Luto nacional
Dentro del amplio contexto de las celebraciones del Día de Muertos en México, Amnistía Internacional hace un enérgico llamado al gobierno federal que encabeza Felipe Calderón para que salde la enorme deuda de justicia que tiene con las decenas de miles de familias mexicanas que han perdido a sus seres queridos en la crisis de violencia que padece el país / La conclusión de la gestión calderonista, que tiene en puerta juicios internacionales en su contra, no termina la gran estela de muerte que dejó a lo largo y ancho del territorio nacional
MEXICO, 2 de noviembre (LILIA ARELLANO/ESTADO DE LOS ESTADOS).- Contrario a lo que señalaba el Premio Nobel de Literatura 1998, José Saramago, al concluir su última novela “Caín”, en el sentido de que “la historia ha acabado, no habrá más que contar”, en México la conclusión de la gestión de Felipe Calderón no termina la enorme estela de muerte que dejó a lo largo y ancho del territorio nacional. El ilustre portugués también sentenciaba que es el amor nuestra única defensa contra la muerte, pero las decenas de miles de familias que perdieron uno o varios miembros en una estúpida guerra contra algunos cárteles de la droga, poco amor pueden generar contra un régimen que provocó tanto luto, tan sólo por perseguir inútilmente un fin político: legitimidad; que dejó una gran deuda de justicia; que fue incapaz siquiera de cumplir con su obligación de indagar y juzgar a los responsables de esas muertes, muchos de ellos dentro de su propia organización estatal burocrática.
Dentro del amplio contexto de las celebraciones del Día de Muertos en México, la organización Amnistía Internacional exigió al gobierno federal saliente y también al entrante que encabezará Enrique Peña Nieto, saldar la enorme deuda de justicia con las decenas de miles de familias que perdieron a un ser querido por la crisis de violencia en el país, que fue detonada por el michoacano al aceptar un plan diseñado en el Pentágono –la Iniciativa Mérida— para llevar a cabo una guerra irregular en territorio mexicano, con fines eminentemente estratégicos para salvaguardar los intereses de los Estados Unidos, para proteger sus crecientes inversiones en el país, para mantener el control sobre la producción y el tráfico de estupefacientes para su gran población adicta, para garantizar las ventas de su importante industria armamentista, para seguir alimentando su sistema financiero a través del lavado de centenas de miles de millones de dólares que les representan un pilar económico.
A través de un comunicado que no tiene desperdicio, AI destacó que “el día de hoy –ayer— 2 de noviembre, millones de familias en México recuerdan con cariño a sus seres queridos que han partido. Sin embargo, para muchas familias esta fecha es un doloroso recordatorio de la deuda de justicia que el Estado mexicano mantiene con ellas”. Tras seis largos años, es innegable que las administraciones federales surgidas de las filas del Partido Acción Nacional (PAN), particularmente la de Felipe Calderón, fallaron en su deber de proteger a la población e incumplió en su obligación de investigar y llevar ante la injusticia a los responsables de estas muertes. Su indolencia llegó al extremo de negar hasta la información básica y fundamental del número de muertos que, estimaciones de organizaciones no gubernamentales e investigaciones periodísticas, señalan que superan las 90 mil, mientras que hay otros 10 mil desaparecidos, sin que la administración calderonista se digne siquiera a dar datos que los identifiquen.
Miles de familias sufren la incertidumbre de desconocer el paradero de sus seres queridos y realizan inacabables peregrinajes por el territorio mexicano en busca de datos que los lleven a localizarlos. Con angustia recurren a los servicios médicos forenses en las entidades federativas, luego de darse a conocer las noticias de que fueron localizadas fosas clandestinas con un número de cadáveres indeterminado por las condiciones en que se encuentran los cuerpos, que están no sólo en un avanzado estado de putrefacción, sino que fueron mancillados, descuartizados, decapitados y dejados en condiciones tales que su identificación se hace sumamente difícil.
Caravanas de madres de migrantes se han visto en al menos 14 entidades del país que buscan a sus desaparecidos, la mayoría indocumentados, que perdieron todo contacto con sus familiares, pero que esperanzados esperan encontrar con vida, sobre todo a mujeres que son víctimas de las bandas dedicadas a la trata de personas. Sumamente grave es el hecho de que al cierre del calderonismo, diversas organizaciones civiles denuncien, una y otra vez, que miles de personas secuestradas por bandas delictivas o víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad, permanezcan desaparecidas.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno no han investigado esos crímenes del presente y del pasado inmediato. En México, la justicia sigue siendo un sueño para la mayoría de la población. AI subrayar que “no se podrá hablar de verdaderos avances en materia de derechos humanos en México, mientras los crímenes y abusos permanezcan en la impunidad”. Alberto Herrera, director ejecutivo de AI en México, advierte que “con su incapacidad de llevar ante la justicia a la mayor parte de los responsables de desapariciones y asesinatos, tanto de presente como del pasado, las autoridades mexicanas están condonando, de hecho, estos abusos”. Y acusa directamente: “El Gobierno del Presidente Felipe Calderón no ha reconocido ni tratado este grave legado de injusticia”.
La grave crisis de seguridad pública y la violencia del crimen organizado detonada por un embate sin estrategia, sin inteligencia, contra los poderosos cárteles de las drogas, llenó de sangre al país a un nivel nunca visto, ni siquiera en conflagraciones de guerra regular, que sobrepasó la capacidad de las autoridades para hacerle frente y que además, poca voluntad política han mostrado para llevar a cabo investigaciones sobre los crímenes cotidianos, aunque se trate de verdadera barbarie, lo que ha obligado a los propios familiares a llevar a cabos sus indagaciones, lo que además los ha puesto en peligro de muerte, con represalias tan sólo por conocer la verdad de los hechos en los que perdieron la vida sus seres queridos.
El calderonismo convirtió a la búsqueda de la verdad en una profesión sumamente peligrosa, en la que se puede perder la vida en cualquier momento. Periodistas, activistas y migrantes, dedicados a esa tarea, han sido asesinados en número cada vez mayor, de acuerdo con las reiteradas denuncias de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, cuyas recomendaciones ni siquiera son tomadas en cuenta por las autoridades (in) competentes, que han exhibido una peligrosa ineficacia en la tarea de proteger a los grupos más vulnerables, al grado que pueblos enteros han tenido que tomar en sus propias manos su defensa ante el embate de grupos criminales organizados.
JUICIO INTERNACIONAL A FCH
Es muy posible que antes de que concluya su administración, Felipe Calderón sepa si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional acepta abrir el juicio en su contra por los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos a lo largo de su sexenio, en el marco de la “guerra” contra los cárteles de la droga. Antes de concluir este año, la Corte Penal Internacional resolverá si acepta la petición de enjuiciar al todavía inquilino de Los Pinos y a los integrantes de su gabinete de seguridad.
Hace casi un año, el jurista mexicano Netzaí Sandoval entregó al fiscal de la CPI, Luis Moreno, un expediente en el que se acusa los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante el último sexenio, con la intención de que se abra una línea de investigación. En marzo de este año, la CPI difundió que no se declaró improcedente dicha solicitud y que analizaba el documento que respalda un grupo de abogados, activistas y periodistas, quienes piden un juicio penal internacional contra Calderón; Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública; Guillermo Galván Galván, secretario de Defensa; Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina, y contra el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre otros.
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