Por Esto!
Inútil tanto discurso sin sentido
Guillermo Fabela Quiñones
Apuntes
Es comprensible la preocupación por la cada vez más lejana posibilidad de hacer valer el Estado de Derecho en el país. Está preocupado Enrique Peña Nieto, pero más la sociedad en su conjunto, aunque por motivos diferentes. El titular del Ejecutivo federal lo está porque no se ha reducido la violencia, aunque diga lo contrario, el pueblo lo está porque es el principal afectado por una realidad espeluznante, en la que la ausencia de paz social es sólo su aspecto más visible.
En el homenaje póstumo al vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, Peña Nieto ratificó el compromiso de su gobierno de garantizar el Estado de Derecho en el país, aunque no hizo una sola mención a cómo hacerle para lograr un objetivo inaplazable. La verdad es que no puede establecer un compromiso serio con tal finalidad, porque ello implica reconocer que la culpa de la situación prevaleciente la tiene el régimen que encabeza, al servicio de intereses que se benefician con la realidad imperante.
A la minoría beneficiaria de un estado de cosas injusto para la gran mayoría de la población, no le preocupa que las cosas irán de mal en peor en tanto la población mayoritaria siga siendo excluida del proceso de desarrollo nacional. Así que salen sobrando todos los discursos vacíos con los que se quiere curar en salud el gobierno de la República. No son siete millones los pobres que dice la Secretaría de Desarrollo Social existen en México, sino 53.3 millones, de acuerdo con la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En tal realidad, es impensable la existencia de un elemental Estado de Derecho, mucho menos cuando no existe una mínima voluntad para modificar un modelo económico excluyente, antidemocrático. México es en este momento uno de los países más injustos de todo el tercer mundo. Así lo patentizan evaluaciones de la ONU, de la Cepal y de la OIT, principalmente. A esta situación, curiosamente, no hace mención la Casa Blanca, cuyo único interés hacia México es por el lado del “terrorismo” que significa el narcotráfico, lo cual demuestra que se trata de un mero pretexto para justificar una más firme intromisión en nuestro país.
Dijo Peña Nieto: “A lo largo de su historia, nuestra nación ha superado sus desafíos con hombres y mujeres que han cumplido con su deber sin importar riesgos o peligros”. Sólo que se le olvidó puntualizar que lo han hecho con el fin de servir al pueblo, no a una minoría excluyente y absolutamente deshumanizada. Se equivoca el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Díaz, al afirmar que “para que prevalezca el Estado de Derecho, la libertad y la paz”, es suficiente “luchar contra las actividades ilícitas, y así devolver a la nación la tranquilidad a la que tiene derecho”.
Como lo han dicho diversos analistas, el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, advirtió que “el problema (de la violencia y la inseguridad) debe solucionarse cambiando el modelo económico, generando empleos de calidad y redoblando esfuerzos para mejorar los niveles de acceso a la educación de los mexicanos”. Sin embargo, esto es precisamente lo que no quiere hacer el Ejecutivo federal, comprometido como está con los grandes intereses trasnacionales, empeñados en hundir a la sociedad mexicana en una realidad apocalíptica, para lo que tienen un evidente apoyo del gobierno federal.
Esta es una realidad inobjetable, de acuerdo con las muchas evidencias. Si no existiera tal compromiso con los titiriteros del exterior, desde cuándo se hubieran tomado las verdaderas medidas correctivas. Así que es un esfuerzo inútil del Ejecutivo federal querernos seguir engañando con discursos demagógicos ajenos a los hechos concretos que se viven en el país. Lo que se está consiguiendo, eficazmente, es hundir a México en un pantano de violencia e inseguridad que le permita a la Casa Blanca intervenir sin ninguna cortapisa en nuestros asuntos nacionales.
Es por demás ilustrativa la denuncia de indígenas purépechas del municipio de Los Reyes, en Michoacán: “El silencio de la autoridad se vuelve cómplice (del crimen organizado). Aquí estamos (en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez) para exigir justicia”. El problema de fondo, en el sistema oligárquico predominante, es que la justicia no es para los pobres.
(guillermo.fabela@hotmail.com)
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