Homozapping
CUSAEM, la corporación policiaca al servicio de los políticos
(Segunda Parte)
Jenaro Villamil
La mina de oro
Ciertas o no las versiones e indicios que vinculan a algunos de sus directivos y comandantes con el crimen organizado, Cusaem es una auténtica mina de oro, cuyos fondos no son fiscalizados, su denominación fiscal es ambigua y el número total de sus elementos varía entre 17 mil y 35 mil agentes, configurándola como la segunda corporación más grande del país, sólo debajo de la policía auxiliar capitalina.
La corporación cuenta con más de 3 mil clientes, a quienes les ofrece distintos servicios: guardias intramuros para proteger instalaciones y manejo de situaciones de contingencia; custodia de mercancías en movimiento, que incluye a agentes con licencia de portación de armas; escoltas; Grupo Atenea, creado en agosto de 2008 y formado por elementos de élite femenil encargado de brindar servicios de escolta y protección a empresarios y políticos; y el Travel Security Services, considerado como el VIP de Cusaem ya que salvaguarda la integridad física de empresarios, industriales, embajadores, diplomáticos y artistas en la Zona del Valle de México; grupo canino y también servicios de “tecnologías”. En otras palabras, sistemas de escucha y espionaje.
La página web www.cusaem.gob.mx presume las siguientes “ventajas competitivas”: elementos con licencia de portación de armas de fuego, estado de fuerza superior a los 19 mil elementos, armamento de punta “legalmente registrado”; frecuencia de radio con la policía estatal, parque vehicular superior a las 600 unidades de servicio y patrullaje, así como análisis de riesgos, “previo a la contratación”.
De acuerdo con información de la propia Cusaem, un servicio VIP que incluya escoltas de élite puede costar de 250 a 330 dólares por día. Un escolta con equipo de radiocomunicaciones se alquila en 250 dólares diarios, mientras que un guardaespaldas armado con un fusil AR-15 se consigue en 330 dólares. Una camioneta Hummer, Nitro o Durango con blindaje “nivel cuatro”, resistente a impactos de bala de AK-47, se renta en 400 dólares por día, y un vehículo sin blindaje se renta en 350 dólares. Estos servicios incluye “un asistente políglota-inglés, francés italiano o mandarín”.
En octubre de 2011, frente a varias denuncias en el Congreso local por las irregularidades en la operación de Cusaem, el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México (SSC), Salvador Neme Sastré, se comprometió a regular estos cuerpos policiacos, pero omitió hablar sobre la posibilidad de fiscalizar sus millonarios ingresos.
Durante la discusión de la Ley de Seguridad Estatal, el mismo mes, los diputados panistas Carlos Madrazo Limón y Gustavo Parra Noriega, así como el priista Carlos Iriarte Mercado, promovieron un artículo transitorio que obligaba al Ejecutivo estatal a “expedir disposiciones administrativas” para regular a policías auxiliares de Cusaem.
El entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, José Manzur, afirmó: “no sé por qué satanizan tanto el trajo de Cusaem de 20 mil o 22 mil policías que están dándole servicio a muchas oficinas de gobierno, a muchas empresas y que están trabajando bien” (ver Proceso, No. 1829)
José Manzur es al mismo que señalaban como amigo y protector del efímero director asesinado de la Cusaem, José Luis García Figueroa.
El ex diputado local panista Carlos Madrazo Limón, presidente de la Comisión de Vigilancia del Organo Superior de Fiscalización del Estado de México, también advirtió a Proceso que la principal resistencia es a realizar auditorías al manejo de los fondos y a los ingresos de la corporación que asciendan a un mínimo de 2 mil millones de pesos anuales.
Muchos agentes de Cusaem han denunciado el manejo irregular de recursos aportados al Fideicomiso de Administración e Inversión de Cusaem, creado en junio de 2006, cuando Wilfrido Robledo Madrid fue el titular de la ASE en el Estado de México.
La Secretaría de Finanzas del Estado de México asegura no tener conocimiento del monto que obra en el fideicomiso, argumentando que no tiene facultades para conocer sobre una corporación que no pertenece al gobierno estatal. Tampoco se sabe a dónde van a parar los millones de pesos de presuntas prestaciones que se les descuentan como el servicio médico en el ISSEMYM (Seguro Social del Estado de México), préstamos, pagos de tiempo extra y fraudes cometidos por los comandantes y directivos a través de rifas organizadas para aplicar mejoras a las prestaciones de los trabajadores.
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