Diario Libertad
Editorial
Si ya de por sí la Justicia mexicana se encuentra internacionalmente en entredicho, a tal grado que desde Suiza, la sede del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, durante la revisión del quinto y sexto informe sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuestionaron duramente a Ruth Villanueva, subprocuradora mexicana para el ramo.
Y aunque las conclusiones se darán a conocer en unos días, se da por sentado que se le solicitará al Gobierno de Calderón abolir la figura del arraigo. Cabiendo apuntar que en el último año se registraron 2 167 arraigos.
Y a pesar de que la vapuleada subprocuradora, a la que le hicieron no menos de 70 preguntas que no bien pudo responder, argumentó que el arraigo se contempla dentro de la Constitución, los miembros del Comité contra la Tortura de la citada Organización, coincidieron en que su práctica debe suprimirse.
Pero no solamente se trató ese tema del arraigo, también se tocaron otros asuntos como los feminicidios, las condiciones de hacinamiento en las cárceles, la tortura, la desaparición y asesinato de migrantes, y sobre la protección de defensores de derechos humanos y a periodistas.
En cuanto se lleve a cabo el juicio oral al que serán sometidos los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua por transportar 9.2 millones de dólares escondidos en 6 camionetas con el logo de Televisa, acusándolos de ‘lavado’ de dinero, delincuencia organizada y tráfico de drogas, vamos a quedar, volviendo con el tema del concepto en que internacionalmente se tiene de la Justicia mexicana, todavía mucho peor.
Pues la audiencia oral será cubierta por centenares periodistas de todo el mundo (se habla de por lo menos 350) y por más que hagan Televisa y “su Presidente”, no podrán evitar que se sepa toda la verdad.
Cabiendo aclarar, que al mencionar “su Presidente”, se hace referencia a Peña Nieto; quien por cierto le había pedido a Daniel Ortega que durante su reunión no se tocara el espinoso tema de las camionetas detenidas; que en última instancia fue la razón por la que él y Mauricio Funes decidieron no acudir a la reunión convocada en Guatemala por el priísta, por la que ésta se suspendió.
Y quedará en entre dicho la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Justicia del DF, y hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo Embajador, al igual que los titulares de las citadas Procuradurías, ya habían, a botepronto, exculpado a la poderosa Televisora.
Cuando durante el juicio seguramente se corroborará que hasta habían hecho transmisiones de TV satelital, pues las camionetas llevaban equipo para ello…
Un equipo costosísimo que estaría por demás si no fueran a utilizarlo y no llevaran técnicos especializados para hacerlo.
Quedando solo la duda de ¿si al encontrarlos culpables, como todo indica que lo son, el Gobierno mexicano le cancelará la concesión a Emilio Azcárraga, o dirán que todo es un complot para desprestigiarlos?
Falta poco para que lo sepamos.
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