CNDH rompe el silencio Lilia Arellano
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“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar los remedios equivocados”.- Groucho Marx
Este miércoles, en el Senado de la República, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, sostuvo que durante la gestión de Felipe Calderón, en materia de derechos humanos se vio un episodio de incremento en las violaciones a los mismos, evidenció públicamente que creció la tortura, la denuncia de desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, entre otras. Ante integrantes de la Comisión de Derechos, reportó que de 2005 a la fecha registraron 34 mil 385 quejas contra servidores públicos del área de seguridad en el ámbito federal, lo que significó un incremento del 84 por ciento en los últimos tres años en los rubros de cateos ilegales, desaparición forzada de personas, detenciones arbitrarias y torturas.
La CNDH investiga 2 mil 126 casos de desaparición forzada de personas y cuenta con un registro de 24 mil 94 personas reportadas como extraviadas. La desaparición forzada de personas inicia con la detención arbitraria, que es una práctica recurrente en los cuerpos de seguridad del país. Por si lo anterior fuera poco, esa Comisión tiene el registro de 5 mil 202 víctimas de feminicidio en 27 entidades del país, crímenes que en su gran mayoría permanecen impunes. Sin duda alguna estas cifras son alarmantes, sin embargo, no desconocidas.
En estas mismas líneas y en muchos otros medios, día tras día, semana tras semana y año tras año, durante ya varias décadas, se han denunciado y comprobado todas estas arbitrariedades, sin embargo, la respuesta ha sido: oídos sordos y vista ciega. Llama la atención que sea a unos días de que Felipe Calderón entregue el mandato cuando quienes han tenido toda la autoridad para cuestionar y llevar ante las autoridades correspondientes los expedientes para que se tomen acciones y se aplique la ley, se decidan a hablar, porque antes no tuvieron empacho en guardar silencio, en convertirse en cómplices y en hacer eco a declaraciones tan brutalmente absurdas como aquella que determinó que la anciana indígena zongólica, Ernestina Ascencio Rosario, violada por militares, murió de “gastritis crónica”. Las pruebas médicas de la violación a la indígena fueron contundentes y confirmaron el fraude más grande de José Luis Soberanes, quien en ese entonces presidía la CNDH.
¿QUEDARÁ IMPUNE FCH?
Tras la serie de reuniones y acuerdos entre Felipe Calderón e integrantes de su gabinete con el presidente electo, Enrique Peña Nieto, y el equipo de transición, la pregunta clave es: ¿está garantizada la impunidad para el inquilino de Los Pinos y los integrantes de su equipo de gobierno, a pesar de la situación en que deja a México y las más de 150 mil víctimas –según datos del Departamento de Estado de EU- de la guerra contra el narcotráfico? Es temprano para saberlo y el michoacano aprovecha el tiempo para convencer que hizo hasta lo imposible para evitar crisis como la económica –que deja al país con más de la mitad de su población en pobreza- y la de violencia, cuyo funesto saldo se desconoce en su verdadera magnitud y que enlutó a nuestro país a lo largo de seis trágicos años.
A unos cuantos días de entregar el poder, Calderón agotó los argumentos y justificaciones que lo llevaron a meter a México en un baño de sangre del cuál aún no se sabe cómo se va a salir. Ahora se ha atrevido hasta a culpar a Dios de sus errores en el manejo administrativo del país, de las fallas cometidas por los integrantes de su gabinete en la crisis económica y hasta de salud como la del virus de la Influenza H1N1, sin poder dejar de mencionar la magnificación de la violencia a la que llevó su declaración de guerra a los cárteles del narcotráfico. Al entregar el reconocimiento al municipio de Tacámbaro, Michoacán, como “Pueblo Mágico”, dijo que “me hubiera gustado hacer mucho más, tener más recursos disponibles, que no nos hubiera tocado la crisis económica y de violencia, pero yo asumo que a uno le toca vivir el momento que le toca vivir por alguna razón, que Dios sabe por qué pone a determinadas personas frente a determinadas circunstancias”.
Calderón no asume ninguna responsabilidad, no hay en sus palabras ni el menor asomo de arrepentimiento, ni siquiera una disculpa a un pueblo mexicano agobiado y reprimido por su fallida administración. Nada que lo pueda llevar por los caminos de la redención. Los saldos que deja su administración son muchos, muchísimos, en los que destaca la detonación de una violencia extraordinaria que aún no se sabe cómo va ser neutralizada por la nueva administración priísta; el repunte de delitos de alto impacto como homicidios, secuestros y extorsiones, que forman parte ya de un sexenio marcado por la muerte, derivada de la guerra al narcotráfico, que se perdió por una serie desafortunada de fallas, por una ausencia total de inteligencia en una presunta estrategia que apostó al uso de la fuerza y la eliminación de los capos de los cárteles del narcotráfico, o al menos de algunos, cuya caída sólo hizo que se multiplicaran y se fragmentaran las organizaciones criminales, pero que no desaparecieron, sino que evolucionaron.
Calderón perdió la apuesta al invertir únicamente en el uso de la fuerza, en despliegues operativos, pero no en la profesionalización de los cuerpos policíacos ni en el control de la aguda corrupción que imperó en su administración, pero también en las de gobiernos estatales y municipales. Las fallas en el combate al crimen organizado fueron magnificadas por los errores cometidos, por la carencia de una política integral, por la omisión en el combate a la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones policíacas y de administración y procuración de justicia; por la infiltración del narcotráfico cuyos tentáculos cargados de dinero llegaron hasta los más altos niveles de las administraciones federal, estatales y municipales. La estrategia criminal represiva falló completamente al privilegiar el arresto de jefes narcos, de narcomenudistas, el decomiso de drogas, armas y dinero, sin que existieran acciones efectivas contra las redes financieras que los alimentaban y que explican su poder corruptor, mucho menos se dieron acciones de prevención o rehabilitación y participación social.
El baño de sangre y el fango de la corrupción son tan enormes, que se tuvo que tomar la decisión de no hacer más reportes oficiales de la guerra que era evidente se estaba perdiendo desde hace al menos tres años. En 2011 se dejó de contabilizar a las víctimas cuyo saldo al mes de septiembre, desde el inicio del sexenio, iba en 47 mil 515 homicidios. Las muertes asociadas a esta estúpida guerra sumarán más de 70 mil, de acuerdo con estimaciones de organizaciones no gubernamentales y defensoras de derechos humanos.
Otros cálculos, basados en reportes oficiales como los del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), elevan las cifras de víctimas a más de 80 mil. Sin embargo, datos del Departamento de Estados Unidos a comisiones del Congreso de ese país, revelan que las muertes en la guerra contra los cárteles de la droga en el vecino del sur superan las 150 mil. Se trata, en resumen, de una matazón, de crímenes de lesa humanidad, que deben ser castigados y los responsables llevados a tribunales judiciales, nacionales e internacionales. No se debe permitir que impere, una vez más, la impunidad contra políticos y funcionarios implicados en esta carnicería, en la cual los cadáveres de al menos 10 mil desaparecidos aún no aparecen.
También tendrían que ser enjuiciados mandos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Policía Federal, que están entre las dependencias con más quejas por violaciones a las garantías individuales. Por lo pronto, tras fijarse criterios sobre límites del fuero de guerra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó, a tribunales federales de todo el país, retomar la resolución de casos penales que involucren a militares acusados de un delito contra civiles o contra la salud.
DE PESADILLA
Jorge Saldaña, en una de sus reflexiones, confió al auditorio de Radio 620 una serie de interrogantes sobre lo que hará Felipe Calderón la mañana del 2 de diciembre. Seguramente, dijo, será muy duro para él darse cuenta de que ya no está a su servicio el séquito de servidumbre; que no entrará velozmente el secretario para apurarlo porque en el día tiene una agenda apretada; que no hay registro de llamadas telefónicas; que la comida de ese día será con un cuate del que hace tiempo no sabía nada y al que uno de sus fieles le pidió acercarse al ya ex mandatario para aliviar su soledad.
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