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“Pequeño” olvido
El programa insignia del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de violencia dejó fuera de su área de incumbencia el combate al lavado de dinero/ El propio subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, reconoce que en ese programa no hay estrategia contra ese flagelo
MEXICO, D.F., 3 de abril (APRO).- El Programa Nacional de Prevención del Delito de Enrique Peña Nieto, su primer compromiso como gobernante para abatir la violencia, omite el combate al lavado de dinero, un mecanismo que utilizó, según denuncias, para transferir recursos a su campaña presidencial a través de Monex.
El propio subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, reconoce que en ese programa no hay estrategia contra el combate al lavado de dinero y a las “élites mafiosas”, pero aclara que eso corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Hacienda (SHCP).
“No somos responsables de esa parte. Es responsabilidad coordinada de PGR, de Hacienda, y me parece que se está trabajando y que vamos a ver resultados”, subraya Campa, en entrevista efectuada en febrero pasado.
Responsable de coordinar el diseño del programa ofrecido por Peña, cuyas consultas iniciaron este miércoles 3, Campa se incomoda cuando se le recuerda que las transferencias de Monex para la campaña implican un esquema de lavado de dinero y que el responsable de investigarlos, Alberto Bazbaz, fue el procurador del Estado de México en el caso de la niña Paulette.
“Lo primero que diría es que es un poco aventurado partir del asunto de Monex para hacer una vinculación con recursos de procedencia del crimen. Me parece que las autoridades correspondientes han trabajado en las investigaciones y que no hay ningún elemento en ese sentido”, subraya.
Según Campa, exdiputado federal priista y candidato presidencial en 2006 del Nueva Alianza, el partido de Elba Esther Gordillo, quien enfrenta un proceso penal por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, el gobierno de Peña tiene una “decisión clara” de enfrentar el tema de lavado de dinero, sobre todo con una nueva ley que le da más atribuciones al Estado.
—Otro elemento de escepticismo es que el responsable de atacar los delitos de lavado de dinero es Alberto Bazbaz, el procurador en el caso de la niña Palutte.
—Revisé desde fuera, con toda acuciosidad, ese asunto. Entiendo que hay por parte de la sociedad en el caso de Paullette una posición que tiene que ver con un conjunto de errores de manejo en el desarrollo de la investigación que le costó, al final, el trabajo a quien era responsable de la Procuraduría en ese momento.
En marzo de 2010, la niña Paulette Gebara Farah desapareció de su casa y, pese a que la habitación donde dormía había sido revisada por autoridades, familiares y hasta periodistas, la Procuraduría de Justicia del Estado de México, con Peña como gobernador, concluyó que en realidad murió asfixiada por accidente y estaba en un hueco de su cama.
Esta conclusión fue impugnada por amplios sectores de la sociedad, sobre todo luego de que Bazbaz había afirmado unos días antes que “no hay duda de que este caso se trató de un homicidio”. Ahora este personaje fue nombrado por Peña como jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
Campa defiende a Bazbaz y a Peña: “El caso de Poulette es un caso donde una Procuraduría contó con elementos que apuntaban a una línea que no era la línea que iba a aceptar la opinión pública, porque la opinión pública ya había tomado una decisión con respecto a ese asunto y que tuvieron, me parece, el valor y la decisión para sostenerse en esa línea, aun con el costo que sabían que eso representaba.”
Puntualiza: “En el caso de Paulete, lo más fácil para la Procuraduría era fincarle responsabilidades a la madre, que ya había sido juzgada por los medios y por la opinión pública, y lo más difícil era construir con universidades, expertos del exterior, una investigación que arrojó un resultado que sabía de antemano que la opinión pública no iba a aceptar, y a pesar de eso todos los elementos de prueba apuntaban hacia ahí, y parece que tuvieron la fortaleza para mantenerse en esa línea, a pesar del enorme costo que les representó ante la opinión pública.”
—Estos dos casos forman parte de una incredulidad ciudadana muy arraigada, un recelo estructural de la sociedad en sus autoridades. ¿Por qué creerle ahora sí al gobierno de Peña y a la Secretaría de Gobernación en su estrategia contra la violencia si en febrero ya van más de 2 mil muertos?
—Yo he reconocido que el principal reto que tenemos es que el programa de prevención se gane la confianza de la gente, porque necesitamos trabajar con la gente en las comunidades, en las colonias, los barrios, en los poligonales, donde tenemos fenómenos de violencia.
“Esa confianza se gana día a día, como hechos, con testimonios, con transparencia, con resultados y estamos empeñados en ganarnos la confianza. Sí, creemos que es un paso importante conformar, primero, un equipo con gente que ha dado resultados, que ha demostrado en los hechos para dar resultados.
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