La semana pasada, el gobierno mexicano pidió a Washington que se le otorgue inmunidad a Ernesto Zedillo, acusado en una corte de Estados Unidos de delitos de lesa humanidad por la matanza de Acteal / Los demandantes –de quienes se desconoce la identidad, pero que supuestamente vivieron la tragedia de 1997– usan los servicios de uno de los más costosos despachos legales de la Unión Americana / Este hecho causa extrañeza en Chiapas, donde los sobrevivientes de la masacre se deslindan de esa demanda y sospechan de la existencia de una perversa estrategia gubernamental para brindarle al ex mandatario mexicano impunidad en vez de inmunidad
“La clave del caso es saber si el gobierno de Estados Unidos va a intervenir a favor o en contra de la solicitud o si simplemente no va a hacer nada”, dice Roger Kobert, uno de los abogados que en nombre de los 10 sobrevivientes presentaron la demanda contra Zedillo ante la Corte Federal de New Haven, Connecticut, el pasado 16 de septiembre.
El gobierno de Estados Unidos rechazó hacer comentarios sobre la petición de inmunidad que hiciera el expresidente a la Corte Federal; su argumento fue que se trata del caso de un ciudadano privado. Lo único que el Departamento de Estado admite es haber recibido una “nota diplomática” del gobierno de México sobre el asunto, pero no reveló el contenido.
El viernes 6 de enero los abogados Jonathan M. Freiman y Tahlin Townsend, representantes legales de Zedillo en Estados Unidos, promovieron ante la Corte Federal de New Haven una moción: le solicitaron al juez federal Alvin W. Thompson anular el juicio y los cargos que le imputan a su cliente. Justificaron la solicitud con el argumento de que Zedillo goza de inmunidad (diplomática internacional) como les corresponde a los exjefes de Estado y de gobierno.
“Los abogados del señor Zedillo quieren que la Corte pida al Departamento de Estado que le aclare si el expresidente goza o no de inmunidad frente a la demanda”, anota Kobert, de la firma Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess, con sede en Miami, que representa a los 10 sobrevivientes de Acteal.
Funcionarios del gobierno de Obama consultados por este semanario dicen que el curso legal que se le da a la moción presentada por Zedillo ante la Corte Federal de Connecticut se desarrolla en tres etapas:
Primero la Corte Federal de Connecticut se pone en contacto con el Departamento de Estado para solicitar su “punto de vista” sobre la afirmación de los abogados de que Zedillo tiene derecho a la inmunidad como expresidente de un país extranjero. Después, según el sistema judicial estadunidense, el Poder Ejecutivo “podría dar su opinión a la Corte” sobre la solicitud de inmunidad. Por último la Corte Federal tiene la libertad de tomar en cuenta o desechar la opinión del Ejecutivo para emitir su fallo.
Kobert aclara que antes de que la Corte Federal consulte al Departamento de Estado tiene que notificarles oficialmente a ellos el pedido de Zedillo y esperar la opinión legal de la parte acusadora.
“La Corte Federal es la que tiene la última palabra”, enfatiza Kobert, quien hasta el cierre de esta edición aseguró que su equipo no había recibido ninguna notificación del juez Thompson, aunque previó que la comunicación se lleve a cabo la próxima semana. Se intentó en cinco ocasiones comunicarse telefónicamente con los abogados de Zedillo, pero no respondieron.
El precedente Filártiga
Funcionarios estadunidenses y abogados internacionalistas consultados por el corresponsal admitieron que desconocen el proceso jurídico de un caso en Estados Unidos de solicitud de inmunidad para un exjefe de Estado o de gobierno o exfuncionarios de países extranjeros.
El único precedente legal de esta naturaleza es el de la familia Filártiga contra Américo Norberto Peña Irala, exinspector general de la Policía de Asunción, Paraguay, juicio que tuvo lugar en 1980. La decisión final fue adversa al argumento de inmunidad.
Este caso se sustentó en un hecho ocurrido en la capital paraguaya el 29 de marzo de 1976 cuando Joel Filártiga, de 17 años, fue secuestrado, torturado y asesinado por Peña Irala. La demanda señala que ese mismo día oficiales de la policía llevaron a Dolly Filártiga (hermana de Joel) a reconocer el cuerpo del muchacho, que mostraba huellas de severas torturas.
La familia Filártiga sostuvo que Joel fue secuestrado, torturado y asesinado en represalia por las actividades políticas de su padre, el doctor Joel Filártiga. La familia acusó legalmente a Peña Irala en Paraguay, donde nunca fue juzgado. Al contrario, el abogado de la familia Filártiga fue detenido, encarcelado y amenazado de muerte por la policía y posteriormente se le anuló la licencia para litigar en Paraguay.
En 1978 Dolly Filártiga emigró a Estados Unidos y solicitó asilo político; ese año Peña Irala también viajó a la Unión Americana y se quedó a vivir ahí, pese al vencimiento de su visa de turista. Al enterarse de la presencia en Estados Unidos de Peña Irala –luego de haber sido detenido éste por las autoridades migratorias– Dolly lo demandó ante una Corte Federal.
A Peña Irala lo acusaron de haber torturado y asesinado al joven Filártiga en flagrante violación de las leyes internacionales en materia de derechos humanos y de los acuerdos suscritos por el gobierno estadunidense. La representación legal de la familia Filártiga estuvo a cargo del Centro para los Derechos Constitucionales. Los demandantes pidieron a Peña Irala una compensación de 10 millones de dólares.
Pese a que la Corte Federal que asumió el caso desechó los cargos y anuló el juicio (por el pedido de inmunidad que hizo el gobierno de Paraguay), la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Distrito del estado de Nueva York dio un fallo favorable para la familia Filártiga. La Corte de Nueva York determinó que la denuncia y castigo contra la tortura están garantizados por la aplicación de las leyes internacionales.
Este caso se interpretó como la extensión de la aplicación de las leyes internacionales por las cortes de Estados Unidos en los casos de delitos cometidos en el extranjero o en el territorio nacional.
Un despacho muy caro
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