¡¡Exijamos lo Imposible!!A dos años de su creación, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) ha resultado ser todo un fiasco, una cortina de humo incapaz de resolver los casos de asesinatos, desapariciones y amenazas contra las y los comunicadores mexicanos.
El fiscal Octavio Alberto Orellana Wiarco decepciona al gremio periodístico, porque representa a una dependencia sin independencia, presupuesto, ni capacidad para atender el gran número de agresiones a los profesionales de la comunicación.
Quien atenta contra una periodista o un periodista, agrede no solo a una persona, sino al derecho a la información y a la liberad de prensa. Cada vez que un comunicador es dañado en su integridad física, moral o psicológica, se está socavando a la democracia.
La fiscalía nació con errores de origen que la hacen inoperante. Primeramente se adscribe a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, algo que le resta libertad de actuación; luego, su titular es designado y removido, en su caso, por el Procurador General de la República, una medida que le resta independencia.
La burocracia y la opacidad con la que trabaja esta fiscalía ha sido comprobada por las víctimas, particularmente, porque rechaza una gran cantidad de casos bajo el argumento de que los agredidos no tienen la "calidad de periodistas". La evaluación que desarrolla al respecto es absolutamente equivocada y mal intencionada.
Solo el 25 por ciento de los casos que llegan a la Fiscalía fueron aceptados el año pasado, con lo cual, la efectividad de la dependencia es nula, porque la mayoría de los casos atraídos no fueron resueltos.
El gobierno de Felipe Calderón no ha mostrado la voluntad política por resolver los casos de 45 compañeras y compañeros asesinados en los últimos ocho años, de los ocho que permanecen desaparecidos y las decenas de agresiones registradas en toda la República. La impunidad alienta los atentados contra las y los comunicadores mexicanos y genera un ambiente de intimidación generalizado.
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo hace unos días en Ginebra que la mayoría de las agresiones contra periodistas son ejecutadas por el crimen organizado, pero olvidó mencionar que el Estado es el máximo responsable de resguardar la seguridad de los comunicadores, algo que México ha incumplido flagrantemente.
El gobierno de Calderón muestra así su desprecio hacia la libertad de expresión. Los criminales que aún siguen libres son un ejemplo para quienes pretenden silenciar a un periodista con base en una guerra desigual entre balas y letras.
Más aún: si matar a un periodista es garantía de impunidad, los atentados seguirán creciendo, colocando a México en el segundo país más peligroso para ejercer la profesión después de Irak. El Ejecutivo dijo en junio del año pasado que estaba dispuesto a atender la alarmante situación que padecen los periodistas: "El Gobierno está de acuerdo en la idea de federalizar los crímenes contra la libertad de expresión", algo que lamentablemente no se ha concretado en la realidad.
Un país sin libertad de prensa está condenado a convertirse en un país sin democracia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario