Jenaro Villamil
Televisa a la defensiva tras la sentencia en contra de 18 mexicanos en Nicaragua
Cuatro meses después de ser detenidos en Nicaragua en 6 camionetas con el logotipo de Grupo Televisa y 9.2 millones de dólares en efectivo, los 18 mexicanos encabezados por Raquel Alatorre Correa fueron declarados culpables por el delito de tráfico internacional de drogas, según la sentencia del juez Edgar Altamirano.
El desenlace de este juicio que llamó la
atención de la prensa centroamericana y colocó a Grupo Televisa en un
papel reactivo, a la defensiva, negando siempre que alguno de los
detenidos tuviera alguna relación con el consorcio, aún tendrá otro
episodio el 18 de enero.
El noticiario estelar de Televisa,
conducido por Joaquín López Dóriga, informó de manera escueta en la
emisión del 19 de diciembre, privilegiando la versión del juez
Altamirano, quien consideró que los responsables “enmascaraban” el
ilítico con el logotipo de la empresa de Azcárraga Jean.
Editorializando,
López Dóriga afirmó que el juez nicaragüense en ningún momento pudo
acreditar que los culpables trabajaran para la televisora “como falsa y
dolosamente se ha repetido todas las mañanas desde hace meses”, en clara
referencia al noticiero dirigido por Carmen Aristegui, en MVS Radio,
sin mencionarla explícitamente.
Este es apenas el más reciente de los
contrataques de Grupo Televisa frente a este episodio que ha despertado
muchas dudas. López Dóriga no hizo referencia a los nombres de Amador
Narcia, vicepresidente de información nacional, y de Claudio X.
González, empresario vinculado a la televisora, que fueron mencionados
en el desahogo de pruebas.
Raquel Alatorre Correa, la líder del
grupo, declaró escuetamente que su última petición era “ser trasladada
al Centro Penitenciario La Esperanza,”. Regresó a su silla, en la
última fila del sitio donde se desarrolló el juicio público, y mantuvo
su hermético silencio.
Juan Luis Torres, a quien se le
identificó como el número 2 del grupo, fue más explícito. Afirmó que
“desde el 20 de agosto, hemos estado detenidos, confinados, custodiados
por militares y policías. No nos permiten ir al baño, comer. Estoy
hablando con la verdad, mi dios es testigo. No respetaron nuestros
derechos”.
En el juzgado estuvo presente el cónsul
mexicano en Nicaragua, Germán Murguía, hablando constantemente por su
teléfono móvil. La cancillería mexicana se destacó en todo este juicio
por su papel de defensor de oficio de Grupo Televisa y no de los
detenidos. Desde el principio, la Secretaría de Relaciones Exteriores
negó cualquier vínculo entre la caravana y la empresa de comunicaciones.
Las 6 camionetas fueron decomisadas por
las autoridades nicaragüenses. No estaban sólo “enmascaradas” con el
logotipo de Televisa. También estaban equipadas con lo necesario para
transmitir vía satélite y grabar. Las versiones de los inculpados fueron
contradictorias. Lo mismo dijeron que viajaban para investigar a Carlos
Slim que para hacer un reportaje sobre parques naturales en Costa Rica
que para seguir una “pista” sobre narcotráfico.
El Litigio de Grupo Televisa
Inamovible, Grupo Televisa mantuvo una
única versión en los 4 meses: no existe ninguna relación entre las
camionetas, los detenidos y las presuntas llamadas telefónicas
realizadas a directivos de la empresa.
Conforme se fueron desahogando algunas
pistas del caso, incluyendo oficios presuntamente firmados por Amador
Narcia, así como los registros vehiculares de las camionetas realizadas
por gestores y representantes legales a nombre de Televisa, la empresa
se enredó, pero no realizó ninguna investigación pública.
Por el contrario, decidió emprender su
poder mediático en contra de los medios que cubrieron otros ángulos,
especialmente, en contra de Carmen Aristegui, conductora de MVS
Noticias, grupo adversario a Televisa.
Hace mes y medio, Grupo Televisa emitió
un comunicado de 4 cuartillas para denostar la información proporcionada
en las últimas semanas por la periodista Carmen Aristegui, y a defender
a su vicepresidente de Información, Amador Narcia, quien el 8 de
noviembre fue reconocido con el galardón Antena CIRT, otorgado por el
organismo cúpula de los concesionarios de radio y televisión.
El 8 de noviembre Televisa enumeró 4
puntos “aclaratorios”. Acusó de “difamación” y “mentira” a la periodista
Carmen Aristegui (mencionada 9 veces en el texto) y defendió a su
vicepresidente de Información Nacional, Amador Narcia, quien ese mismo
día fue mencionado de nuevo en el caso.
Un número telefónico a nombre de Amador
Narcia apareció en los registros de llamadas y en las agendas
telefónicas de los detenidos, especialmente de Raquel Alatorre Correa,
la presunta líder de la “caravana” detenida el 20 de agosto, según la
información publicada por el diario nicaragüense Confidencial.com .
De acuerdo a la información de este
medio, los mexicanos portaban cinco teléfonos móviles inscritos en
Nicaragua. De esos celulares realizaron más de 30 llamadas a números
telefónicos que ya habían sido dados de baja, incluyendo uno que
presuntamente era a la “oficina Televisa” (005215584217143) otro del
“Lic. Amador Narcia” y uno más del consulado mexicano en Nicaragua,
según complementó la información de MVS Noticias el 8 de noviembre.
Los directivos de Grupo Televisa
promovieron que Narcia fuera galardonado con el premio Antena CIRT en la
pasarela anual de los concesionarios ante autoridades y legisladores.
Además del directivo de Televisa, fueron reconocidos el concesionario
Francisco Aguirre Gómez, de Radio Centro, y Christian Martinoli, de TV
Azteca.
Los “Papelitos” de Narcia
Proceso publicó en su edición
1875, del 7 de octubre, que recibió en la redacción de la revista la
copia de dos cartas, firmadas por Amador Narcia Estrada, vicepresidente
de Información Nacional de Televisa, dirigidas a las autoridades de
Nicaragua y de Costa Rica, para que “brinden la ayuda posible para la
función que los compañeros reporteros y personal técnico portadores de
ésta, puedan realizar la labor correspondiente”.
Uno de esos oficios, en poder de Proceso
y con el logotipo de Televisa, informa que una de las unidades es
conducidas por Rodolfo Jiménez Camacho (con placas 886-XCR), cuya
función es “grabar en diversas locaciones” de Nicaragua. El nombre
coincide con uno de los detenidos en Nicaragua, quien dijo ser
“conductor de unidad móvil”. Al ser detenido portaba un carnet de
Televisa con folio B62271.2
Otro oficio, con fecha del 14 de agosto,
dirigido a las “autoridades correspondientes” de Costa Rica, informa que
una de las unidades es conducida por Julio César Alvarado Salas, con
placas 444-XCJ, “misma que tiene la función de grabar en diversas
locaciones”.
Los documentos detallan el equipamiento
de ambas camionetas que es el ideal para la transmisión vía satelital,
para grabar, reproducir, editar, mezclar audio. Incorporan un sistema de
protección satelital GPS Kenwood Mod. KNA-631 N/S 5V001995, que poseen
las unidades móviles de televisión comercial.
Grupo Televisa y Narcia consideraron
apócrifos esos documentos y negaron cualquier vínculo con la caravana de
los 18 detenidos. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario de
la televisora afirmó: “Por supuesto, nada qué ver con el tema de las
camionetas de Nicaragua. Ya se ha dicho varias veces. La alusión hace
propicio reiterarlo”.
El 5 de octubre, en el noticiario
nocturno de Canal 2, Televisa difundió que en enero de 2007 la policía
preventiva de la Ciudad de México encontró en una bodega de la colonia
Vallejo Poniente una camioneta “con falsos emblemas de Televisa”, la
cual había sido adquirida en 2001, en Monterrey, Nuevo León, por Jesús
Alvarado Torres, “quien tiene los mismos apellidos que Juana Alvarado
Torres, líder de la banda detenida en Nicaragua con el nombre de Raquel
Alatorre Correa”.
Es la segunda vez que el nombre de Amador
Narcia apareció en un escándalo de Televisa con repercusiones
internacionales. En diciembre de 2005, a raíz del tele-montaje de la
detención de la joven francesa Florence Cassez y de Israel Vallarta,
presuntos líderes de una banda de secuestradores, se mencionó que el
acuerdo entre la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y Grupo
Televisa fue a través de Narcia, sin que se enterara su jefe el
vicepresidente de Noticias, Leopoldo Gómez, ni el reportero Pablo
Reinah, asignado a la cobertura de esta “exclusiva”.
La detención de Cassez en el rancho Las
Chinitas ocurrió después de un berrinche de Grupo Televisa porque las
autoridades federales le “regalaron” a TV Azteca, la exclusiva de la
liberación del director técnico del Cruz Azul, Omar Romano. Narcia
negoció con la gente de la AFI que se les diera otra detención.
Acordaron que la operación sería transmitida en el espacio del noticiero
matutino de Carlos Loret de Mola y el reportero asignado sería Pablo
Reinah.
Ante el escándalo detonado dos meses
después por el montaje de la detención, Grupo Televisa decidió
responsabilizar a Reinah y mantuvo a su jefe, Amador Narcia. Un litigio
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos le permitió a Reinah
deslindarse de la responsabilidad exclusiva en el caso Cassez.
Las Caravanas de las Autoridades
En el expediente del caso Nicaragua lo
único que ha quedado claro es que, antes de iniciado el juicio contra
los 18 detenidos y que fueran desahogadas las investigaciones
ministeriales, las autoridades federales y capitalinas han respaldado la
versión inicial de Grupo Televisa: ninguna de las camionetas le
pertenece y ninguno de los integrantes de la caravana tiene algún
vínculo con la empresa.
A pesar de la serie de indicios y
versiones contradictorias, desde el principio el embajador de México en
Nicaragua, Rodrigo Labardini, envió un comunicado al juez el 23 de
agosto asegurando que los detenidos “no son empleados, técnicos,
presentadores o periodistas de la empresa Televisa, S.A”.
Rodrigo Zambrana, fiscal del ministerio
público de Nicaragua, incorporó esa comunicación del embajador como
“prueba documental”, provocando una airada protesta del equipo de
abogados defensores, encabezado por Johana Fonseca (ver Proceso No. 1873).
No sólo el embajador y la cancillería en
su conjunto, también la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal y la Procuraduría General de la República han respondido al
guión que, desde un inicio, estableció Grupo Televisa en este caso: las
camionetas no son de la empresa y los detenidos no han trabajado o
recibido pago alguno del corporativo.
Ni siquiera la hipótesis de que un grupo
del crimen organizado se hubiera infiltrado al interior de la televisora
o hubiera utilizado el logotipo y los nombres de apoderados y
funcionarios de la empresa para registrar las camionetas ha sido
plenamente acreditado por las autoridades ministeriales, a pesar de
indicios documentales y testimonios de, por lo menos, cinco de los 18
detenidos.
Primero se negó la posibilidad de
cualquier relación entre Televisa y las 6 camionetas. Luego, se divulgó
que Televisa sería propietaria al menos de una de las seis camionetas
Chevrolet tipo Van (ver Proceso No. 1871). Más tarde se
determinó que las 6 fueron registradas con documentación a nombre de
Televisa. Y la PGJDF informó que existen, al menos, registros de 10
camionetas “irregulares” a nombre de la televisora, además de las 6
incautadas en Nicaragua.
El procurador capitalino Jesús Rodríguez
Almeida aseguró que se tienen 10 vehículos “que obtuvieron la
documentación de manera similar” a las seis camionetas detenidas en
Nicaragua. Informó que analizan si estas unidades tienen relación con la
denuncia hecha en 2007 cuando fue encontrada una camioneta con
logotipos de Televisa y con equipos de comunicación muy similares a las
unidades móviles de esta empresa.
Televisa negó desde el 19 de septiembre, a través de El Noticiero
de Joaquín López Dóriga, que tuviera algún vínculo con los trámites de
alta vehicular realizados “con documentación apócrifa” en las oficinas
de la Secretaría de Transporte y Vialidad. Mencionó que Raquel Alatorre
Correa utilizó ilegalmente un poder notarial para realizar los trámites
vehiculares.
Un día después, el 20 de septiembre, la
versión de Noticieros Televisa fue la siguiente: “Estas camionetas
fueron posteriormente registradas a nombre de Televisa utilizando
documentación apócrifa presumiblemente sustraída de los archivos de la
Setravi, en los que destaca una copia de un poder notarial vencido a
favor del gestor que Televisa utiliza normalmente para realizar los
trámites. El gestor ha declarado ante las autoridades que investigan el
caso que no identifica los vehículos. El poder notarial no lo usa desde
2008”.
El reportero Homero Campa publicó en Proceso No.
1873 que, de acuerdo con los documentos del expediente, los trámites de
registro de las seis camionetas Chevrolet los realizó Armando Tavera
Sánchez, representante legal de Televisa.
El 30 de septiembre, el titular de la
Setravi, Armando Quinterio, afirmó que los funcionarios involucrados en
la documentación irregular de las camionetas podrían ser sujetos a una
sanción administrativa, pero que “todos los involucrados son personas de
base, sindicalizados, y hasta ahora no hay ningún funcionario público
ni del más bajo nivel involucrado”.
El 7 de noviembre, el subprocurador
Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos, acabó
por validar también la versión de Grupo Televisa.
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