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Rehuye compromisos
Amnistía Internacional criticó al gobierno mexicano por estar “vergonzosamente” en la lista de países que no firmaron ni ratificaron el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que entró en vigor el domingo 5 de mayo / A pesar de que México fue uno de los impulsores, eludió la firma de esta herramienta clave en la lucha contra la pobreza
MEXICO, D.F., 6 de mayo (UNIVERSAL).- Amnistía Internacional (AI) lamentó que a pesar del compromiso expresado por el gobierno mexicano de combatir la pobreza, aún no se concreten mecanismos internacionales que garanticen derechos como la educación, agua, vivienda y salud para la población.
Además, este tratado que entró en vigor el domingo, estipula mecanismos de rendición de cuentas, ya que hace posible que las personas puedan poner quejas y exigir explicaciones si consideran que las medidas que se toman no mejoran su situación.
“La pobreza es un problema de derechos humanos, es una tragedia y ningún esfuerzo para combatirla tendrá resultados efectivos y duraderos si no se ponen los derechos al centro de esta lucha” dijo Daniel Zapico, director ejecutivo de AI en México.
Amnistía Internacional (AI) criticó al gobierno mexicano por estar “vergonzosamente” en la lista de países que no firmaron ni ratificaron el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), que entró en vigor el domingo 5 de mayo.
En un comunicado, AI destacó que 41 naciones firmaron ese protocolo y diez lo ratificaron, pero México no, a pesar de que fue uno de los impulsores.
“El Protocolo no va a solucionar por sí mismo el problema de la pobreza en México, pero es un paso necesario para el empoderamiento de quienes viven en estas condiciones y una muestra del compromiso del Estado mexicano con sus habitantes y con la comunidad internacional, para garantizar una vida digna a todas las personas”, agregó Zapico.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en diciembre de 2008 el Protocolo Facultativo. Desde entonces, 41 países lo han firmado.
El PF-PIDESC es el documento que establece los mecanismos de denuncia e investigación en casos de presuntas violaciones a derechos económicos, sociales y culturales. Implica la facultad de que cada ciudadano particular —si posee la nacionalidad de uno de los Estados firmantes— puede presentar una denuncia ante la ONU, por considerar que su nación no ha reconocido y aplicado correctamente esos derechos.
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