Homozapping
Monopolios en jaque, en la legislación secundaria de Reforma en Telecomunicaciones
(Primera Parte)
Jenaro Villamil
Primera parte del texto original publicado en Proceso No. 1911.
“No puedo garantizar que no vayan a darse intentos de cooptar a algún integrante” del IFETEL o de que los grandes corporativos como Televisa o América Móvil intenten influir en la elaboración de la ley secundaria, “pero sí les dificultaremos esta posibilidad porque somos muchos y muy distintas instituciones las que participarán” en el nuevo proceso de legislación secundaria, admitió la senadora Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Al entrar en vigor la reforma constitucional, el pasado 12 de junio, existe un plazo de 180 días para cumplir con una serie de plazos impuestos por el propio Congreso: la elaboración de una ley convergente que sustituya a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, así como la revisión y modificación de cerca de 14 ordenamientos que se verán impactados.
Durante la ceremonia de publicación en el Diario Oficial de la Federación, Joaquín Vargas, concesionario de Grupo MVS, consideró que este periodo será “la madre de todas las batallas” porque se dará el verdadero “jaloneo” entre los poderes involucrados en el sector.
Por su parte, el subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta, considerado uno de los artífices de la reforma constitucional, declaró en la agencia Reuters que la labor en los próximos seis meses será equivalente a “demoler” y reconstruir “piedra por piedra” el edificio de las telecomunicaciones en México.
En entrevista con Proceso, Barrales adelantó que, de entrada, la nueva ley convergente tiene “un reto inmenso si tomamos en cuenta la regulación que deberá contener”. “Durante los últimos 15 años ha imperado la autorregulación de los concesionarios, haciendo de las prácticas monopólicas, anticompetitivas y de competencia desleal, el terreno de juego de las telecomunicaciones y la radiodifusión”, reflexionó la senadora.
-¿Cuáles serán los ejes rectores de la legislación secundaria?
-Se tiene que traducir la reforma legislativa en calidad de contenidos, variedad en los servicios y mejores tarifas. No estaremos cumpliendo con las expectativas si no respondemos a estas demandas. Y habrá que sancionar a los concesionarios que no cumplan con estas reglas.
-¿Qué puede esperar la ciudadanía, que está descontenta con los contenidos de los medios televisivos, frente a esta legislación secundaria? –se le cuestionó.
-Hay que estar pendientes de que se cumpla el ordenamiento de garantizar los derechos de las audiencias. Este es un tema que está al alcance de la reforma y que lo incluimos aquí en el Senado. Los ciudadanos deben demandar información de mejor calidad, internet libre, que no es lo mismo que internet gratuito, y también cuidar la programación para los niños.
-¿Existen riesgos de que se quieran incorporar mecanismos para tratar de controlar o censurar a las redes sociales?
-Puede existir la tentación de muchos de regular las expresiones de libertad y de crítica en las redes sociales. Precisamente en la sesión de la Comisión Permanente firmamos un punto de acuerdo para exigir que se dé marcha atrás a la iniciativa de Nuevo león que pretende censurar Twitter y otras redes. Nada más incongruente: el día precisamente que se promulga la reforma constitucional en telecomunicaciones, en Nuevo León los legisladores quieren meter candados al libre flujo en redes sociales.
“Hay que blindarnos de todas estas tentaciones de censura y hay que cuidar que internet sea no sólo mejor sino libre”, subrayó.
-El otro tema difícil es el de las violaciones a los derechos de intimidad y privacidad en redes sociales, a través del espionaje, como acaba de documentarse en Estados Unidos. ¿Cómo se hará en México?
-Así como debemos defender que no exista censura, también debemos defender la privacidad e intimidad. Necesitamos armonizar hasta donde se pueda ambos derechos. Nosotros lo intentamos en la Ley de Acceso y Protección de Datos Personales en el Distrito Federal. No debemos frenar el proceso de avance tecnológico y de comunicación a través de Facebook o de Twitter, pero hay que darles también una personalidad jurídica a estos nuevos fenómenos.
Sobre la reciente postergación del “apagón analógico” en Tijuana, a raíz de las presiones de las televisoras, de la petición del IFE y de los errores en la aplicación de la medida, Barrales consideró que “sin duda, se evidenció una falta de planeación”, pero “replantear una ruta para el apagón analógico que, de ninguna manera, dé marcha atrás en este proceso de adelanto tecnológico”.
Las 15 leyes que serán modificadas
Un documento elaborado por la comisión que preside la senadora del PRD estableció que, entre los temas que debe establecer la ley estarán los siguientes: derecho de acceso a la información, libertad de expresión y difusión de las ideas; derechos de los usuarios de telecomunicaciones y derechos de audiencias; regulación del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones para establecer sus facultades, funcionamiento, consejo consultivo, procedimientos regulatorios, contraloría interna, entre otros.
La parte más compleja será la regulación de las concesiones. Se eliminó la figura de “permisos” y ahora se otorgará una concesión única que servirá tanto para servicios de telecomunicaciones como para radiodifusión. En el primer caso, se trata de una industria con un valor anual cercano a los 40 mil millones de dólares y, en el segundo, de una industria de 3 mil millones de dólares anuales.
El guión de la comisión presidida por Barrales incluye también el tema del must offer y del must carry, el tema que reveló desde la redacción original del Pacto por México la capacidad de influir de Grupo Televisa en contra de sus competidores en televisión satelital restringida, como es el caso del Grupo Dish, de MVS.
También incluirá la prohibición de publicidad encubierta, la prestación de servicios de telecomunicaciones y los mecanismos para determinar a los agentes predominantes, las medidas asimétricas para eliminar las prácticas monopólicas, la desincorporación de activos y las prácticas anticompetitivas.
La nueva ley convergente deberá contener el Plan Nacional de Espectro Radioeléctrico, infracciones y sanciones, así como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
“La reforma constitucional nos dijo qué era lo importante y ahora nosotros debemos establecer cómo vamos a lograrlo. Será una etapa de tejido fino y deberemos estar muy atentos a lo que se redacta porque impactará en 14 leyes distintas que deben ser armonizadas”, puntualizó Barrales.
Entre las otras 14 leyes que deberán ser modificadas para armonizarlas con la reforma constitucional se encuentran las siguientes: Código Penal Federal, para tipificar y sancionar los delitos de prácticas monopólicas y fenómenos de concentración; el decreto de creación del Organismo Público de Medios Audiovisuales (OPMA), creado por el gobierno de Felipe Calderón el 31 de marzo de 2010 y que ahora será sustituido por un nuevo organismo que regulará a los medios públicos.
Para regular el derecho de réplica deberán modificarse la Ley de Delitos de Imprenta, el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones, permisos y contenidos de las transmisiones de medios electrónicos.
Para establecer la prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia deberán modificarse la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales. Se tratará de armonizar la prohibición con las sanciones que se establezcan en estos ordenamientos. Este tema fue impulsado de manera especial por el consejero electoral Alfredo Figueroa durante la reforma constitucional.
Para establecer los mecanismos de promoción a la producción nacional independiente se debe armonizar la Ley Federal de Cinematografía con la nueva ley convergente.
Las nuevas facultades de IFETEL y las de las secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Educación y Salud, principalmente, obligarán a una modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública, especialmente en materia de otorgamiento de concesiones que se le eliminarán a la SCT.
Otras leyes que se modificarán son la Ley de Planeación para incluir en el Plan Nacional de Desarrollo un programa sectorial en la materia; la Ley Federal de Derechos para adecuar las contraprestaciones por el uso de bienes de dominio público; la Ley General de Vías de Comunicación, para eliminar la regulación relativa a los “permisos”, figura que desaparece de la legislación; la Ley General de Bienes Nacionales, una de las secundarias del artículo 27 constitucional.
También se modificará y actualizará la Ley Federal de Competencia Económica. Entre los legisladores “se tiene la disyuntiva de regular de manera general el tema de competencia que deberá aplicar de igual forma el IFETEL o bien establecer en la ley convergente lo relativo a la competencia económica en telecomunicaciones y radiodifusión”, señala el documento de la comisión senatorial, cuya copia obtuvo Proceso.
Se modificará la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para incluir a los nuevos sujetos obligados, así como un catálogo mínimo de obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.
La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas debe adecuarse para garantizar el fomento a las lenguas indígenas, basándose en el nuevo régimen de concesiones sociales que incluye a las comunitarias e indígenas.
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