Guillermo Fabela Quiñones
Apuntes
La decisión de la Comisión Federal de Competencia (CFC), de aplazar hasta el 7 de febrero el resultado de su evaluación sobre las negociaciones entre el duopolio televisivo, a fin de apuntalar un súper monopolio comunicacional, despertó fundadas sospechas de que el gobierno federal pretende un arreglo satisfactorio para Televisa y TV Azteca. Aun cuando así esté estipulado en la Ley Federal de Competencia, parece un despropósito político tal determinación, debido a la preocupación que despertó en amplios sectores el afán de los propietarios de ambas empresas de afianzar sus intereses, para cancelar toda posibilidad de competencia en el campo de la televisión abierta.
Es de la mayor trascendencia que la CFC cumpla sus funciones, pues está en juego no sólo el futuro de la incipiente democracia mexicana, sino la viabilidad de México como país con un nivel educativo acorde con los parámetros de los organismos internacionales de los que formamos parte. Sería muy grave que la comisión avale la formación de un monopolio hegemónico, en una actividad social que es fundamental para el desarrollo cultural de los mexicanos. Aprobar la asociación que pretenden ambas empresas, no sólo sería anticonstitucional, sino un firme atentado a la libertad de expresión, en cuanto que se legalizaría la forma antidemocrática como el duopolio maneja la información.
El problema de fondo no reside en que Televisa quiera entrar al negocio de la telefonía móvil, con el 50 por ciento de la empresa Iusacell propiedad de TV Azteca, sino en la ampliación de un monopolio que cancelaría toda posibilidad de que surjan competidores. He aquí un claro ejemplo de que el famoso libre mercado que tanto defienden los grandes intereses, es un verdadero “mito genial”. Si en la actualidad, ambas empresas se reparten el gran pastel de la publicidad como les viene en gana, al apuntalar su hegemonía se convertirán de facto en un estado dentro del Estado. La sociedad quedaría totalmente indefensa ante su descomunal poderío, y harían del país un reducto de sus caprichos e intereses.
Así, México pasaría a ser el país donde se inaugurara una telecracia como jamás vislumbró, por ejemplo, un autor tan visionario como H. G. Wells. Esto no le convendría a nadie, ni siquiera a los grandes empresarios, pues quedarían a merced del súper monopolio, el cual impondría sus condiciones sin ninguna reticencia. Y ni qué decir de la entidad al frente del Ejecutivo, la cual pasaría a ser un activo más de aquél. No es una exageración tal aserto, sino una posibilidad muy real ante el poder que por sí solas tienen ahora ambas empresas, mismo que una vez formalmente unidas se convertiría en una fuerza indestructible.
Si la autoridad federal se doblega hoy ante el duopolio, mañana no tendría oportunidad ni siquiera de mirar de frente a sus propietarios. De por sí, en la actualidad, el Poder Ejecutivo pasó a ser rehén de una elite oligárquica que impone sus intereses por encima de los de la sociedad en su conjunto, sin ninguna cortapisa, de consolidarse un súper monopolio de las características del que pretenden construir Televisa y TV Azteca, dicha entidad que debería arbitrar las relaciones de la sociedad de manera imparcial, quedaría en calidad de un “gerente general” del verdadero poder al frente del Estado.
Lo más preocupante es que es real esa posibilidad, ante el afán de Felipe Calderón de no confrontarse con el duopolio ahora que está por salir de la casa presidencial. Es natural que busque la protección mediática que le pueden proporcionar ambas empresas, y de pasada conseguir que apoyen a su delfín, Ernesto Cordero. Si esto no fuera posible, pues cuando menos que apoyaran a Josefina Vázquez Mota, y en el último de los casos hacer acuerdos con Enrique Peña Nieto para salir lo mejor librado posible, con el compromiso de que su administración pague los servicios del duopolio y así poder derrotar al abanderado de la sociedad civil, Andrés Manuel López Obrador.
Lo paradójico de este asunto es que los temores del panista son infundados, porque López Obrador no llegaría a Los Pinos con ánimos de venganza, no porque así lo haya dicho en repetidas ocasiones, sino porque son tantos los retos a enfrentar desde el Ejecutivo, que no habría tiempo para emprender “cacerías de brujas”. Es tanto lo que hay que recomponer, que faltaría tiempo para cumplir en un sexenio las metas en esa dirección. Tan sólo, dar plena vigencia al Estado de Derecho, es de por sí una tarea monumental, que demandará todas las energías del jefe de las instituciones.
Ni qué decir sobre los extraordinarios esfuerzos para hacer que el país recobre la paz y retome el camino del crecimiento real, con una orientación democrática. Esto es vital para todos los sectores, como bien lo saben los miembros de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, cuya dirigencia acaba de cuestionar la indiscriminada apertura comercial de los gobiernos neoliberales.
(guillermo.favela@hotmail.com)
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