Estado de los ESTADOS
Por Lilia ArellanoMéxico en venta
Destrozan el Artículo 27
Congelan juicios políticos
Prioridad, cuidar reformas
Detona violencia CETEG
Ley Minera: frenan albazo
“Debemos desconfiar unos de otros, es nuestra única defensa contra la traición”.- Tennessee Williams
Con una reforma más al Artículo 27 constitucional se abre la puerta para poder clasificar al Santa Ana de la era moderna, del nuevo siglo, de la etapa de globalización, el que nos lleva al primer mundo y otras muchas lindezas. Existe la suposición de que los cambios, sobre todo los que se inscriben en la Carta Magna, tienen como finalidad, como objetivo primordial, beneficiar a los ciudadanos y la transformación de los articulados lo contempla en múltiples casos. De ahí que no se encuentre la razón o el beneficio directo a los mexicanos con la aprobación de la modificación a este Artículo, considerándose carente de sustento el terminar con la simulación que se delata.
Y es que si de simulaciones se trata, tendrían que comenzar por aquella que señala a muchos gobernantes, a los que se dicen servidores públicos, a los que dizque con la Ley de la mano atracan y despojan. El texto que se refiere a las adquisiciones de bienes de los extranjeros modificado el 20 de enero de 1960 y el 6 de octubre de 1986 dice a la letra: “Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas y aguas.
“El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan con la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas”.
Con Carlos Salinas en la Presidencia, se modificó el siguiente párrafo el 6 de octubre de 1986 ampliando las adquisiciones: “El Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, conceder autorización a los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones”, lo cual ha permitido que en la Ciudad de México estas representaciones ostenten la propiedad de los inmuebles. En ese Artículo, se menciona lo correspondiente a las propiedades de las asociaciones religiosas, de las instituciones de beneficencia, de las sociedades mercantiles en tierras rurales con el impedimento de adquirir aquellas dedicadas a las actividades agrícolas, ganaderas o forestales.
El dictamen, avalado por la Comisión de Puntos Constitucionales, deja la redacción de la fracción I del párrafo noveno del Artículo 27, de la siguiente manera: “En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, los extranjeros por ningún motivo podrán adquirir el dominio directo de las aguas; en el caso de las tierras, podrán adquirirlas cuando sean exclusivamente para uso de vivienda sin fines comerciales”. Es decir, que para la tierra no se tiene ningún límite para legalizar las adquisiciones. ¿Qué beneficios aporta a los ciudadanos al país esta reforma? Ninguno. Salvo que se ha puesto el suelo mexicano en abierta venta y por ahora hablan de vivienda, la próxima reforma abarcará, sin duda, el terreno comercial. Así se hizo con las modificaciones para que la iniciativa privada interviniera en el campo y las consecuencias han sido desastrosas.
Todavía puede frenarse, en la Cámara de Senadores, semejante propuesta en que el inconveniente está en las adquisiciones en zonas fronterizas y playas. En el argumento del texto original, del de 1917, se enmarcaba la prohibición de adquirir propiedades a los extranjeros y los que plantearon la iniciativa, argumentaron que tal negativa provenía del temor de la invasión de ejércitos de otras naciones y surgió como respuesta a los problemas de política internacional del Siglo XIX, pero que tal se eludió con la figura de los fideicomisos a través de los cuales pudieron adquirirse bienes inmuebles. Sólo que no es suficiente ese argumento porque nada existe con seguridad que garantice que en el futuro, no se darían invasiones y la primera de ellas puede ser la conformada por propiedades en manos extranjeras.
Por si fuera poco, tenemos en la historia antecedentes de los cuales todavía nos lamentamos: la venta que hizo Santa Ana del territorio nacional. Él lo hizo de jalón, en paquete, los de ahora por lotes. Hubo rechazo de diputados a esta reforma y se dijo, una y otra vez, que las playas son patrimonio de la nación y aún estando las leyes como están, los ciudadanos no tienen acceso a ellas, por lo que una vez consideradas como propiedad privada de extranjeros, será prácticamente imposible acceder a ellas y no sólo en el caso de los particulares, sino también de las fuerzas de seguridad, de la propia Armada de México. En ese sentido se expresó también la diputada Loretta Ortiz Ahlf.
Ricardo Monreal, por su parte, calificó el dictamen de “pobre ejercicio de triangulación de ideas que no clarifica mucho por qué la prisa de entregar nuestras tierras cercanas a las costas y nuestras fronteras a los extranjeros, salvo que se quiera enmarcar el favoritismo a los intereses exteriores por encima de los nacionales”. Según Marcos Rosendo Medina, “implica una gravedad que no estamos dimensionando, rompe con principios históricos”. Del otro lado aparecieron el panista Raúl Paz, quien dijo que el contenido “no pretende beneficiar a determinado sector de la población o país alguno, se busca terminar con la simulación existente”. La del PRI agrega que también se busca acabar con los intermediarios y dar certeza a la inversión extranjera.
Las adquisiciones en el presente, se realizan por medio de un fideicomiso que permite la posesión durante 99 años y que se encuentra sujeto a aprobaciones que parten de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Que se sepa, los fideicomisos no son simulaciones, son figuras aprobadas que tienen en su haber no sólo el permitir este acceso a inmuebles en esas zonas para los extranjeros, sino que con ellos se administran herencias, se escrituran diversas propiedades, se asignan capitales; en su parte negativa, han sido utilizadas para desaparecer fondos públicos.
Cuando comenzaron a planear la serie de cambios que realizarían los tecnócratas a la llegada de Miguel de la Madrid a la Presidencia, un solo anuncio hizo que Mario Ramón Beteta (q.e.p.d.), en esos momentos presidente del desaparecido banco Somex, perdiera la titularidad de la Secretaría de Hacienda a la que todos apostaban que llegaría, dada su cercanía con el entonces presidente electo. “Compre México”, se leía en anuncios ubicados en la frontera Norte. El propietario y administrador del fraccionamiento era Somex y la publicidad fue ordenada por quien entonces se desempeñaba como director general de crédito del banco, mismo que al asumir Beteta la dirección de Pemex, se vio involucrado en el fraude de la compra de barcos; sin embargo, quien ya había sido titular de Hacienda en el gobierno de Echeverría lo nombró, ya en el Estado de México, como secretario de Obras. la cartera con mayor presupuesto a ejercer. Este personaje responde al nombre de Donaciano Tamez Fuentes.
Si por entonces una mención de esa naturaleza produjo escándalo y consecuencias, lo que se tendría que esperar es que esta reforma caminara por peor camino, sobre todo cuando en opinión de expertos las reformas hechas a este Artículo en el mandato salinista tuvieron como propósito que prosperaran las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, ya que se tenía la intención de promover la mercantilización y privatización de tierras. Dice Rubén Martín que a 20 años de esos cambios, “se puede apreciar un resultado negativo para la mayoría de la sociedad y en primer lugar para campesinos, ejidatarios y comunidades indígenas, ya que se intensificó el despojo de tierras”.
PENDIENTES URGENTES
Ocupados como se encuentran los senadores, en dar certeza jurídica a los extranjeros, dejan de lado lo que daría certeza a los mexicanos de que comenzarán a aplicarse medidas que impidan se continúe con los abusos de autoridad y los fraudes. Tienen pendientes por resolver 24 solicitudes de juicio político y todas ellas tienen importancia, ya que podrían abrir, inclusive, investigaciones en la PGR mediante el envío de exhortos para exigir la actuación. Una de ellas es de la ex titular de esa dependencia, Marisela Morales, por las omisiones y los montajes, así como por las acusaciones falsas contra una decena de ciudadanos que fueron encarcelados con fabricación de pruebas y basados en referencias de testigos protegidos, el más famoso de ellos, Jennifer, así como por violaciones sistemáticas a derechos humanos.
También aparece Heriberto Félix, quien fuera titular de Desarrollo Social, señalado por lo mismo de lo que se acusa a Rosario Robles: uso de recursos públicos con fines electorales. El ex de la SEP, José Córdova Villalobos, ha sido acusado por violar las garantías individuales del ciudadano Saúl Rodríguez Maldonado. Sobre Marcelo Ebrard, existen otras que refieren acciones y omisiones constitutivas de responsabilidad penal y por amenazas, extorsión e intento de homicidio. En la primera están incluidos Armando Quintero y Jesús Rodríguez Almeida.
Apenas se ha hecho la solicitud para el juicio político a Rosario Robles por los mismos motivos que está pendiente la de Heriberto Félix.
CUIDAR LAS REFORMAS
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