¡¡Exijamos lo Imposible!!Debacle económica
* A pesar del discurso oficial que asegura que México se encuentra en la senda del crecimiento, la información del Banco de México y los análisis de grupos especializados en economía del sector privado advierten que el Gobierno Federal no logrará su, de por sí ya reducido, porcentaje de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), y que este solamente alcanzará el 2.96 por ciento
MEXICO, D.F., 3 de junio (LILIA ARELLANO/ ESTADO DE LOS ESTADOS).- Pese a los buenos augurios que a manera de receta escuchamos prácticamente a diario, resulta que los grupos especializados en economía advierten que el gobierno federal no logrará su de por sí ya reducido porcentaje de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y que éste solamente alcanzará el 2.96 por ciento. A lo anterior, se agrega que se tendrán repuntes en la inflación de 3.93 por ciento; incluso y para no andarse por las ramas, señalan que no lograremos ver ninguna mejora en los bolsillos sino hasta el 2015, es decir dentro de dos años.
En tanto, siguen en picada las remesas y hasta el mes de abril ya sumaban 10 meses de descenso ininterrumpido que alcanza el 9.34 por ciento cada periodo. Con esas cifras, ya podemos estar convencidos de que no habrá el número de empleos prometido y mucho menos, la tan anunciada mejora en las mesas de las familias mexicanas.
Ni qué decir de la educación o la salud.
Ahora bien, mientras por una parte se nos revelan estos datos, por la otra nos aparece como pesadilla el Pacto por México y la sarta de discursos políticos que tienden a presentarnos un panorama halagador para el futuro inmediato, sin permitirnos ahondar en lo que ha venido generando la gran quiebra económica del país, causas que tienen un denominador común: la corrupción. Aunque un estilo de ésta es la irresponsabilidad con la que se ejercen los presupuestos y se abren las llaves para la gran fuga de capitales que, disfrazada como salarios, repercute severamente en los resultados que el gobierno tendría que ofrecer y que en la realidad, se transformarían en inversiones generadoras de empleo y riqueza.
Si tomamos solamente un renglón, uno de moda, el referente a los procesos electorales, nos encontramos con la existencia de 32 institutos locales con sus respectivos tribunales que enfrentan gastos de renta de inmuebles, luz, transporte, salarios –todos buenísimos se esté o no en etapas de comicios-, prestaciones, papelería, difusión, teléfonos, manejo de páginas de Internet, etcétera, mismos que se calculan en más de 8 mil millones de pesos. Y estamos señalando solamente los estatales, falta el federal cuyo presupuesto se multiplica hasta alcanzar los 11 mil millones. O sea que para elegir autoridades, se destinan casi 20 mil millones de pesos anualmente.
Este tipo de gastos hace del aparato gubernamental todo un elefante blanco casi imposible de seguir sosteniendo, de ahí que surgiera la idea de crear un Instituto Nacional Electoral que se encargue de la organización de las elecciones para la presidencia, las federales: diputados y senadores; las locales para gobernadores, presidentes municipales y legisladores; también estarían las votaciones adicionales que llevan a presidencias auxiliares, consejos especiales.
Tendría, bajo su responsabilidad, la administración de los tiempos del Estado en los medios electrónicos de comunicación, la fiscalización de las cuentas ordinarias y de campaña de los partidos políticos.
Sería la instancia para realizar consultas públicas, plebiscitos, referendos, tendría bajo su cargo la asignación de las prerrogativas, ahí se dirimirían las quejas y controversias tanto locales como nacionales, marcarían las redistritaciones, se organizarían los debates y expenderían la credencial para votar.
Sería el INE el sustituto del IFE, del TRIFE, de los 31 institutos locales y sus respectivos tribunales, y dicen que llevaría al punto cero la injerencia que tienen los gobernadores en todos los procesos que se llevan a cabo en sus respectivas entidades. Se ha avanzado en este renglón y sostienen que el inconveniente mayor radica en la indemnización que tendrían que dar a más de 15 mil trabajadores, de ahí que se presenten diferentes etapas hasta llegar al 2018 con un órgano, aseguran, debidamente consolidado.
Según los expertos en la materia, la sobrecarga de este nuevo instituto tendría como base un proceso de distribución de facultades, ya que de otra forma, se estaría creando un organismo concentrador no sólo de las decisiones, sino de la fortuna que en la actualidad se autoriza al IFE y a los locales.
Como este ejemplo, está también el que refiere a la obligación y facultades para las revisiones de las cuentas públicas de municipios, estados y de la propia federación, renglón al que también se le destinan partidas económicas muy elevadas, que cuentan con exceso de personal y cuyos resultados, al igual que sucede con las votaciones, dejan mucho que desear y tienen el ingrediente infaltable desde hace décadas: la incredulidad.
Por si algún renglón hiciera falta, tenemos que ni siquiera estos institutos son de fiar, no guardan secretismo y puede adquirirse por tan sólo cuatro mil pesos el padrón electoral de cualquier entidad, inclusive del IFE.
Además, con todo y que publicitaron que llevar a cabo este tipo de negocios tendría como resultado el encarcelamiento, resulta que por unos pesos más se tienen todo un récord de información que va desde los datos y registros oficiales de las Afores hasta nombres y números de usuarios de las líneas telefónicas.
Aunque todo esto ya no debe sorprendernos. Al no contar el país con sus propios satélites la información, casi en su totalidad, puede ser vista y utilizada por cualquier país en el Mundo. Famosos pues, hasta en China.
BOTONES DE MUESTRA
De la gran inutilidad de tener toda esta cadena para checar las cuentas públicas están los ejemplos de solamente tres ex gobernadores que están en el expediente del día: Andrés Granier, el de Tabasco; Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes, y Tomás Yarrington, de Tamaulipas. Como se sabe en el caso del tabasqueño, la mirada se ha centrado en los más de 80 millones de pesos en efectivos encontrados en cajas, aunque el asunto va más allá al estar pendientes de aclaración mil 918 millones procedentes de partidas federales para diferentes renglones.
Se ha buscado, de una y mil formas, apoyar al químico. Una de las empleadas gira en torno a los señalamientos de Martis Cupil López, asistente del ex titular de Finanzas, quien se dijo forzada a declarar contra su ex jefe a través de tortura y quien ha pasado de testigo a indiciada. Su actitud cambió también, radicalmente, ya que al inicio de la investigación ofreció una colaboración voluntaria pero, una vez realizado el decomiso, argumentó que la obligaron a revelar dónde estaba el dinero. Ya cuenta con una orden de aprehensión pero, al igual que Granier, está huyendo.
José Manuel Saiz Pineda, el ex secretario de Finanzas y supuesto dueño de los 88.5 millones de pesos, además de responsable de aclarar el manejo desde el 2007 hasta el 2012 de las arcas tabasqueñas, tiene en su haber y sin aclarar mil 918 millones 597 mil 977 pesos, mismos que se advierte son producto de las aportaciones de la federación para programas etiquetados. Recientemente y en su defensa, el ex funcionario sostiene que están incluidos los adeudos a corto, mediano y largo plazos y que también están contempladas las deudas a proveedores y a otros acreedores.
Con un aparato costosísimo, se antoja que el gobierno federal cuenta con personal y recursos para realizar auditorías de fondo que pongan en blanco y negro las cuentas de Tabasco en todos los renglones porque habrá que puntualizar, en el gran hoyo causado a los servicios de salud, las obras inconclusas, los apoyos no entregados en los días de desastre e inundaciones y, por supuesto, una mirada a toda la fortuna creada en torno al ex gobernador y a sus funcionarios.
Parece imposible que en tanto que miles y miles se dan cuenta de lo inexplicable de los enriquecimientos, de la transformación de los estilos de vida de todos estos truhanes, se digan con las manos atadas o sólo presenten acusaciones risibles frente a los grandes capitales sustraídos y blanqueados sin el menor rubor dentro de las propias familias.
Por las mismas andan los de Aguascalientes y el desvío de Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador y miembro del Partido Acción Nacional.
Se le acusa del delito de peculado y ejercicio indebido de funciones y lo probado está en un tomógrafo para el Hospital Miguel Hidalgo, cuyo costo fue de 13. 8 millones de pesos, los cuales se pagaron pero el aparato nunca fue entregado.
El hidrocálido ha lanzado una serie de adjetivos calificativos contra jueces y ministerios públicos que van desde llamarlos embusteros hasta los recordatorios familiares más insultantes y, lo cierto es que no es para menos, ya que es de risa que se le siga por esta causa cuando en su haber, tienen mucho pero mucho más que permanece oculto gracias a su amistad con el gobernador actual, el priísta Carlos Lozano de la Torre.
Veamos cómo se dio esta unión que ha permitido a don Luis Armando no responder por asuntos como el de la venta de terrenos para el gran fraccionamiento, a través del cual vendieron cientos de casas de burócratas y empleados, mismas que están llenas de vicios ocultos, que se inundan, que miden 23 metros y en las cuales es imposible circular libremente, es más, ni siquiera puede subir un ser humano que pese más de 80 kilos por las angostas y débiles escaleras que conducen a una habitación o recámara, en la que únicamente cabe una cama matrimonial y quedan 15 centímetros laterales libres.
En el servicio sanitario puede uno bañarse, lavarse los dientes y utilizar el WC al mismo tiempo, debido a lo reducido del espacio. Y de la barra de la cocina, es imposible girar hacia la tarja sin llevarse un buen raspón en el vientre.
Tampoco se le han pedido cuentas de todas las adaptaciones hechas para el casino de la Feria y para las instalaciones de la misma, incluyendo el estadio de futbol y el patrocinio absoluto del mismo para beneficio del propietario del equipo que llaman “de casa”.
Solamente por las palmeras con las cuales llenó los camellones pagó, por cada una, 450 pesos y las “importó” justamente de Quintana Roo. Si a lo anterior se le agrega que el narcotráfico conoció de su mejor despegue en esas tierras durante ese mandato, ya se está hablando de relaciones y manejos igual de ilegales y deleznables.
Reynoso, además, se caracterizó por reprimir a la prensa sacando de circulación revistas y presionando a los radiodifusores para que sacaran del aire a sus críticos, a los que alertaban a los pobladores de la rapiña oficial que se estaba generando.
Ante las pocas posibilidades existentes de que Lozano de la Torre fuese candidato por el tricolor de manera clara, el entonces senador se unió al mandatario estatal, a fin de ofrecer al PRI la posibilidad de un triunfo seguro respaldado por el propio mandatario estatal, con quien ya había hecho una gran amistad por compartir el gran gusto de las bebidas generosas que acompañaban las 24 horas del día a don Carlos. Uno y otro, tanto Carlos como Luis Armando, han sido confidentes, cómplices y por ello es que el actual mandatario encontró en el tomógrafo, la salida ideal para dar la apariencia de poner la casa en orden, cuando él mismo se ha visto beneficiado con el descontrol anterior y el existente en la actualidad.
Aunque, sin duda, el caso que merece más la atención por la impunidad que lo ha rodeado es el de Tomás Yarrington y el de su propio sucesor: Eugenio Hernández.
El primero apareció totalmente ligado a las actividades del narcotráfico y como se recordará fue, precisamente durante su mandato cuando, al igual que en el caso de Reynoso Femar o el de Sergio Estrada Cajigal y su sucesor, cuando las mafias florecieron e incluso en el caso del tamaulipeco se difundió su liga directa con la familia Bush y con las relaciones de éstos con esa actividad.
Fue directamente la DEA, la que lanzó la acusación de la liga de Yarrington con los Zetas y el Cártel del Golfo. Aparece también, en el expediente, su liga con los grupos que se dice ultimaron a Rodolfo Torre Cantú, ex candidato del PRI a la gubernatura y quien fuera ultimado a unos días de que se llevaran a cabo las elecciones.
El lavado de dinero, que llevó a cabo el ex gobernador, es un asunto que, según las autoridades de EU, está debidamente comprobado, sin embargo, en México no existió ningún cargo penal e incluso se le exoneró públicamente.
Tanto Granier como Lozano e incluso el propio Yarrington, se dicen “patrocinadores” de la campaña de Enrique Peña Nieto. El tabasqueño sostiene que gran parte de los recursos federales por los cuales en el presente se le acusa, se desviaron en aportaciones en especie y efectivo para robustecer las posibilidades de triunfo del mexiquense, aunque parece no recordar cómo fue que sus hijos pudieron hacer depósitos tan cuantiosos en sus cuentas personales y él mismo, adquirir diversas propiedades si, cuando asumió el cargo, no podía presumir de contar con más recursos que cualquier profesionista de clase media.
Lo mismo sucede con Lozano de la Torre, quien utiliza también el mismo formato para justificar que no puede investigar más a fondo a su antecesor porque él también hizo aportaciones importantes. Ni qué decir del grupo de Yarrington y Hernández. Ambos sostienen que fueron muy “voluminosos” los envíos, por lo que ahora exigen la impunidad.
Así las cosas, de nada sirve la instalación de oficinas de todo tipo, de revisiones que lo mismo se hacen en la Cámara federal que en los congresos locales, son inútiles los nombramientos para síndico, etcétera, si al final de cuentas es, precisamente, la cuenta lo que no sale, aunque todos seamos testigos de los enriquecimientos y del dispendio que acompaña a los funcionarios.
¿VEHICULOS O CANOAS?
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