Real Academia define como “estrategia: arte de dirigir las operaciones militares; traza o ruta para concluir exitosamente un asunto; en un proceso regulable, conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento”.

A falta de objetivos visibles para saber si la actual política oficial de combate a la inseguridad es estratégicamente adecuada, procede enlistar una serie de indicadores mínimos con los cuales habrá que hacer el balance desde la sociedad misma. 1) ¿Cómo se están comportando los delitos de mayor impacto social: ejecuciones, secuestro, extorsión y desapariciones?; 2) ¿El precio de los estupefacientes en la calle se ha disparado, ha caído o se mantiene sin cambio?; 3) ¿Los puntos de venta de los mismos ha disminuido o se ha extendido?; 4) La población adicta, ¿se ha disparado o se ha disipado?, ¿cómo están funcionando los programas de rehabilitación y prevención de adicciones?; 5) las denuncias por violaciones de derechos humanos de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿aumentan o disminuyen?, ¿cuántas se han resuelto y cuántas están pendientes?; 6) ¿A cuánto asciende el decomiso de mercancías, armas, bienes y recursos económicos ilegales decomisados a los grupos criminales?, ¿cuál es el destino de los mismos?, ¿estos decomisos ponen en peligro de extinción a los cárteles o equivale a quitar un pelo a un gato de angora?; 7) ¿se está atendiendo a las víctimas conforme a la nueva legislación?; 8) ¿hay una política de rehabilitación, seguimiento y oportunidades de integración a los excarcelados por delitos contra la salud y delincuencia organizada?; 9) ¿se tiene una base de datos confiable de los desertores de las fuerzas armadas y policiales, y de su nueva ocupación?; 10) ¿Cuál es la política de atención a los jóvenes en las zonas marginadas de mayor incidencia delictiva?

Así como una golondrina no hace verano, la detención de un líder Zeta no nos dice gran cosa sobre el ABC de una estrategia integral de combate a la inseguridad. A menos que la estrategia sea no tener estrategia. Con lo cual estaríamos no frente a una política de Estado sobre seguridad, sino a una conocida recomendación de El Borras para matar el tiempo y practicar un conocido juego de salón llamado “El Tío Lolo”.

ricardomonreala@yahoo.com.mx
Twitter: @ricardomonreala

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