Por Esto!
Regresa el neoporfirismo
Ricardo Monreal Avila
La siguiente es una nota informativa que bien pudo ser escrita hace más de 100 años.
La siguiente es una nota informativa que bien pudo ser escrita hace más de 100 años.
“El juzgado primero de lo penal en el estado, con sede en San Quintín, fijó una fianza de 7 millones 815 mil pesos a cada uno de los tres jornaleros acusados de delitos de lesiones dolosas y daños en propiedad ajena por su presunta participación en los disturbios ocurridos en la colonia triqui de esta región del sur de Ensenada. A un cuarto implicado se le determinó una fianza de 542 mil pesos.
“Los detenidos –cuya fianza total es de 24 millones de pesos– se encuentran en el penal de Ensenada y enfrentan cargos por daño a patrullas, a una tanqueta blindada y por lesionar a dos agentes de la policía estatal preventiva la mañana del sábado pasado, durante un operativo policíaco en esta comunidad.
“Se trata de Aarón Francisco Gamboa Juárez, de 30 años, acusado de lesiones dolosas, daño en propiedad ajena doloso y delitos contra funcionarios públicos o agentes de seguridad pública, en este caso dos oficiales.
“El juez primero de lo penal le fijó una fianza de 7 millones 815 mil pesos para garantizar la reparación del daño, y 8 mil pesos para la libertad personal, al igual que a Moisés Gil Velasco, de 28 años, quien enfrenta los delitos de daño en propiedad ajena intencional, aunque también se le determinó el pago de 10 mil pesos para obtener su libertad.
“Un caso similar es el de Antonio Álvarez Cruz, de 34 años, acusado de provocar afectaciones a una tanqueta blindada, y enfrenta el delito de daños dolosos en propiedad ajena.
“A Juan Carlos Chávez Santiago, de 27 años, se le procesa por daños en propiedad ajena intencional, al incendiar la patrulla 868, por lo que su fianza es de 542 mil pesos para garantizar la reparación del daño y 10 mil pesos por la libertad personal.
“La respuesta de los residentes de la comunidad triqui fue la presentación, ayer, de cuatro denuncias penales en el módulo de atención que instaló la Procuraduría General de Justicia del Estado por el delito de lesiones contra quien resulte responsable.
“Se calcula que pudieran presentarse más este miércoles, cuando reinicie la mesa de negociación donde estarán representantes de la Secretaría de Gobernación y del Senado, además de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California.
“En San Diego, California, el Frente Indígena de Organizaciones Binacional (FIOB) protestó frente al consulado de México para acusar a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Francisco Vega de desatender las demandas de los jornaleros del valle de San Quintín y después responder con represión.
“Organizaciones extranjeras proyectan enviar cartas a empresas que importan productos de San Quintín para pedir que revisen la forma en que viven las personas que los cosechan en esa región.
“En tanto, el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, dijo en Tijuana que el diálogo es la vía para resolver el problema de San Quintín, pero advirtió que los problemas de violencia deben enfrentarse con la ley” (La Jornada, 13 de mayo 2015, p. 13).
El Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja California, ha sido escenario en las últimas semanas de un movimiento de resistencia de jornaleros agrícolas que demandan mejores salarios y mejores condiciones laborales.
Son jornaleros agrícolas migrantes, de origen triqui en su gran mayoría, provenientes de Oaxaca, y cada año viajan en compañía de sus familiares.
Son por lo menos 14 mil jornaleros agrícolas que al viajar con sus familias rebasan las 50 mil personas. Muchos menores de edad; incluso, son contratados para trabajar en los campos agrícolas, contraviniendo la ley.
Siembran y cosechan jitomate, fresa, frambuesa y arándano, que en su mayoría se exporta a los Estados Unidos, especialmente a California, donde actualmente hay una crisis agrícola por la falta de agua.
Esta crisis ha llevado al incremento de los precios de estos productos que cosechan los jornaleros del Valle de San Quintín; sin embargo, ellos han visto reducir sus ingresos y sus jornadas de trabajo, en una tercera parte.
Por ejemplo, los jornaleros mejor pagados llegaban a ganar hace unas semanas mil 500 pesos. Hoy están en mil pesos. Pero la mayoría gana menos de esa cantidad.
En el Valle de San Quintín se pagan salarios de hambre y existen contratos leoninos de trabajo.
Por ejemplo, el salario diario promedio es de 110 pesos; es decir, ni siquiera dos salarios mínimos al día, que en Baja California es de 70 pesos diarios.
Pero además, firman contratos de trabajo donde renuncian al aguinaldo, al pago doble en días de descanso obligatorio como el domingo y días festivos, a la prima vacacional y al reparto de utilidades, porque se consideran ya integrados al salario diario.
Sólo les falta la tienda de raya para reproducir los mismos esquemas laborales del Porfiriato, hace más de 100 años.
Desde el año pasado, los jornaleros hicieron llegar sus demandas de mejores salarios y condiciones laborales al Gobierno estatal, pero sólo les dio atole con el dedo.
El pasado 17 de marzo, cuando estalló el primer movimiento, las autoridades estatales y federales les ofrecieron mejorar algunas condiciones laborales y prestaciones para sus familias, como seguro social y becas escolares para sus hijos, pero hasta la fecha no les han cumplido, por eso preparan más protestas y paros.
El pasado fin de semana esperaban reanudar el diálogo y la negociación autoridades federales y estatales, pero en su lugar llegó un contingente de 120 policías estatales y una tanqueta antimotines, todavía de madrugada, a uno de los campos agrícolas mas grandes del Valle, donde un grupo de jornaleros deliberaba si iniciaban la pizca de tomate o no.
Lo peor de todo es que la fuerza policial no sólo ingresó al campo, por un llamado del dueño del campo, de apellido Ruiz Esparza, sino que allanaron las moradas de los trabajadores, golpeando y disparando balas de goma contra los jornaleros, mujeres, jóvenes y niños.
La situación en el Valle de San Quintín es tensa y en cualquier momento la violencia puede estallar.
Esto no le conviene a nadie.
El Valle de San Quintín es en este momento un botón de muestra de cómo el neoporfirismo está de regreso en muchas partes, atropellando los derechos de los trabajadores, pagándoles sueldos de hambre y reprimiendo los más elementales derechos constitucionales, como el de reunión y de asociación, en aras de mantener un modelo económico que beneficia a unos pocos y perjudica a la gran mayoría.
ricardomonreala@yahoo.com.mx
Twitter. @ricardomonreala
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