Proceso
La crisis del Pacto
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Se ha cerrado el primer periodo de sesiones de ambas
cámaras en 2013 con serios pendientes en la agenda del Pacto por México,
ante todo lo relativo a las reformas que implican el control del
Ejecutivo y el replanteamiento de la política. No se avanzó en la
Comisión Nacional Anticorrupción ni en la eliminación de la inmunidad o
fuero de los políticos; no hubo reforma de la transparencia ni
fortalecimiento del IFAI; no hubo reforma política. La reforma de la
educación quedó trunca y nada se hizo en materia de justicia. Además la
viabilidad política del Pacto sigue comprometida a raíz de la crisis
creada hace ya casi dos semanas por los videos de Veracruz que
demuestran la utilización expresa del Programa Oportunidades (y
potencial uso de la Cruzada contra el Hambre) para fines electorales.
Por otro lado, la resistencia social a la primera reforma importante, la
educativa, demuestra que no es posible imponer sin costos políticos la
agenda reformista. Ha quedado claro que la estrategia política del
gobierno, consistente en la recuperación de la soberanía del Estado y la
reconstrucción del poder presidencial, no puede aislarse de la política
electoral ni ignorar la reacción de la sociedad.
No es casualidad que las reformas que implican crear instancias de control sobre el gobierno (IFAI, agencia anticorrupción) no hayan avanzado, pues el gobierno pretende tenerlas bajo su control a toda costa. Se quiere evitar una nueva reforma electoral y darle carpetazo al escándalo de Veracruz pues el gobierno federal quiere usar su poder para arrasar a la oposición. La resistencia social quiere ser vencida por desgaste y aislamiento político. En todos los terrenos se expresa el carácter restaurador del proyecto de Peña Nieto. Pero su éxito es muy dudoso
Para empezar hay una abierta contradicción entre el modelo de gobernabilidad que ha creado el Pacto por México y la continuación de las prácticas político-electorales de la fase anterior de la fracasada transición a la democracia, consistentes en la confrontación abierta, sin reglas y sin árbitros, entre los partidos políticos. El avance del Pacto exige un clima de confianza y cooperación sostenible a mediano plazo entre los tres partidos principales, por lo menos hasta concluir el ciclo de aprobación legislativa de las reformas acordadas. Este proceso implica un plazo más largo que un par de períodos legislativos, pues hacer operativas la multitud de reformas constitucionales aprobadas (y por aprobarse) requiere la elaboración de complejas leyes secundarias cuya sanción exitosa implica mantener un mínimo piso de lealtad política mutua.
El gobierno ha querido separar la política de alianzas con la oposición de la política de construcción de la hegemonía del grupo de Peña Nieto dentro del gobierno. Esta estrategia condujo a que desde la Secretaría de Gobernación se nombrara a casi todos los subsecretarios, directores generales y hasta los delegados en los estados de todas las secretarías del gobierno federal. Se repartieron cuotas de poder a los grupos priistas y a los gobernadores, privilegiando la capacidad de operación electoral. La Sedesol, por obvias razones quedó totalmente en manos de expertos en clientelismo. Obviamente ni el PAN ni el PRD pueden aceptar, en el contexto de la alianza con Peña Nieto, este abuso descarado y unilateral.
Una consecuencia no prevista del Pacto es la necesidad de llevar a cabo los procesos electorales bajo nuevas condiciones y reglas políticas. Si los priistas pensaban que podían separar el Pacto por México de los procesos electorales, se equivocaron. No se trata de un asunto de moralidad política (hoy completamente ausente de la política partidaria mexicana), ni de un tema de rendición de cuentas efectiva (que no está en el interés real de ningún partido). La paradoja de la coyuntura actual consiste en que los actores políticos, tan carentes de virtudes democráticas reales, se ven obligados a pensar en mecanismos que controlen los excesos pedestres e intolerables en que ha caído la clase política nacional, mostrados en pleno por los videos de Veracruz.
Fragmento del análisis que se publica en la edición 1905 de la revista Proceso, ya en circulación
No es casualidad que las reformas que implican crear instancias de control sobre el gobierno (IFAI, agencia anticorrupción) no hayan avanzado, pues el gobierno pretende tenerlas bajo su control a toda costa. Se quiere evitar una nueva reforma electoral y darle carpetazo al escándalo de Veracruz pues el gobierno federal quiere usar su poder para arrasar a la oposición. La resistencia social quiere ser vencida por desgaste y aislamiento político. En todos los terrenos se expresa el carácter restaurador del proyecto de Peña Nieto. Pero su éxito es muy dudoso
Para empezar hay una abierta contradicción entre el modelo de gobernabilidad que ha creado el Pacto por México y la continuación de las prácticas político-electorales de la fase anterior de la fracasada transición a la democracia, consistentes en la confrontación abierta, sin reglas y sin árbitros, entre los partidos políticos. El avance del Pacto exige un clima de confianza y cooperación sostenible a mediano plazo entre los tres partidos principales, por lo menos hasta concluir el ciclo de aprobación legislativa de las reformas acordadas. Este proceso implica un plazo más largo que un par de períodos legislativos, pues hacer operativas la multitud de reformas constitucionales aprobadas (y por aprobarse) requiere la elaboración de complejas leyes secundarias cuya sanción exitosa implica mantener un mínimo piso de lealtad política mutua.
El gobierno ha querido separar la política de alianzas con la oposición de la política de construcción de la hegemonía del grupo de Peña Nieto dentro del gobierno. Esta estrategia condujo a que desde la Secretaría de Gobernación se nombrara a casi todos los subsecretarios, directores generales y hasta los delegados en los estados de todas las secretarías del gobierno federal. Se repartieron cuotas de poder a los grupos priistas y a los gobernadores, privilegiando la capacidad de operación electoral. La Sedesol, por obvias razones quedó totalmente en manos de expertos en clientelismo. Obviamente ni el PAN ni el PRD pueden aceptar, en el contexto de la alianza con Peña Nieto, este abuso descarado y unilateral.
Una consecuencia no prevista del Pacto es la necesidad de llevar a cabo los procesos electorales bajo nuevas condiciones y reglas políticas. Si los priistas pensaban que podían separar el Pacto por México de los procesos electorales, se equivocaron. No se trata de un asunto de moralidad política (hoy completamente ausente de la política partidaria mexicana), ni de un tema de rendición de cuentas efectiva (que no está en el interés real de ningún partido). La paradoja de la coyuntura actual consiste en que los actores políticos, tan carentes de virtudes democráticas reales, se ven obligados a pensar en mecanismos que controlen los excesos pedestres e intolerables en que ha caído la clase política nacional, mostrados en pleno por los videos de Veracruz.
Fragmento del análisis que se publica en la edición 1905 de la revista Proceso, ya en circulación
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